Zapatero ofrece a los sindicatos negociar las pensiones tras la huelga general

José Luis Rodríguez Zapatero tratará de recuperar el diálogo con los sindicatos inmediatamente después de la huelga general del 29-S para intentar taponar la división abierta en su base social. Aunque Zapatero ha asegurado que mantendrá la reforma laboral, causa principal de la huelga, tratará de abrir el diálogo sobre otros asuntos candentes para los sindicatos, como las pensiones, el empleo juvenil, la negociación colectiva y los Presupuestos.

"Mantendremos el objetivo y el compromiso de diálogo social, más allá de la huelga del próximo miércoles. Hay muchos cambios que precisan de la máxima capacidad de concertación y el máximo diálogo posible y como presidente os aseguro que haré los máximos esfuerzos para mantener ese diálogo con los sindicatos y la patronal", dijo ayer en un mitin en Zaragoza.

Zapatero gestionará la huelga de forma opuesta a Felipe González en 1988

El jefe del Gobierno conserva la relación con Méndez pese a la tensión

El presidente pide a las centrales propuestas para reducir el paro

"Nadie escuchará una crítica a los sindicatos desde las filas socialistas"

Su pretensión de reanudar el diálogo no pasa por revisar la reforma laboral, aprobada el 9 de septiembre. Ayer la defendió en Zaragoza con el argumento de que el principal problema económico es la tasa de desempleo juvenil y la precariedad. Y pidió alternativas a los sindicatos. "Está bien la crítica y la descalificación, pero parece razonable que se presenten propuestas para solucionar el que es nuestro más grave problema".

Zapatero, resignado a afrontar una huelga que cree poco menos que inevitable tras las duras medidas de ajuste que adoptó en mayo y la reforma laboral ha tratado en toda su gestación de paliar los daños que acarreará en su base política de apoyo. Para ello ha seguido un modelo de gestión contrario al de la huelga general de diciembre de 1988, que se saldó con una victoria por goleada de los sindicatos y dejó tocado al Gobierno de Felipe González, y de la que fue protagonista, como ministro de Trabajo, el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, cuya experiencia ha sido útil para Zapatero.

Frente a la política de confrontación de González con las centrales, a las que quiso hacer pagar su reto, Zapatero ha tratado de rebajar la tensión al máximo. El presidente no ha tratado de provocar división en UGT, como hizo González. Al contrario, ha evitado descalificar a los sindicatos, sus aliados hasta hace medio año. Ayer dijo que "nadie escuchará una crítica a los sindicatos desde las filas socialistas".

Se ha esforzado por pactar los servicios mínimos en los transportes -aspecto clave de la huelga- en el ámbito de su competencia y tiene previsto evitar una guerra de cifras con los sindicatos sobre los resultados del paro. Para ello, ha montado un dispositivo institucional de seguimiento en La Moncloa, sin intención de condicionar la marcha, al contrario de lo que hizo el Gobierno del PP en la huelga de junio de 2002.

No obstante, ayer en Zaragoza, Zapatero defendió sus planes para "sacar a España de la crisis", entre ellos, la reforma laboral. "La reforma es necesaria, como es evidente que hay que reformar el sistema de pensiones porque hoy hay muchas más personas que van a ingresar en el sistema y lo hacen con una pensión mucho mejor".

Puso el ejemplo de la reforma de las pensiones del Gobierno de Felipe González, de 1985, que le costó una huelga general, como un reajuste incomprendido en su momento por los sindicatos y que hoy es asumida. Esa reforma, dijo, "fue muy criticada, pero logró ampliar y extender el sistema hasta hoy, un sistema sólido y una Seguridad Social con buena salud que también contó con muchas protestas". Después añadió: "Luego la gente te lo valora y agradece".

Zapatero, con la gestión de perfil bajo de la huelga, trata de evitar que las heridas en su base social sean profundas. Pero no garantiza, con ello, el fracaso de la protesta. Sabe que cunde un malestar general por sus duras medidas de ajuste. Y que este fenómeno trasciende a España por la victoria de los mercados financieros sobre el intento de la política de controlarlos. Por ello, la jornada de paro se diluye en una movilización europea de protesta convocada en la misma jornada del 29-S.

El cálculo del Ejecutivo es que la huelga tendrá cierta dimensión, pero sin llegar a la goleada que los sindicatos metieron a Felipe González en 1988. Cuenta con que los líderes sindicales saben que la convocan en periodo depresivo -frente al expansivo de 1988- y tras tomar unas medidas impopulares que, si no se hubieran adoptado en mayo, los mercados financieros hubieran hundido la economía española. Zapatero no calcula conflictividad, salvo en alguna comunidad, como Madrid, donde Esperanza Aguirre ha provocado a los sindicatos con una exigencia de servicios mínimos desmesurados.

El presidente sabe, a su vez, que los sindicatos están obligados a hacer la huelga. De tal modo que la tensión no le ha impedido mantener la relación con el secretario general de UGT, Cándido Méndez, pese al mal trago que le supuso que vetara su presencia en el mitin de Rodiezmo (León) de la minería ugetista, el pasado 5 de septiembre.

El Gobierno cuenta con que las heridas no le impidan retomar el diálogo social tras el 29-S. Calcula que a los sindicatos les interesará rentabilizar el resultado de la protesta con una negociación y un acuerdo. Y dispone para ello del margen de maniobra que le da el haber ganado un año y medio de tiempo con el preacuerdo pactado con el PNV sobre Presupuestos.

El Ejecutivo cuenta, además, con la oposición del PP a sus reformas. "Rajoy ha hablado muchas veces de la reforma de las pensiones como elemento fundamental. Pero veremos qué hace cuando la presente el Gobierno; se pondrá de lado y no aportará nada, porque quiere presentarse a las elecciones sin asumir responsabilidades".