Griñán crea un equipo especial para atender a la juez del caso de los ERE

Una veintena de personas se dedican desde ayer en la Junta de Andalucía de forma prioritaria a atender todas las solicitudes de información procedentes de la juez Mercedes Alaya, que investiga los presuntos fraudes en los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con fondos públicos. Esta decisión se conoce después de que la magistrada, en dos autos hechos públicos el miércoles, reprochara a la Junta su "falta de colaboración" en la entrega de la documentación requerida.

El Gobierno socialista que preside José Antonio Griñán quiere preservar su principal línea de actuación en este caso -la de la transparencia y la colaboración con la justicia-, de la que presume en sus actos públicos, a diferencia, subrayan los socialistas, del comportamiento del PP de arremeter contra los jueces y "tapar" los casos de corrupción en los que hay implicados dirigentes de este partido.

El PP denuncia una "trama" para obstaculizar las pesquisas del caso

La Junta entrega más de 55.000 folios al juzgado sevillano

Las críticas de la titular del juzgado número 6 de Sevilla dieron de hecho alas al PP en su denuncia de la existencia de "una segunda trama para impedir" una investigación judicial y parlamentaria a fondo sobre el caso, tesis defendida ayer por su presidente, Javier Arenas, quien ha pedido (hasta ahora sin éxito) un pleno extraordinario de la Cámara andaluza.

Todos los cuadros del PSOE han recibido la instrucción expresa de que no hacer comentario alguno a los autos de Alaya, de "no polemizar", como dijo ayer la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, y de dar largas cambiadas a preguntas incómodas como las que ayer se les formularon. Por ejemplo, sobre si la juez se había extralimitado en sus atribuciones al considerar que la Intervención General tuvo que elevar un informe de actuación (una especie de código rojo) alertando contra el procedimiento seguido para conceder los ERE; o si estaba abriendo una causa general contra la Junta al pedir las aproximadamente 480 actas de los Consejos de Gobierno de la última década. Al recabar esta información, la magistrada intenta averiguar si llegó al máximo órgano ejecutivo andaluz la advertencia de la Intervención General sobre el trámite administrativo aplicado para pagar los ERE.

La Junta dice estar "muy tranquila" con la actuación de la Intervención, que en 2005, 2006 y 2007 alertó sobre el procedimiento administrativo. En esas fechas, el consejero de Economía y Hacienda era el actual presidente andaluz, José Antonio Griñán. El Ejecutivo autónomo mantiene que nunca se emitió un código rojo porque no detectó menoscabo de los fondos públicos y hubo un "proceso de mejora continua" de la tramitación. En la actuación de la Intervención ha centrado su foco el PP, que exige la dimisión de Griñán.

El Ejecutivo andaluz ha puesto en marcha "un dispositivo especial", pilotado por el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, para que toda la información que pida la juez a los centros directivos de la Junta se remita a la Consejería de la Presidencia, de la que dependen los servicios jurídicos de la Junta. Dos letrados se han incorporado a este dispositivo de manera permanente, así como los viceconsejeros de Empleo, Innovación, Hacienda y directivos de la agencia IDEA. En cada Consejería hay un contacto alertado, y todos los papeles que entren y salgan al juzgado quedarán registrados.

Ayer, la Junta entregó 68 expedientes de regulación de empleo analizados por el Gobierno andaluz y 55.631 folios, según informó el consejero de Empleo, Manuel Recio, en su cuenta de Facebook. Según los datos de la investigación del Gobierno andaluz, en esos ERE se han hallado 183 casos irregulares, de los que 72 son polizones -ocho de ellos militantes socialistas- y 111 "discordancias administrativas".

Mar Moreno aseguró que la Junta actuará con "más diligencia" con la juez, mientras que el expresidente andaluz y ahora vicepresidente tercero, Manuel Chaves, reconoció "posibles errores o retrasos" en el envío de la documentación. La Junta dice estar tranquila con la ingente información reclamada por Alaya porque "comparte su mismo objetivo de perseguir el fraude".

El coordinador de IU, Diego Valderas, opinó que la "juez ha abierto una moción de censura contra el Gobierno andaluz por su negligencia".