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España planteará a la UE un acuerdo global con EE UU para facilitar las extradiciones

La propuesta intenta resolver los casos de los detenidos en Europa por pertenecer a Al Qaeda

Carlos Yárnoz

El Gobierno está dispuesto a desempeñar un papel protagonista en el conflicto que enfrenta a la Unión Europea y Estados Unidos por los numerosos rechazos a las peticiones estadounidenses de extradición debido a la vigencia de la pena de muerte. El próximo semestre, coincidiendo con la presidencia española de la UE, España presentará a los Quince un proyecto para que se suscriba un acuerdo global con Estados Unidos sobre extradiciones, que sustituiría a los bilaterales que ahora mantienen los países europeos con Washington, según informan fuentes diplomáticas en Bruselas.

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El anuncio ha coincidido prácticamente con la reciente visita del presidente español, José María Aznar, a Washington, en un momento en que la Unión Europea negocia con sigilo un gran pacto policial y judicial con Washington derivado de los ataques del pasado 11 de septiembre. 'La pena de muerte y los tribunales militares en EE UU harán imposible que el pacto llegue tan lejos como quieren los estadounidenses', advierte un negociador europeo.

Aznar, sin embargo, declaró en Washington que respeta la decisión estadounidense de activar los tribunales militares y que el problema de las extradiciones no impedirá 'la más completa' colaboración de España con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo.

En estos momentos, la UE y Estados Unidos negocian en Bruselas y Washington varios acuerdos de cooperación antiterrorista, alguno de los cuales afecta ya a la política de extradiciones. Durante el mes de octubre, destacados miembros de la CIA, el FBI y funcionarios de la Casa Blanca han mantenido en Bruselas diversas conversaciones con altos cargos del Consejo de la UE y de la Comisión Europea, así como con representantes de Bélgica, país que este semestre preside la Unión, para lograr un pacto en cuatro capítulos: policial, judicial, de control de exportaciones y de vigilancia sobre pasaportes y visados.

Ir más lejos

Pero España quiere ir más lejos. Los Quince intentan en diciembre limar todas sus diferencias sobre la orden europea de detención y entrega, según la cual una decisión judicial en cualquier país europeo será válida en el resto de la Unión y, a la vez, las extradiciones serán prácticamente automáticas. Lo que España planteará en su presidencia es que, una vez consensuada esa euroorden, Estados Unidos y la UE negocien un acuerdo similar para facilitar las extradiciones mutuas.

Fuentes norteamericanas en Bruselas recuerdan que hoy los problemas de las extradiciones se resuelven sobre los tratados bilaterales que tienen suscritos entre cada país europeo y Washington y que 'habrá que estudiar' si no resulta preferible otra fórmula. 'Hoy, el principal problema, además del de la pena de muerte, es que en ocasiones pasan años hasta que se concede una extradición', señalan.

Ese problema, desde luego, quedaría resuelto si la propuesta española sigue adelante. De hecho, la euroorden prevé hoy que en ningún caso pueda superarse el plazo de 90 días cuando un Estado europeo pida la extradición de un presunto delincuente a otro.

Dos semanas después de los ataques contra Estados Unidos, diplomáticos europeos confesaban en Bruselas que una de las peores pesadillas que podrían producirse en la Unión Europea sería la detención de Osama Bin Laden en un país de la Unión. Washington exigiría su extradición inmediata, pero ningún país europeo la concedería mientras se siga aplicando la pena de muerte al otro lado del Atlántico.

En la actualidad no existe indicio alguno de que pueda producirse tal supuesto, pero en Europa hay ya 62 detenidos relacionados de una u otra forma con la organización terrorista Al Qaeda -en España, ocho, junto a otros seis del Grupo Salafista para la Predicación; 15 en Francia, 13 en Bélgica, cuatro en Alemania, tres en Reino Unido y otros tres en Italia- y la crisis puede estallar en cualquier momento.

'No hay ni existe la impresión por ahora de que vaya a haber ninguna demanda de extradición', dijo José María Aznar en Washington durante su visita en relación con los detenidos en España. 'Cualquier decisión que se tome en España en relación con estos detenidos, si se pidiera su extradición, será acorde con la leyes españolas'.

Países europeos ya han concedido en el pasado extradiciones de presuntos autores de delitos castigados en Estados Unidos con la pena de muerte, pero siempre condicionados a que no se les ejecute. 'El problema es que si aún así se aplicara [la pena capital], no hay una legislación internacional a la que acogerse', señalan en Bruselas.

El pasado jueves, el Parlamento Europeo aprobó una enmienda a la orden europea de detención y entrega para dejar claro que toda persona extraditada entre países de la Unión no podrá ser enviada a un país tercero en el que se aplique la pena de muerte. Ha sido una vuelta de tuerca europea más ante la situación judicial en Estados Unidos y su incompatibilidad con los sistemas europeos.

Peticiones sin respuesta

Los inconvenientes que encuentra la Unión Europea a la hora de suscribir un acuerdo global antiterrorista con EE UU han hecho que ni la Comisión ni el Consejo hayan respondido aún al listado de 47 peticiones concretas que Washington les planteó el pasado 10 de octubre. 'Están siendo examinadas aún y en algunas, desde luego, exigen profundas discusiones', admiten en el Ejecutivo europeo.

En el listado, Estados Unidos pide a la UE 'eliminar la discriminación contra EE UU' en el terreno de las extradiciones y ha solicitado también que los jueces estadounidenses tengan acceso directo a las informaciones que manejen sus colegas europeos. Las fuentes estadounidenses consultadas han precisado que al hablar de 'discriminación' no se refieren a los casos de posible aplicación de la pena de muerte.

George Bush y José María Aznar, durante la visita de este último a la Casa Blanca.
George Bush y José María Aznar, durante la visita de este último a la Casa Blanca.REUTERS

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Sobre la firma

Carlos Yárnoz
Llegó a EL PAÍS en 1983 y ha sido jefe de Política, subdirector, corresponsal en Bruselas y París y Defensor del lector entre 2019 y 2023. El periodismo y Europa son sus prioridades. Como es periodista, siempre ha defendido a los lectores.

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