Las lagunas del ‘caso Marta del Castillo’

Doce años después del asesinato de la adolescente sevillana Marta del Castillo flotan sin respuesta preguntas clave como dónde están sus restos y la identidad de todos los que encubrieron al asesino, Miguel Carcaño. La angustia por resolver esas lagunas, que aún atenaza a la familia de la joven y a la policía, es compartida por los espectadores que vieron con rabia cómo la cascada de mentiras de una pandilla obligó a dejar cabos sueltos en uno de los casos más mediáticos de las últimas décadas.

Esa empatía ante el dolor de los padres y el misterio irresuelto es la percha del documental ¿Dónde está Marta?, estrenado por Netflix y que la primera semana lideró su lista de series en España con 8,4 millones de horas vistas. Los tres capítulos cuestionan la investigación policial a través de los testimonios de la familia y abogados, y exponen con crudeza las contradicciones de los tres procesados que quedaron absueltos de encubrir el crimen. “Nos dan hostias, pero no tantas como esperábamos, lo habitual”, comenta resignado un agente que exige anonimato sobre las críticas que a menudo capean. La policía optó por el silencio ante el envite para revisar el crimen.

El caso abrió los telediarios de la época por sus constantes giros de guion, su inaudita expectación y un confuso eco mediático que perjudicaron a las pesquisas. ¿Qué provocó esa presión distorsionadora? Dos ejemplos: cuando un programa televisivo matutino dio una exclusiva del caso, el ministro del Interior llamó a los investigadores para ordenar que de inmediato le dieran otra exclusiva a la competencia en la cadena rival para compensarla. Se negaron, pero un mando superior de la capital andaluza impuso la obediencia debida, se hizo con el atestado policial, y al día siguiente la televisión filtró otro nuevo episodio de la investigación.

Al acabar las jornadas iniciales de la búsqueda del cuerpo, algunos periodistas seguían a los agentes hasta sus domicilios, para temprano a la mañana siguiente volver a escoltarles y así cubrir los rastreos o reconstrucciones desde el primer minuto. “El público pedía sangre y los medios, información. Y cuando se les negaba, se tiraban contra la policía”, recuerda un mando. Una de las peores consecuencias de esta presión incesante fue una rueda de prensa triunfalista en la que la cúpula policial de la capital andaluza dio por resuelto el caso con “pruebas sólidas e irrefutables” que inculpaban a cuatro cómplices de Carcaño y situaba el cadáver en el río Guadalquivir con el secreto de las actuaciones decretado por el juez aún vigente. Esas pruebas fueron azucarillos en agua durante la vista oral.

Tras siete versiones de Carcaño, los investigadores están hoy convencidos de que su hermano Javier Delgado ―entonces guardia de seguridad— participó en el crimen, pero en su contra solo figura la acusación de Carcaño, lanzada en 2013 desde la cárcel y con su credibilidad por los suelos después de tantas mentiras y búsquedas infructuosas del cuerpo de Marta. No hay pruebas sólidas ni certezas que le incriminen en el asesinato. “No hay fórmula de volver a interrogarlo y el juez nos dijo que se le dejara en paz. ¿Quedó mal la policía? Será en la serie, en la vida real solo hemos recibido felicitaciones de la judicatura. El Estado de derecho es solo para lo que nos interesa. Quizás alguien metió la pata al principio, pero tanto Homicidios como la brigada de casos fríos revisó la investigación del grupo de menores”, recuerda un comisario. La policía tardó más de un día en activar la búsqueda de la menor, un tiempo precioso que los inculpados aprovecharon para limpiar y eliminar pruebas.

“Fisuras relevantes”

La sentencia que condenó al menor Javier García El Cuco por encubrimiento en un primer juicio dictaminó que Delgado presenció el crimen. Pero en el segundo juicio a los adultos, el fallo señaló que Carcaño se deshizo del cadáver con El Cuco y “un tercero desconocido”, sin nombrarle. El Supremo aseguró luego que esta versión tenía “fisuras relevantes” y que la principal prueba que condenó a Carcaño a 20 años de cárcel fue su confesión. “En la vida hay que tener suerte y en esta investigación no la hemos tenido. Ni con el tema de mayores ni con el del menor, fue una carrera de obstáculos”, subrayan fuentes de la Fiscalía sevillana.

La última versión del asesino en 2013, tras 13 entrevistas con la policía en prisión, mencionaba que una disputa con su hermano desencadenó el crimen. Carcaño había aportado documentos falsos al banco para lograr una hipoteca de 108.000 euros de la casa donde vivía su hermano y cuando ambos discutían por ciertos gastos, Marta se interpuso. La audiencia debe decidir ahora si hay indicios sólidos para reabrir esta pieza contra Delgado, dados los agujeros que presentan los relatos de hechos anteriores. Mientras, Carcaño declarará el próximo mayo en el juicio contra El Cuco y su madre por aportar un falso testimonio -otra mentira más- en el juicio a los adultos implicados. Lo hará como testigo, por lo que está obligado a decir la verdad.

En la serie, Delgado aparece de espaldas para rechazar los indicios que apuntan a que mintió: un tique de caja de su pub impreso cuando la alarma estaba conectada y unas imágenes de baja calidad que podrían coincidir con su silueta a una hora donde estaba supuestamente en casa. ¿Cobró dinero por inmolarse y responder a un interrogatorio ante el que solo podía incriminarse como sospechoso? “Nadie ha cobrado, él sabía que iba a ser una entrevista difícil”, asegura Margarita Luis, productora ejecutiva y guionista de la serie.

Móviles clonados

El documental rescata pinchazos telefónicos y vídeos inéditos de los juicios, pero también desvela la hipnosis a la que fue sometido Carcaño, una prueba para hallar pistas a la desesperada, igual que el test de la verdad, prueba neurológica que en 2014 tampoco dio resultados. Quizás su mayor mérito ha sido abrir una ventana a la esperanza para encontrar el cuerpo: un perito informático aseguró que los datos de los móviles conservados por las operadoras podrían aportar la geolocalización de todos los implicados.

La policía alega que en su día pidió a las operadoras “todos los datos disponibles” de los móviles, sin recibir pistas sobre los posibles detalles de localización que podrían aflorar ahora. Tras solicitarlo la familia, el juez instructor accedió el pasado abril a la pericia para clonar los móviles y reconstruir los pasos de los sospechosos la noche del crimen. Siete meses después del encargo del magistrado, hoy el informático sigue en el empeño de arrojar luz sobre esta pesadilla de mentiras.

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