“La reputación en la red es un derecho, no una condena”

José Cohen, un ingeniero que aún no ha cumplido los 40 años, ha empleado los últimos 12 en rehacer su vida tras verse atrapado en la red. Limpiar su reputación tras un incidente causado por unos empleados de una empresa que creó en su juventud le ha costado la ruina económica y personal. Hace tres meses consiguió eliminar los últimos enlaces que le acusaban de una estafa en la que nunca participó y de la que fue víctima. Manipulación de imágenes para contenidos eróticos, usurpación de personalidad con fines comerciales, destrucción de marcas o la mera existencia de un contenido que con el tiempo se vuelve inoportuno son algunos de los casos donde cobra una relevancia vital la lucha por el derecho al olvido en internet. Sobre este se ha avanzado en las últimas legislaciones, pero aún arruina vidas. “La gente no sabe que la reputación en internet no es una condena: es un derecho”, afirma Josep Coll, director de RepScan, una empresa distinguida por la Cámara de Comercio de Barcelona que se encarga de eliminar toda la información perjudicial en internet. Como esta entidad, han surgido otras muchas porque el proceso, aunque puede realizarlo cualquier particular, es más difícil sin respaldo legal y técnico. El coste puede ir desde algo menos de 100 euros por el borrado de una foto o un vídeo a los más de 500 por la eliminación de una página.

Cohen creó hace 12 años una empresa para la venta de “juguetes de adultos”, como él la denomina. Comercializaba a través de la red aeronaves y vehículos exclusivos para juegos. Todo fue bien, “con facturaciones importantes”, según recuerda, hasta que un trabajador, según relata, comenzó a enviar paquetes sin contenido real para sustraer los objetos adquiridos por los usuarios y venderlos por su cuenta. Otro empleado que le llevaba el sistema informático se encargó de eliminar las reclamaciones.

“Yo no sabía nada. Fue un amigo el que me advirtió de que me estaban poniendo verde en algunos foros”, explica. Cohen intentó revertir la situación localizando a todos los afectados y devolviéndoles el dinero. Se corrió la voz por los foros y le llegaron reclamaciones de usuarios que ni siquiera habían comprado sus productos. Pagó hasta que se arruinó.

“Al principio no le di toda la importancia porque pensé que la gente que me conocía no haría caso”, recuerda. Pero la persistencia de las opiniones injuriosas en la red le hizo perder oportunidades de empleo: “Cada vez que iba a una entrevista, habían buscado mi nombre en internet y salían todos los enlaces que me perjudicaban. Ni siquiera me preguntaban, porque lo habría explicado. Finalmente, entré en una empresa pública por oposición, pero hasta hace poco tuve que soportar comentarios de algún compañero”. Intentó borrar las referencias de forma personal y también recurrió a varias empresas y gastó más de 3.000 euros. Cohen perdió en el camino su vida personal y profesional, que ahora, más de una década después, ha conseguido recuperar, o casi. “En las comidas familiares no se habla de internet”, lamenta.

Odón Martí es asesor de comunicación y se tuvo que enfrentar a otro caso: la usurpación de una página web de una entidad, con todo su contenido, para vincularla a una página de criptomonedas totalmente ajena al empresario que representaba. Explica que la corporación había olvidado renovar el dominio y alguien lo utilizó. “No era solo una foto; era todo el contenido”, recuerda. Martí destaca la importancia de mantener en buenas manos las claves y los accesos a la web. “Algunas empresas ni recuerdan quién las tiene o el trabajador que las tenía ya no es empleado y no saben ya cuáles son”, advierte. También avisa de la importancia de los contenidos que se suben de forma particular en un momento determinado sin saber el efecto que tendrán pasado un tiempo.

Un caso similar le ocurrió al conocido economista Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, según explica él mismo en un vídeo: “Un día me di cuenta, a través de un buen amigo, de que me estaban suplantando la identidad en una web que recomendaba la compra de un activo financiero. Era absolutamente falso”.

Ante casos como estos, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Ministerio de Consumo recomiendan actuar directamente con la plataforma que aloje los contenidos que se quieren eliminar, el falso comentario o el perfil suplantado. Las principales, como Facebook, Google, Twitter, Instagram o TikTok, ofrecen sus propios canales. Pero si la reclamación no tiene éxito, la AEPD recomienda denunciarlo en esta entidad a través de su sede electrónica. La agencia ha establecido un canal prioritario y gratuito para contenidos de carácter sexual o en el que se vean implicados menores de edad.

Josep Coll cree que tanto la legislación del derecho al olvido, establecida por primera vez en mayo del 2014, como los recursos técnicos “juegan cada vez más a favor del usuario”, pero reconoce que las dificultades del proceso y la falta de respuesta aún lo dificultan. “Es como la declaración de la renta: la puede hacer uno mismo, pero muchos recurren a asesores”. El directivo destaca cómo su compañía recurre no solo a los fundamentos jurídicos para hacer efectivo el derecho al olvido, sino también a la inteligencia artificial para barrer la web en todos los ámbitos para encontrar hasta el último enlace. Y no siempre es una página web con un dominio identificable. “En algunos casos”, explica, “es una imagen que el propio usuario publicó y ya no es oportuna o una fotografía donde alguien nos etiquetó sin nuestro consentimiento o una información personal que es irrelevante que sea de dominio público”.

Es el caso de Mercedes, que por razones obvias, tras 10 años figurando en la red, prefiere no ser identificada con su apellido. Su caso es casi burocrático. Su sentencia de divorcio tenía que ser pública durante un periodo de tiempo legal de seis meses para asegurar el derecho de la otra parte a conocer la resolución. Al principio no le importó que se sobrepasaran los límites temporales previstos, pero un día se cansó de que, al poner su nombre en el buscador, la primera referencia que apareciera fuera el archivo con todos los pormenores. También por su hijo. “Lo borré porque me daba la gana, quería pasar página. No me afecta laboralmente ni nada, pero ya me cansé”, relata. Finalmente, tras varios intentos frustrados para eliminar la información personalmente y a través de una organización de consumidores, lo consiguió con un coste de 300 euros.

Remove Group, otra empresa dedicada a la reputación en internet, ofrece también servicios de desindexación (desaparición de una URL —dirección única y específica que se asigna a cada uno de los recursos disponibles en la red— de una base de datos de un buscador) o desposicionamiento, evitar que los contenidos negativos ocupen los primeros puestos en los resultados de búsqueda. “Es mínima la cantidad de gente que llega a buscar información a una segunda página”, señala la compañía.

Google es el principal buscador y asegura “trabajar intensamente para implementar el derecho al olvido en Europa y mantener un equilibrio entre el derecho de las personas a acceder a la información y el derecho a la privacidad”, según una respuesta remitida por la compañía.

Coll insiste en que la reputación en internet es un derecho y Google lo ratifica al recordar que una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea “otorga a las personas físicas el derecho a solicitar a los buscadores que retiren determinados resultados de las consultas relacionadas con el nombre de una persona”. “A la hora de decidir qué resultados se van a retirar”, añade la compañía, “los buscadores deben tener en cuenta si la información en cuestión es inexacta, inadecuada, irrelevante o excesiva y si existe un interés público en que dicha información siga apareciendo en los resultados de búsqueda”.

Desde el 2014, el buscador ha retirado el 48,6% de las URL reclamadas, de acuerdo a las directrices del Grupo de Trabajo del artículo 29 sobre la implementación de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el derecho al olvido, las del Comité Europeo de Protección de Datos y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Cualquier usuario puede hacer la petición a través del formulario de retirada. La página de información sobre cómo se procede una vez recibida la solicitud explica los pasos que se siguen y en la página general se indica qué se tiene en cuenta para llevar a cabo la decisión.

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