Los partidos coinciden en alargar el periodo de cálculo de la pensión

La reforma de las pensiones divide a los grupos políticos. El Gobierno espera ansioso las conclusiones del Pacto de Toledo, iniciativa parlamentaria que promueve los acuerdos de pensiones, para reformarlas, pero el Congreso se lo va a poner difícil. A menos de tres meses para que venza el plazo que el Ejecutivo se ha dado para aprobar su propuesta, la única idea que casi todos aplauden consiste en ampliar el periodo de cálculo de la pensión. Se trata de una medida que acerca más la cuantía de la pensión a lo realmente aportado, lo que supone rebajar la prestación a la mayor parte de beneficiarios del sistema.

La idea la verbalizó la diputada socialista Isabel López i Chamosa antes de la reunión que mantuvo con el resto de grupos parlamentarios para empezar a articular una propuesta sobre pensiones. "Ese es uno de los consensos más generales que hay porque se haría muy poco a poco y no se perjudicaría excesivamente a nadie", aseguró. López i Chamosa aludía concretamente al planteamiento del Gobierno de elevar ese periodo, ahora fijado en los 15 últimos años cotizados, hasta 20.

Trabajo cree que la falta de consenso "deterioraría la economía"

El PP asegura que nunca apoyará el paso a 67 años en la edad de jubilación

Ninguno de los grupos concreta su apoyo a esta medida, aunque implícitamente la mayoría considera apropiado ir adecuando cada vez más la pensión a lo cotizado, como recomienda el Pacto de Toledo. "Además, contar solo 15 años genera muchos problemas a la gente expulsada del mercado laboral al final de su vida activa", reflexionó Carles Campuzano, de CiU, que abogó por "dar una respuesta" a ese problema. El único diputado que se desmarca claramente de ese planteamiento es Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida.

Sin querer dar cifras, la Seguridad Social sostiene que ampliar el cálculo de la pensión a los últimos 20 años cotizados beneficia a los expulsados prematuramente del mercado y no afecta a quienes ya cotizan por el máximo o por el mínimo, pero sí reduce la pensión del resto de trabajadores. El grupo socialista cifra en el 3,6% la rebaja media de la pensión que se produciría si se aplicara esta medida.

A partir de ahí, las discrepancias se acentúan. La congelación de las pensiones decidida por el Gobierno para 2011 ha soliviantado los ánimos del Pacto de Toledo y el acuerdo parece más lejano que nunca. El representante del Partido Popular en ese órgano, Tomás Burgos, pidió ayer la marcha atrás de esa decisión como "condición sine qua non" para pactar cualquier reforma de pensiones. El Ejecutivo ha dado a entender que acometerá su proyecto con o sin respaldo parlamentario, pero también busca neutralizar el mal sabor de boca que ha dejado una reforma laboral impuesta, especialmente a los sindicatos, que tampoco ven con buenos ojos los postulados sobre pensiones.

Así que el Ministerio de Trabajo cree, pero sobre todo espera, que finalmente salga un acuerdo del Pacto de Toledo, informa Luis Doncel. En caso contrario, se incurriría en una "gravísima irresponsabilidad que deterioraría la economía de forma incomprensible". "Sería como tirar piedras contra nuestro propio tejado", advirtió ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. El número dos de Trabajo defendió el Pacto de Toledo como lo mejor que le ha pasado al sistema público de pensiones de España en los últimos 15 años.

Granado defendió la reforma cuanto antes, y que sea lo menos agresiva posible: "Cuanto antes empecemos, más suave será. Debemos intentar repartirla en el mayor número de años, sabiendo que el horizonte de los problemas está en 2030".

El principal escollo reside en la ampliación de la edad legal de jubilación hasta 67 años que pretende el Gobierno. "Nunca vamos a apoyar una medida que tiene como objetivo que los pensionistas pierdan entre un 15% y un 20% en su prestación", sentenció el diputado del PP. Más abierto se mostró Carles Campuzano, de CiU, aunque lo más probable es que el grupo socialista no consiga una mayoría suficiente para sacar adelante este punto en el Pacto de Toledo.

Los portavoces parlamentarios volverán a negociar hoy, con pocas probabilidades de lograr un documento cerrado para principios de noviembre, como preveía el Gobierno.