El Congreso aprueba la Ley de Paridad que obliga a un mínimo del 40% de mujeres en órganos de poder de grandes empresas y en la Administración

Este martes, el Congreso ha dado luz verde a la Ley de Paridad con 178 votos a favor, 171 en contra y ninguna abstención. Es la segunda norma que sale del Ejecutivo de coalición tras las elecciones del pasado verano y, a pesar de ser una de las legislaciones en principio menos conflictivas en materia de igualdad, también ha provocado el enfrentamiento entre Gobierno y oposición. El texto, que obliga a un mínimo del 40% de mujeres en órganos de poder de grandes empresas y en la Administración General del Estado, entre otros ámbitos, ha incluido una enmienda a través del PSOE y Sumar por la que se retira al Senado la última palabra sobre el techo de gasto.

El Senado ahora cuenta con una mayoría del Partido Popular. Y el Congreso tiene la mayoría del bloque que permitió la investidura del último Ejecutivo. En la Cámara alta, durante el trámite legislativo de esta ley estas últimas semanas, los populares modificaron el texto para suprimir la enmienda impulsada por el PSOE y Sumar. Y este martes, con su vuelta al Congreso para la aprobación definitiva, el bloque de izquierda ha revertido esos cambios. Así, será la Cámara baja donde se decida, y el PP no tendrá capacidad para tumbar el techo de gasto en los próximos meses.

A eso, y no al grueso de la norma, ha hecho referencia la popular Patricia Rodríguez, que ha calificado de “texto intruso” esa parte y de “aberración legislativa” la propia ley porque, ha dicho, regula “asuntos que nada tienen que ver con el espíritu de la norma”. Ana Redondo, la ministra de Igualdad, ha aludido a la “incapacidad” del PP para reconocer la legitimidad del Gobierno y, por tanto, de sus decisiones, y ha dicho que la norma es “necesaria para garantizar el principio de mérito y capacidad en todos los ámbitos de la vida social, deportiva, política y económica” y que “pretende acelerar los procesos para una justa y total equiparación de mujeres y hombres, superando cualquier discriminación”.

Y así, una legislación que parecía tener amplio consenso ha contado con la negativa final del Partido Popular que, en 2007, también se opuso a la Ley de Igualdad por estar en contra de las medidas para las empresas. Medidas como una recomendación para que las empresas procuraran “incluir en su consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor” de esa ley. Algo que tendría que haber ocurrido en 2015, pero nunca pasó y que ahora se incluye, de forma obligada, en la nueva normativa.

Para las empresas cotizadas, la norma responde a la directiva europea que el Consejo de la UE aprobó a finales de 2022 y por la que se obliga, a partir de 2026, a que en los Estados miembros al menos el 40% de los administradores no ejecutivos [es decir, los que no son CEO] de las compañías sean “miembros del sexo menos representado”. Así, la nueva legislación establece un mínimo del 40% del sexo menos representado para los consejos de administración y los puestos de alta dirección de las sociedades cotizadas y, si no se ajustaran a la nueva normativa, el texto establece sanciones “adecuadas y proporcionales”.

También la ley regula parte del ámbito político. La norma establece que las listas electorales sean paritarias y cremallera —es decir, que irán hombres y mujeres de forma alternativa— en las elecciones al Congreso y al Parlamento Europeo, a las municipales, para los consejos insulares, los cabildos insulares y las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas, y también en el Senado cuando las candidaturas se agrupen en listas; y en el Gobierno, donde, sin contar con quien ocupe la presidencia, la norma fija “que cada uno de los sexos suponga como mínimo el 40% del conjunto de titulares de vicepresidencias y ministerios”.

No están, sin embargo, las organizaciones políticas. Para los partidos esta ley no establece porcentajes mínimos de composición; aunque ha incluido la obligatoriedad de tener un plan de igualdad interno con medidas para prevenir y detectar la violencia machista y un protocolo de actuación contra esta.

Además, y entre otros espacios, ese 40% de mujeres también aplicará para el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial; así como para los órganos superiores y directivos y en el personal de alta dirección de la Administración General del Estado, los colegios profesionales o las entidades de interés público.