Blair propone detención indefinida para los sospechosos de terrorismo

Musulmanes y activistas por los derechos civiles se opusieron ayer a las medidas que hoy o mañana presentará el Gobierno de Tony Blair en el Parlamento para luchar contra el terrorismo. Rechazan sobre todo la orden de suspender el artículo 5º de la Convención Europea de Derechos Humanos que garantiza el derecho a la libertad y prohíbe la detención sin proceso judicial.

El ministro del Interior, David Blunkett, quiere así poner al país prácticamente en estado de alerta y expulsar o mantener detenidos por tiempo indefinido a los extranjeros sospechosos de terrorismo.

No es la primera vez que el Reino Unido aplica la detención indefinida de extranjeros. Lo ha hecho en Irlanda del Norte para luchar contra el terrorismo del IRA y también en la Segunda Guerra Mundial y durante la guerra del Golfo.

La suspensión de la Convención europea debe ser aprobada por el Parlamento, donde el Gobierno goza de una amplísima mayoría y espera haber obtenido luz verde antes de Navidad. Pero ese tránsito puede ser un buen termómetro para medir hasta dónde llega el descontento de la izquierda laborista por la guerra de Afganistán y el recorte de libertades que acarrea.

La expulsión o detención indefinida es una de las normativas más polémicas, pero no la única. La izquierda teme que la ley que quiere equiparar la protección de la libertad religiosa a la protección de las minorías raciales hace temer a muchos que se convierta en una manera de censurar cualquier crítica a cualquier religión.

La polémica suspensión del artículo 5º se fundamenta en el artículo 15º de la misma Convención Europea, que contempla esa posibilidad en caso de guerra o de una emergencia pública que lo justifique. El Gobierno de Tony Blair entiende que el país se enfrenta a una emergencia de ese calibre: la posibilidad de que el Reino Unido sea víctima de un ataque terrorista semejante si no en la forma sí en las consecuencias a los del 11 de septiembre. Por eso quiere neutralizar a una serie de supuestos terroristas o colaboradores con el terrorismo, contra los que no tiene más evidencia que la sospecha policial.

Nueve líderes de la comunidad musulmán se han dirigido al ministro Blunkett para hacerle llegar sus 'graves reservas' respecto a la medida porque temen que acabe siendo utilizada para perseguir de manera arbitraria a la comunidad musulmana. Comparan esos poderes con los abusos policiales que acabaron provocando la revuelta de Brixton y Liverpool en los años ochenta.

También los grupos de defensa de los derechos civiles se oponen a poner al país en estado de emergencia. John Wadham, director de Liberty, ha anunciado que su asociación va a denunciar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, la suspensión de la Convención Europea.

'En el instante en que detienes a una persona sin un proceso judicial estás dando un gran paso atrás en una de las más apreciadas libertades y derechos civiles', sostiene Mark Littlewood, portavoz de la misma asociación. 'Si hay pruebas contra un sospechoso de terrorismo hay que llevarlo ante la justicia. Ya tenemos una de las leyes antiterroristas más estrictas de Europa', añadió.