El transporte público, un modelo sostenible

El modo de transporte que escojamos para desplazarnos influirá en parte en la salud del planeta. La huella de carbono media por persona es de 5,9 toneladas al año, según datos de la ONU. No es una cuestión baladí y, por esta razón, se ha convertido en una prioridad dentro de la agenda internacional en la lucha contra el cambio climático.

El pasado mes de mayo la Asamblea General de la ONU decidió fijar el día 26 de noviembre como Día Mundial del Transporte Sostenible. Una jornada que nos invita a todos a tomar conciencia de la importancia de trasladarnos de una forma respetuosa con el medio ambiente y de la necesidad de disponer de una red de transporte eficiente, seguro, asequible y accesible que apueste por la intermodalidad [la combinación entre medios de transporte].

Hoy, por tanto, es un buen día para hacer balance: revisar los avances y actualizar los retos. El transporte colectivo es un servicio público esencial para garantizar el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos. Los poderes públicos están obligados a regularlo y salvaguardarlo como un medio para el ejercicio de otros derechos.

La facilidad en los desplazamientos no solo favorece la libertad de elección del lugar donde residir —algo que podría ayudar a solucionar en parte el problema de acceso a la vivienda—, sino el acceso a los derechos esenciales como la Sanidad, la Educación y el Trabajo, así como al turismo, ocio y deporte. También somos conscientes de que el epicentro de la contaminación está en las ciudades. El 70% de las emisiones se producen en las grandes urbes, según datos del Ministerio de Transportes. De esta forma, derechos sociales y responsabilidad climática son dos variables que hay que conjugar en el modelo hacia el que nos encaminamos para que nadie se quede atrás. Apostar por un transporte público sostenible, ahora más que nunca, es importante para hacer más habitables las ciudades.

Acabamos de estrenar un nuevo período político. En distintas ocasiones me he referido al que acaba de terminar como “la legislatura del transporte público”, porque ha sido clave para la recuperación de España, tanto en la pospandemia como durante la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania.

Una de las medidas del Gobierno que más lo ha impulsado ha sido la de las bonificaciones al transporte público. Estas ayudas han permitido alcanzar cifras récord de demanda este año. El número de ciudadanos que eligieron el autobús para trasladarse se incrementó más de un 20% con respecto a 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según un estudio elaborado recientemente por Greenpeace, esta medida habría evitado la emisión a la atmósfera de entre 160 y 320 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) diarias como consecuencia del trasvase de usuarios del vehículo privado al transporte público. El impacto ha sido, por tanto, muy positivo tanto desde el punto de vista medioambiental como social.

En este sentido, es una buena noticia que el Gobierno haya expresado su voluntad de prorrogar los descuentos al transporte público durante 2024, y sobre todo que se haya comprometido a convertirla en una medida estructural. Apostar por un modelo de movilidad sostenible y moderno no puede reducirse a acciones aisladas y coyunturales, sino que debe ser uno de los ejes principales que vertebre un sistema de transporte al alcance de todos.

Pero tenemos que ir más allá. Su uso masivo debe ser el pilar fundamental del modelo de movilidad sostenible, y así lo reconoce el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. A través de este plan, el Ministerio de Transición Ecológica se compromete a que España reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero un 16,6%, entre 2020 y 2030. Por encima del 14,5% exigido por la Unión Europea. Dicho plan también contempla que los usuarios del transporte público aumenten un 145% en 2025 y un 238% en 2030.

Más inversión pública

Para poder alcanzar estos ambiciosos objetivos sociales y climáticos resulta esencial incrementar la inversión pública en movilidad. Necesitamos ampliar las redes de transporte colectivo para dotarlas de más capilaridad, más frecuencia y mejores estaciones. Además, es clave promover la intermodalidad para fomentar el flujo de pasajeros entre distintos modos de transporte y conseguir que el conjunto del sistema sea más seguro y eficiente.

Asimismo, es fundamental desarrollar una Ley de Financiación del Transporte Público que dote al mismo de un marco de financiación estable, regulado y que no esté sometido a variaciones drásticas, con el objetivo de que las administraciones autonómicas y locales puedan planificar con garantías el futuro de la red de transporte público. España es uno de los pocos países europeos que no cuenta con una ley estatal de estas características y la cantidad que aporta el Estado ha ido fluctuando en función de la situación económica.

El transporte debe considerarse no un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar el desarrollo sostenible donde las personas y la descarbonización estén en el centro. En la celebración del primer Día Mundial del Transporte Sostenible quiero expresar el compromiso del sector del autobús con un objetivo común que nos compete a todos. Es el aire que respiramos y la salud del planeta lo que está en juego.

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