Una jueza denegó medidas de protección hace una semana a la mujer asesinada en Benalmádena

Hace justo una semana, el pasado lunes 3 de febrero, una jueza denegó a Catalina una medida de alejamiento contra su ya expareja en un juicio rápido. La madrugada de este domingo, Catalina fue asesinada por esa expareja en su casa, en Benalmádena pueblo. Ante la polémica que ha generado esa decisión judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha hecho esta mañana declaraciones para informar de que, con lo que conocían, “no concurrían los presupuestos exigidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para estos casos” para imponer ninguna medida de protección y se tramitó, según lo que contó la víctima en la denuncia, como un delito de amenazas, coacciones y vejaciones leves.

¿Qué ocurrió? Catalina y su agresor llevaban juntos 11 años. Tenían tres hijos en común, dos niñas de 7 y 9 años y un niño de 11. Con ellos vivía también el primer hijo de ella, de una relación anterior, que este año cumplirá 19. Todos los hijos estaban en esa casa la madrugada del pasado domingo.

El pasado 20 de enero, alguien ―ninguna institución ha especificado quién― llamó a la Policía por algo que estaba ocurriendo ―tampoco se ha conocido el qué―. Fue así como la Policía abrió un atestado policial y una denuncia de oficio y al día siguiente Catalina ratificó esa denuncia contra su ya expareja. Según ha informado el TSJA, la víctima presentó denuncia donde relató haber sufrido amenazas, coacciones y vejaciones leves por parte de su presunto agresor; por otro lado, ha informado también el tribunal, ella aseguró que no había sido maltratada físicamente, aunque sí que le levantó la mano sin llegar a golpearla.

Ella entró en el Sistema VioGén, el de seguimiento de las víctimas de violencia machista, con un nivel de riesgo medio. Y apenas dos semanas después se produjo ese juicio rápido en el que tanto ella como la Policía solicitaron medidas de protección, que la jueza consideró que no procedían.

Para la jueza, lo que conocía sobre el caso ―la declaración de Catalina y ese “riesgo medio” de la valoración policial― no requería la apertura de diligencias previas o de un proceso sumarial y por eso, finalmente, se tramitó como un juicio rápido.

El caso de Catalina quedó entonces “como caso en inactivación supervisada” dentro de VioGén, explicaron fuentes cercanas a la investigación. Esa “inactivación supervisada” es una modalidad dentro del sistema, creada el año pasado por Interior, que establece mecanismos de control policial durante un período de entre 6 y 12 meses e impide la inactivación completa en casos de alta complejidad o en los que se detecta un riesgo cualificado ―como puede ser la presencia de menores, que añade vulnerabilidad―, y fue una modalidad creada, precisamente, para evitar que de forma prematura casos como el de Catalina quedaran fuera del radar institucional por completo.

El asesinato

Entre las cinco y las cinco y media de la madrugada del pasado domingo, uno de los hijos de Catalina, el de 11 años, llamó a Emergencias. Fue una de las múltiples llamadas que el servicio estaba recibiendo por un incendio en esa casa. Agentes de la Policía Local, los primeros en llegar, se encontraron fuera al agresor, de origen nigeriano y de 42 años, y a los cuatro hijos de Catalina, según las primeras informaciones facilitadas por fuentes cercanas al caso. Dentro, el cadáver de ella, española, de 48 años.

Detuvieron al hombre y tanto los menores como el adolescente quedaron a cargo de un familiar. Aún este lunes por la tarde no se había conocido el motivo de la muerte por “el estado en el que se encontró el cuerpo”, según explicaron fuentes cercanas a la investigación.

La mañana de este lunes, en el acto por el 20º Aniversario de la Ley contra la Violencia de Género, el presidente Pedro Sánchez ha hecho alusión directa a este asesinato, nombrando a Catalina y a sus hijos, pero también indirecta: “La formación en igualdad les vendría bien a algunos operadores de derecho. No permitamos que la mala praxis o la poca empatía lleven a una sola mujer a pensar que no merece la pena una denuncia”.

Este asesinato, ahora en investigación, entrará a formar parte de la estadística entre aquellos en los que las instituciones conocían la violencia que se estaba produciendo y que, sin embargo, en algún momento la cadena falló en su protección a la víctima; y en este caso, también a sus hijas e hijos. Cuatro huérfanos, tres de ellos menores de edad y uno de 18 años, ahora a cargo de un familiar, sobre los que se intenta aclarar si también fueron agredidos por el detenido.

Lorenzo del Río, el presidente del TSJA, ha afirmado que “el 88% de las solicitudes de orden de protección en Andalucía a mujeres que denuncian sufrir violencia machista se conceden por los tribunales de la comunidad”, y que aquellas que no se conceden, “ese 12% que no se han dado es porque a lo mejor el fiscal no lo ha pedido, porque no lo ha visto tan claro o porque el propio juez no lo ha valorado”.

“Como reflexión general, es muy importante que la víctima se sienta protegida, que no tenga miedo a acudir cuanto antes y que nosotros, los tribunales, los jueces, los fiscales y las mismas fuerzas de seguridad, en la medida de lo posible, evaluemos el riesgo cuanto antes y evitemos a ser posible que se puedan producir estos hechos”, ha añadido Del Río. Son sin embargo casos como este, en el que las mujeres han acudido a las instituciones antes de ser asesinadas, los que generan obstáculos para aquellas que aún lo han hecho.

De las 1.295 asesinadas por sus parejas o exparejas desde que comenzó la estadística, en 2003, en la inmensa mayoría de casos no había denuncia (811) o no consta (201), pero tanto entre aquellas mujeres que sobreviven a la violencia como entre aquellas a las que sus parejas o exparejas asesinan, estas son proporciones habituales dentro de una realidad en la que las mujeres tienen, mayoritariamente, miedo: por ellas, pero también por sus hijos e hijas, o por no tener recursos económicos para marcharse o una red de apoyo que las ayude a salir de esa violencia, o a no ser creídas o protegidas por las instituciones o sus entornos.

Catalina es la segunda mujer asesinada por su pareja o expareja en lo que va de año, y la 1.295 desde que arrancó la estadística oficial, en 2003. Sus hijos, los menores ―los mayores de edad no entran en la estadística―, se han sumado a los 471 menores que ya se contabilizan oficialmente como huérfanos por violencia machista desde que empezó este conteo, en 2013.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.