Tribunales militares secretos juzgarán en EE UU a los extranjeros acusados de terrorismo

Los extranjeros acusados de terrorismo y sus cómplices serán juzgados en secreto por tribunales militares norteamericanos que se desplazarán a Afganistán o Pakistán cuando lo consideren necesario para acelerar los procesos y las sentencias, incluidas las ejecuciones. El presidente George W. Bush ha ordenado los tribunales marciales invocando su autoridad constitucional en situaciones de 'emergencia extraordinaria'. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia ha anunciado que va a interrogar a 5.000 musulmanes llegados a Estados Unidos en los últimos dos años.

Será el propio presidente Bush quien determine, por escrito, qué acusado debe ser juzgado militarmente 'cuando existan razones para creer que pertenece a Al Qaeda, que ha participado en actos de terrorismo internacional o que ha albergado a sabiendas a terroristas'. Afecta tanto a miembros actuales como a ex militantes de Al Qaeda que 'hayan intentado atacar intereses de seguridad nacional de EE UU, económicos o a sus ciudadanos'.

Es la primera vez desde la II Guerra Mundial que EE UU implanta tribunales marciales. En aquella ocasión, el presidente Franklin Delano Roosevelt ordenó el enjuiciamiento de seis saboteadores nazis.

La orden de Bush no crea un tribunal militar en sí, ni nombra a los terroristas sospechosos. El presidente la ha presentado como una 'opción' para poder administrar justicia de forma 'rápida y segura', premisa que no garantiza un tribunal civil. Los enjuiciados no tendrán los derechos constitucionales que tienen los norteamericanos en los procesos civiles o penales, tales como apelación de sentencia, pero sí tendrán derecho a un abogado.

Pena de muerte

El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, se encargará de nombrar los paneles, dictar las normas de procedimiento y el nivel de las pruebas requeridas. Para condenar e imponer sentencia a un prisionero se necesitarán dos terceras partes del voto del tribunal. Las sentencias incluyen cadena perpetua y pena de muerte.

El Gobierno de Estados Unidos llevaba semanas discutiendo la opción de tribunales militares pero la rápida caída de Kabul en manos de la Alianza del Norte ha acelerado su creación, al acercar la posibilidad de la captura de Osama Bin Laden y otros miembros de Al Qaeda en Afganistán. Sin embargo, el tipo de juicios anunciado por el presidente restringe mucho más los derechos que una corte militar convencional.

En ambos casos impiden la divulgación de fuentes y métodos de inteligencia al celebrarse a puerta cerrada, y la carga de las pruebas es menor para la acusación al admitir evidencia secreta, pero los paneles marciales autorizados por Bush anulan el derecho del acusado a no ser declarado culpable 'más allá de una duda razonable'.

Para capturar a los sospechosos, señaló la Casa Blanca, la información es crucial y por ello han extendido la investigación al interrogatorio dea 5.000 extranjeros que pueden aportar datos sobre Al Qaeda. El secretario de Justicia de EE UU, John Ashcroft, ha asegurado que no los van a detener.

La portavoz de Ashcroft, Mindy Tucker, señaló: 'Es una lista de gente que podría tener información. No son sospechosos, se trata sólo de gente con la que queremos hablar porque podría tener información útil'. Los interrogatorios son, en principio voluntarios, con el fin de 'obtener más información' sobre los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.

La Casa Blanca ha distribuido la lista a todas las fiscalías federales del país. Son hombres entre 18 y 33 años de países musulmanes que han entrado legalmente a Estados Unidos con visados de turista o estudiante desde enero del año 2000.

La inmigración ha sido desde los atentados el eje de las nuevas leyes antiterroristas, porque la mayoría de los secuestradores escaparon a los controles del Departamento de Inmigración y Naturalización (INS) de Estados Unidos. Ese departamento es el que ha compilado la lista de los 5.000, pero ni siquiera se sabe si las direcciones que dieron en los visados de entrada son válidas, por lo que muchos dudan de la eficacia de la medida. En cualquier caso, según Ashcroft, los requeridos pueden negarse a cooperar con el FBI.

Jóvenes musulmanes

El Departamento de Estado pretende que a partir de ahora los hombres entre 16 y 45 años de 25 países musulmanes que soliciten visados tengan que esperar un mínimo de un mes hasta que el FBI les haga un chequeo. Tanto en este caso como en el de los interrogatorios voluntarios, los señalados pasarán la revisión con independencia del país del que procedan, que en muchos casos es europeo.

Las medidas -tanto de inmigración como el tribunal marcial- han suscitado inmediatamente críticas de defensores de derechos civiles. El presidente de la Asociación Nacional de Libertades Civiles (ACLU), Steven Shapiro, opinó que la medida 'aumenta la preocupación que ya existe sobre discriminación después de los atentados'.