Sira Rego: “Vamos a plantear que la ley obligue a que los dispositivos digitales de los menores tengan un control parental”

Sira Rego cumplió 50 años el día en que tomó posesión como ministra de Juventud e Infancia, el 20 de noviembre, cuando se conmemoran los derechos del niño. Es la primera vez que el Gobierno cuenta con esta cartera, que tiene que lidiar con altos niveles de precariedad juvenil y una de las tasas de pobreza infantil más altas de la Unión Europea. Ella nació en Valencia y pasó parte de su niñez en Palestina. Toda su familia paterna vive en Cisjordania. Lleva meses denunciando la vulneración de derechos humanos de la guerra que asola Gaza desde hace ya más de siete meses. “En mi caso se cruza la variable personal, que lo hace un poco más duro”, explica. A lo largo de la entrevista, desglosa sus prioridades como ministra. Entre ellas, abordar por primera vez desde el Ejecutivo la protección de los menores frente a las pantallas.

Pregunta. Usted ha afirmado que apoyará el voto de los jóvenes a partir de 16 años. ¿Cómo lo justifica y qué acciones concretas tiene previstas para impulsarlo?

Respuesta. Creo que si se puede trabajar a los 16 años y se pagan impuestos, se puede votar. Para mí esta es una cuestión elemental, de justicia, de refuerzo de derechos y de ampliación de la democracia. En países europeos como Austria, donde se ha ampliado la edad de voto a los 16 años [fue el primer país europeo en aprobarlo en 2008], se ha visto que esa participación en edades más tempranas genera una vinculación mayor con la vida política y pública de un país.

P. El pasado 5 de marzo, el ministerio nombró un comité de 50 expertos con el fin de analizar el impacto de las tecnologías en los menores y diseñar un plan que los proteja de los riesgos de internet. ¿Podría avanzarnos alguna de las conclusiones?

R. Estamos trabajando paralelamente en el informe, que estará listo el próximo 20 de junio y contemplará medidas a corto, medio y largo plazo, y en la propuesta legislativa que está liderando el Ministerio de Presidencia, en la que nosotros somos coproponentes. Hemos hecho aportaciones concretas para ese marco legislativo, como un plan de alfabetización mediática para los menores. Se trata de dotarles de herramientas para saber cuáles son los límites del entorno digital, y que tengan conocimiento de lo que es un bulo o una fake news, de lo que son los límites de la democracia… estamos hablando de cuestiones de verdadero calado y tienen que aprender a manejarse. Además, también incluye un plan de formación para quienes tienen que dar ese soporte, teniendo en cuenta que muchos no son nativos digitales. Un símil podría ser la educación afectivo sexual [que ya es obligatoria en el sistema educativo], que permite a los chicos tener un criterio y manejar herramientas para defenderse. Pero esto no es suficiente. También planteamos medidas como la obligatoriedad de que los dispositivos digitales que vayan a ser usados por menores tengan un control parental.

P. ¿Cómo pretenden hacer efectivo ese bloqueo parental? Italia ha impuesto la obligación a las teleoperadoras de bloquear la navegación de los menores de 18 años en ocho categorías web consideradas inapropiadas a través de la identificación de sus tarjetas SIM.

R. La concreción técnica es lo que tenemos que terminar de perfilar. En una sociedad en la que no hay un marco regulatorio, lo que impera es la ley de la selva, y nosotras creemos que es necesario un acuerdo intergeneracional de país que acote de alguna manera y proteja a la infancia. De la misma forma que somos conscientes de que un niño tiene que disfrutar del aire libre y del sol, y sabemos que no podemos tenerle expuesto sin protección solar, hay que entender esta otra protección digital.

P. Resulta muy complicado regular el uso de las tecnologías en el ámbito doméstico. En este caso, y dada la urgencia y la repercusión del abuso en el bienestar de los menores, ¿no resultaría conveniente que el Estado actúe de manera unilateral como sucede con el tabaco o con las drogas?

R. Evidentemente, no se puede poner solo la carga en las familias, tienen que implicarse los gobiernos, los poderes públicos. Tenemos que hacer una reflexión profunda acerca del modelo de sociedad que tenemos, y ser capaces de ofrecer alternativas de ocio para que podamos desconectar del entorno digital. Trabajar para conseguir que haya un equilibrio en una sociedad en la que las jornadas de trabajo son muy extensas. Es crucial la cuestión de los cuidados en términos de políticas públicas, la reducción del tiempo de trabajo, para poder tener más tiempo de vida.

P. Hoy se cumplen 185 días de su toma de posesión. Desde la creación de su ministerio, algunos partidos han criticado que carece de competencias. ¿En qué ha mejorado la vida de los jóvenes en estos primeros meses?

R. Hay dos líneas en las que hemos trabajado desde el primer momento: el marco de los entornos digitales seguros y el desarrollo de la primera ley de juventud, con la ampliación de la participación de los jóvenes en la vida política. Los jóvenes en nuestro país han abierto de forma valiente debates sobre cuestiones fundamentales como la salud mental o la defensa de los derechos humanos, que estamos viendo estos días. No es cierto que la juventud no esté politizada en nuestro país, y nuestra voluntad es recoger sus demandas en esa nueva ley. Es verdad que es un ministerio de nueva creación, que todavía no tenemos presupuesto, y que está siendo complicado el impulso de cuestiones que se están desarrollando por primera vez.

P. El relato de que los jóvenes siempre viven mejor que sus padres parece que en España ha quedado invalidado. A finales de los 80 bastaban menos de tres años de sueldo íntegro para comprar una vivienda. Ahora, 7,3 años. ¿Tiene su ministerio alguna medida concreta en colaboración con el de Vivienda?

R. La vivienda es uno de los problemas centrales de nuestro país, tanto en lo que afecta a la juventud como a la infancia. Tenemos que ser capaces de una coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Hay competencias transferidas, y una ley de vivienda que dispone de mecanismos que permiten intervenir directamente o aliviar los precios de la vivienda. Las comunidades gobernadas por el PP se niegan a aplicar los índices de zonas tensionadas. Y esto es un problema. En Madrid, hay unos 13.000 pisos turísticos frente a 8.000 viviendas en alquiler. Estamos hablando de una asimetría extraordinaria. La semana pasada participé en Bruselas en un encuentro junto a los ministros de juventud de otros países europeos y se expusieron mecanismos de presión fiscal para aliviar y bajar los precios de la vivienda a nivel local. Pretendemos sacar una batería de medidas para trabajar con las autonomías y los municipios. Estudiaremos el acompañamiento económico necesario.

P. ¿Qué está fallando para que baje el riesgo de pobreza para la población en general, pero suba para la infancia?

R. Tenemos un problema estructural con la pobreza infantil. Es una cuestión histórica. De no haber intervenido con políticas audaces durante la pandemia y la crisis posterior, seguramente el índice de pobreza estaría muchísimo más disparado. Tenemos que desplegar muchísimas más políticas públicas. Necesitamos un pacto de Estado para erradicar la pobreza infantil. Nos hemos puesto a trabajar ya con todas las entidades que llevan tiempo planteando medidas concretas. La idea es, cuando tengamos este paquete de medidas, llevarlas al Congreso y trabajarlas con todos los grupos parlamentarios. Una de las medidas que planteamos, porque hemos visto que funciona en otros países europeos, es la prestación universal por crianza, que creemos que baja sustancialmente esta mala cifra.

P. Usted defiende que en ese pacto de Estado participen los grupos parlamentarios, también las comunidades y las entidades locales, competentes en la asistencia social. ¿Lo ve factible, dado el clima de crispación político?

R. Yo quiero pensar que cuando estamos hablando de un tema tan doloroso y de carácter estructural va a haber una voluntad política de todos los grupos para intentar poner soluciones. Hay que pedir que se baje el nivel de crispación y que se anteponga el interés general de la infancia.

P. Yolanda Díaz acaba de anunciar que una de sus prioridades en la negociación de los presupuestos va a ser una prestación universal de 200 euros hasta los 18 años. En la legislatura anterior Unidas Podemos también lo defendió y el PSOE no lo apoyó. ¿Cómo van las negociaciones?

R. Vamos a trabajar para que sea posible. La propuesta se tiene que concretar en los presupuestos del próximo año. Va a ser uno de los elementos de negociación, creemos que está suficientemente acreditado. No tendría por qué haber ninguna razón para no implementarla, por lo menos de manera gradual. Ahí está también la ley de familias, que plantea abrirlo al menos hasta los seis años [en la tramitación parlamentaria], y se puede luego plantear un mecanismo que la vaya dotando posteriormente.

P. ¿Por qué el hijo de una familia rica tiene que recibir 200 euros al mes?

R. Porque los derechos tienen que ser universales en democracia, de la misma forma que lo es la sanidad o la educación. Lo que tenemos es que garantizar que quien más tiene, más paga a través de la fiscalidad. Este es el mecanismo de redistribución.

P. Especialmente a raíz de la pandemia, hemos visto una explosión de problemas de salud mental en menores. ¿Cómo está trabajando el ministerio para abordar esta crisis?

R. Formamos parte del Comisionado para la Salud Mental, con quien ya hemos empezado a trabajar para poder presentar lo antes posible una batería de medidas más orientadas a la juventud y a la infancia. No se trata solo de una cuestión de medicalización, sino de ver cuáles son las condiciones estructurales como sociedad que hacen que se esté produciendo esto.

P. En la legislatura anterior se llegó a un compromiso para que antes de 2026 no haya ningún niño menor de seis años en centros. A final de 2022 eran más de mil. ¿Cómo se va a conseguir esto en menos de dos años?

R. En lo que tiene que ver con las competencias del ministerio, estamos sobre todo con un plan de formación de profesionales y con campañas sobre el acogimiento familiar, que tiene que ser el mecanismo prioritario para evitar que haya niños en centros de acogida.

P. ¿Comparte las críticas de las comunidades autónomas que consideran que un reparto de menores del calibre del acordado entre el Ejecutivo y el Gobierno canario no puede imponerse, sobre todo sin dotarlo de medios? Hablamos de unos 125 millones de euros, y para comunidades como La Rioja, por ejemplo, implicaría acoger a 296 niños.

R. Se está contemplando con dotación presupuestaria suficiente. El problema no es este. El fenómeno migratorio es dinámico y estructural. En 2022 se alcanzó un acuerdo de reparto de acogida y de una distribución de infancia migrante no acompañada entre todos los territorios. Se alcanzó por unanimidad. Lo que estamos planteando es que se pueden aplicar unos criterios similares. No puede ser que tres territorios del país tengan que hacerse cargo. Se trata de generar un mecanismo solidario que garantice los derechos de la infancia y que no genere presión en los territorios de acogida y de llegada.

P. Hablemos por último de su perfil político. Después de los resultados de la Asamblea de Izquierda Unida, en la que quedó a 30 puntos de distancia de Antonio Maíllo, ¿se siente legitimada para representar al partido en el Gobierno?

R. Por supuesto. El debate que tuvimos en Izquierda Unida es un debate interno que tiene que ver con la dirección del partido. Eso no tiene nada que ver con las tareas de gobierno, que son de otro orden, y voy a seguir desempeñándolas con total normalidad.

P. ¿Qué papel va a jugar en la nueva dirección de Izquierda Unida? Y, por otro lado, ¿cuál cree que debe ser la relación de Izquierda Unida con Sumar?

R. Ya formo parte de los órganos de dirección de Izquierda Unida. Mi compañero Antonio Maíllo y yo hemos tenido una coordinación absoluta y permanente en todo el proceso. Él ya ha dicho públicamente que va a contar con todas las candidaturas y ahora le corresponde a él, lógicamente, diseñar esa dirección política. En este momento, yo estoy muy concentrada en lo que tiene que ver con mis tareas de gobierno. Sobre la segunda pregunta, tenemos una relación en la coalición de gobierno que está funcionando muy bien. Yo creo que estamos todos muy cómodos con un programa, unas orientaciones políticas y unos objetivos comunes.