España reiterará hoy a Ashcroft la negativa a las extradiciones
El 51% de los estadounidenses no quiere juicios militares secretos
El fiscal general de Estados Unidos, John Ashcroft, se reunirá hoy en Madrid con los ministros de Interior, Mariano Rajoy, y de Justicia, Ángel Acebes, para tratar de la colaboración entre ambos países en la lucha antiterrorista. España reiterará a Ashcroft la negativa a entregar a EE UU a los miembros de Al Qaeda detenidos en los últimos meses debido a la enorme diferencia entre los dos sistemas legales.
Ashcroft corresponde con esta visita a la que giró el pasado 16 de octubre a Estados Unidos Mariano Rajoy. Ambos trataron en aquella ocasión sobre las operaciones abiertas en España contra el terrorismo islámico, que fructificaron el 13 de noviembre con la desarticulación en Madrid y Granada de una red islámica directamente vinculada con Osama Bin Laden.
Rajoy informará al fiscal general de los preparativos de España de cara a la presidencia europea del próximo semestre, así como de los avances legales en la lucha contra el terrorismo internacional alcanzados en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de los pasados días 6 y 7 de diciembre.
En ese encuentro, el secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, firmó con un acuerdo con Europol (institución policial europea) un acuerdo de intercambio de información estratégica y técnica sobre delitos y delincuentes relacionados con el tráfico de drogas, de armas nucleares y seres humanos, terrorismo, falsificación de moneda, entre otros.
Tras el encuentro con Rajoy, Ashcroft se reunirá con Acebes. Fuentes del Ejecutivo indicaron que España reiterará en ambas reuniones el rechazo a extraditar a los miembros de Al Qaeda aquí encarcelados.
Pena de muerte
Los dirigentes españoles, según las citadas fuentes, insistirán en que las entregas no serán posibles mientras se mantengan los tribunales militares especiales en Estados Unidos y mientras pueda recaer sobre los acusados la pena de muerte, dos trabas legales que, también según fuentes jurídicas, harían imposible las extradiciones.
Por otra parte, según las últimas encuestas, los ciudadanos estadounidenses apoyan la política de persecución a los terroristas puesta en marcha por la Administración de George Bush, pero se muestran preocupados por el impacto que pueda tener en las libertades civiles. Según publicaba ayer el diario The New York Times, el 51% de los estadounidenses no cree que sea una buena idea que los extranjeros acusados de terrorismo sean juzgados por tribunales militares secretos y el 80% considera que Bush debe consultar con el Congreso y no llevar a cabo las reformas mediante órdenes ejecutivas, como está haciendo hasta ahora.
A pesar de la preocupación por las libertades civiles, un 80% apoya la detención indefinida para los extranjeros que supongan una amenaza a la seguridad nacional y un 70% está de acuerdo con que sean grabadas y controladas las conversaciones entre los detenidos y sus abogados.
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