La Junta eleva a 146 los casos irregulares en los ERE
El Gobierno andaluz cambia ahora el trámite para las ayudas
La Junta de Andalucía entregó ayer un nuevo capítulo de la investigación interna abierta por la Consejería de Empleo sobre las presuntas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con fondos públicos.
Los datos que reveló el consejero de Empleo, Manuel Recio, en una comparecencia parlamentaria a petición propia, son los siguientes: hay 5.563 trabajadores percibiendo pólizas de prejubilación a través de 68 ERE; se han revisado 64 que afectan a 5.273; y se han hallado 146 irregularidades de dos tipos: 59 son intrusos (el 1,1%), es decir, personas que nunca han trabajado en las empresas beneficiadas por los ERE y hay otras 87 que sí han tenido vinculación laboral, pero cuya situación presenta dudas para los 20 funcionarios que han realizado la investigación. "En casi el 99% de las ayudas no ha habido ningún tipo de problema y solo los hay en el 1,1% que el juzgado dirimirá", subrayó Recio.
Toda esta información se ha remitido a la juez que investiga el caso. Aún queda por revisar la situación de 290 trabajadores de cuatro ERE. La etapa investigada va desde 2001 hasta 2010. En este periodo, la Dirección General de Trabajo dispuso de un fondo de 647 millones de euros para prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis. Hasta abril de 2008, la dirección general estuvo ocupada por Javier Guerrero, quien declaró a la policía judicial haber manejado un "fondo de reptiles", aunque luego se retractó. Guerrero estuvo en el cargo durante nueve años con tres consejeros.
Recio anunció el cambio en el procedimiento para dar estas ayudas, que hasta ahora se están concediendo mediante la transferencia de financiación de explotación, ante "las dudas planteadas". La Intervención General de la Junta ya advirtió en un informe no vinculante emitido en 2005, 2006 y 2007 su discrepancia con este procedimiento administrativo por considerarlo no adecuado. La Intervención realizó en 2005 un auditoría aleatoria sobre 20 expedientes "que consideró correctos desde el punto de vista de la gestión de los recursos, pero no del procedimiento", dijo Recio.
La oposición pidió dimisiones en cascada: la de Recio, la del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y la del expresidente andaluz Manuel Chaves.
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