Trabajo pone fecha tope a la reforma de las pensiones

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha anunciado hoy que, entre marzo y abril de 2011, el Gobierno presentará al Parlamento su proyecto de ley para reformar el sistema público de pensiones. Con este anuncio, la primera referencia temporal concreta desde que arrancó la negociación parlamentaria para reformar las pensiones, el Gobierno pretende reducir la incertidumbre respecto a esta reforma.

La parálisis del Pacto de Toledo, que en las últimas semanas ha interrumpido sus trabajos, había suscitado dudas sobre si el Ejecutivo finalmente acometería los cambios en el plazo comprometido. Con unos meses de retraso, el Ministerio de Trabajo se muestra ahora decidido a sacar adelante este proyecto aun sin acuerdo parlamentario, una hipótesis cada vez más probable.

Según ha declarado Gómez tras reunirse en el Congreso de los Diputados con los miembros de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, hoy ha acordado con los diferentes grupos intensificar los trabajos que están realizando para poder presentar al Ejecutivo sus propuestas de reforma. No obstante, ha asegurado que este plazo no supone "ningún aplazamiento de la reforma" ya que, ha añadido, el Gobierno mantiene un "calendario más estricto y más intenso de trabajo para lo que queda de año".

El elemento más incierto es el retraso en la edad de jubilación. El Gobierno aboga por retrasarla a los 67 años, pero casi ningún grupo político -mucho menos el PP- se muestra dispuesto a apoyarlo. Trabajo debe decidir si confía en esta medida como para sacarla en solitario o la sustituye por otras de efectos parecidos (prolongar la permanencia en la vida activa) para granjearse el voto de la oposición. Sin embargo, hoy Gómez ha insistido en que el alargamiento de la edad de jubilación debe estar incluido en las recomendaciones del Pacto de Toledo para afrontar el reto del envejecimiento de la población.

El ministro ha indicado que la idea es que las recomendaciones de los partidos estén antes de que acabe este año. Inmediatamente después, en torno a mediados de enero, la intención es discutirlas con los agentes sociales (empresarios y sindicatos) para presentar no más allá del tercer o cuarto mes la propuesta del Gobierno en forma de proyecto de ley, ha precisado Gómez.