Allá donde se abren paso los derechos de las personas LGTBI en el mundo, sea con leyes que reconocen el matrimonio homosexual o la identidad administrativa de las personas trans, se produce una reacción más o menos virulenta. La lucha histórica del colectivo, que hoy celebra su día internacional, está sembrada de avances y retrocesos, pero ahora esa dinámica está virando rápidamente hacia la involución. Y ocurre en todo el mundo.

La ofensiva es clara en varios países de la Unión Europea, alentada por una ultraderecha que ha visto en cercenar los derechos del colectivo un material electoral e ideológico explosivo, sea en Hungría y Polonia, cuya fortaleza democrática está en entredicho, o en Italia, donde el Gobierno de Giorgia Meloni busca cerrar el paso a cualquier forma de reconocimiento legal de las familias con dos madres o dos padres. En España, donde los derechos están consolidados en la sociedad desde hace casi dos décadas, está en vigor desde hace cuatro meses una de las normas más avanzadas del mundo para las personas LGTBI, la llamada ley trans, colocada por las derechas, tanto PP como Vox, en el punto de mira durante esta campaña electoral.

Mientras que en las democracias los mensajes de odio y el uso político de los derechos LGTBI tienen una potente carga ideológica que envenena el discurso público y pone en riesgo la seguridad física de las personas del colectivo, en los regímenes autoritarios y dictaduras como Rusia y Arabia Saudí, se penaliza —en el último caso, junto con Irán, con la pena de muerte—, invisibiliza y borra cualquier diversidad sexual. En 32 de los 54 países de África la homosexualidad está prohibida, atravesados por una corriente religiosa ultraconservadora que anida también, de forma casi contagiosa, en países más tolerantes, como Senegal.

El mapamundi de los derechos LGTBI es inmenso y desigual. “Lo que realmente es nuevo es que cada vez hay más países que sufren reveses legales y cuya situación jurídica empeora”, explica Julia Ehrt, directora ejecutiva de ILGA Mundo, la Asociación Internacional de lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, compuesta por más de 1.800 organizaciones de 160 países. “Los hay que avanzan y cambian la legislación y la política en una dirección positiva en lo que respecta a la protección de las personas frente a la discriminación y la violencia. Pero cada vez hay más territorios que retroceden”, dice Ehrt. “Nuestra sensación es que la hostilidad contra las personas LGTBI está aumentando”, afirma.

El fenómeno del retroceso, dice la experta, tiene que ver, en primer lugar, con los sorprendentes avances que el colectivo ha conseguido en la última década, que provocan reacciones en contra. El caso español sirve de ejemplo si se mira con qué virulencia fue atacada la ley trans. O el brasileño, donde las personas trans tienen una gran visibilidad, con presencia en empresas e instituciones y, al mismo tiempo, es el país que más asesinatos registra. A eso, según la asociación, se suma el ascenso de gobiernos más derechistas en numerosos países —en Israel, por ejemplo, que tiene el Ejecutivo más ultra de los últimos tiempos, varios de sus ministros son abiertamente homófobos― y la expansión de la narrativa conservadora en el debate político, principalmente en los países occidentales. Por último, el uso de los derechos LGTBI como arma política por esos gobiernos más conservadores para conseguir la adhesión de su electorado.

EL PAÍS ha hecho un análisis de la situación de las personas LGTBI en el mundo, señalando por regiones los puntos calientes de esta ofensiva. “La ola reaccionaria, que ya tenemos aquí, es global”, dice la socióloga Gracia Trujillo, especializada en el área. “Hay una sensación de que no podemos replegarnos ahora; hay que defender lo ganado. Son nuestras vidas, las de nuestras familias, nuestro alumnado, nuestros vecinos…“.

EUROPA

Todavía la región más segura para la comunidad LGTBI

Por SILVIA AYUSO, Bruselas

Pese a un deterioro de la situación en algunos países y un incremento de los discursos hostiles, Europa sigue siendo una de las regiones donde más segura se puede sentir la comunidad LGTBI. De los 35 países del mundo donde está legalizado el matrimonio homosexual, 20 están en el Viejo Continente. Abrió camino Países Bajos, la primera nación del mundo en permitir que las parejas gais se casaran, en 2001. España lo hizo en 2005. Este año, lo han hecho Andorra y Estonia, que acaba de convertirse en el primer país báltico —y ex república soviética— en dar ese paso. España, además, tiene desde hace cuatro meses una ley de referencia en todo el mundo para blindar y ampliar los derechos de las personas trans y del resto del colectivo.

Aun así, hay muchas sombras, que son cada vez más extensas y que van más allá de los dos países europeos más abiertamente anti-LGTBI, Polonia y Hungría. Ya lo advertía en 2020 la Agencia Europea para Derechos Fundamentales (FRA), que al publicar una de las mayores encuestas —con 140.000 personas consultadas— del continente, señalaba que los promedios europeos “ocultan gigantescas diferencias entre países, en algunos de los cuales más del 70% de la población LGTB dice que la sociedad es más tolerante, mientras en otros el 68% dice que lo es menos”. Y la tendencia no cesa: en su último informe anual, ILGA-Europa alertaba en febrero de que 2022 fue el año “más violento en una década para la comunidad LGTBI” en el continente, donde “el discurso de odio anti-LGTBI no es cosa solo de líderes marginales o aspirantes a autócratas, sino un problema real con graves consecuencias”, destacó la directora ejecutiva de la asociación internacional, Evelyne Paradis.

Un peligroso juego que el año pasado redundó en un mortal ataque contra un bar gay en Oslo que dejó dos muertos, nueve heridos de bala y otros 25 con diversas lesiones, y otro similar en Bratislava (Eslovaquia), que causó otros dos fallecidos. La semana pasada, la policía austriaca informó de que había detenido a tres supuestos islamistas sospechosos de planear un atentado contra la marcha del Orgullo en Viena. Unos hechos que demuestran que el fenómeno de la violencia “no se da solo en países donde ha madurado el discurso de odio, sino también en algunos países donde se cree ampliamente que las personas LGTBI son cada vez más aceptadas”, advirtió ILGA.

Hungría y Polonia

Prohibido hablar sobre orientación sexual

Aunque en la clasificación de ILGA el peor país europeo para ser gay es, desde 2020, Polonia, Hungría avanza a pasos agigantados. La Comisión Europea anunció en julio del año pasado que había decidido llevar al Gobierno de Viktor Orbán ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por una ley aprobada que prohíbe hablar sobre la orientación sexual en escuelas y medios de comunicación lo que, a juicio de Bruselas, “discrimina a personas por su orientación sexual e identidad sexual”. La denuncia se convirtió este abril en uno de los mayores casos de derechos humanos de la Unión Europea, después de que un total de 15 países, además de la Eurocámara, decidieran adherirse a la denuncia. Entre los ausentes más notorios: Italia, cuyo Gobierno ultra también está dando pasos hacia atrás en materia de derechos LGTBIQ+.

Hace solo unas semanas, Hungría se unió además al veto de Polonia que impidió que el Consejo de la UE aprobara unas conclusiones que instan a los Estados a “promover y apoyar el derecho fundamental de todas las personas en la UE, incluidas las personas LGTBI, a estar a salvo de la violencia, acoso y discriminación” y a “proteger” a esta comunidad de discursos de odio y “narrativas conspiranoicas”, entre otras. En un intento de limitar el avance de las políticas anti-LGTBI, y con la mira puesta específicamente en Hungría y Polonia, a finales del año pasado, la Comisión Europea propuso un reglamento para armonizar las leyes de los Estados miembros relativas a la filiación que está diseñada específicamente para facilitar el reconocimiento legal de hijos de parejas LGTBI en territorio europeo. Esta iniciativa de Bruselas no ha impedido que, unos meses después, Italia se haya unido a los países que experimentan retrocesos en materia de derechos para la comunidad homosexual al ordenar el Gobierno de la ultra Giorgia Meloni que se prohíban los registros municipales de hijos de parejas lesbianas.

Rusia

Planes para prohibir el cambio de sexo y temor a centros de ‘reeducación’

Por JAVIER G. CUESTA, Moscú

La comunidad rusa LGTBI primero fue silenciada con la excusa de que la sexualidad de uno debe quedar en casa. Una vez asimilado ese paso, han aparecido amenazas muy recientes aún más graves. El Parlamento ruso tramita un proyecto de ley que prohibirá el cambio de sexo a las personas trans, un derecho reconocido por la ONU y, en cierto modo, por la antigua Unión Soviética. Además, el presidente, Vladímir Putin, ha ordenado crear un instituto “para la investigación del comportamiento sexual de la gente LGTBI”, una iniciativa que ha desatado el temor a que permita la proliferación de centros de reeducación de homosexuales. Para los activistas consultados, se ha truncado la vida “de toda una generación”.

ESTADOS UNIDOS

Asedio sin precedentes que empezó contra las mujeres

Por IKER SEISDEDOS, Washington

Un informe hecho público la semana pasada por la Liga Antidifamación (ADL son sus siglas en inglés) cifra en al menos 356 los ataques contra la comunidad LGTBI entre junio de 2022 y abril de 2023. La cuenta incluye “manifestaciones destinadas a intimidar a organizadores y asistentes a espectáculos drag, amenazas de bomba contra hospitales que ofrecen atención médica para personas LGTBI y un tiroteo masivo que se cobró la vida de cinco personas en un club de Colorado Springs”, y cuyo responsable fue condenado el lunes a cadena perpetua. Los derechos de esos colectivos se encuentran bajo un asedio sin precedentes, que no ha parado de crecer desde la sentencia del Tribunal Supremo que legalizó en 2015 el matrimonio homosexual.

La comunidad más perseguida es la de las personas trans. En solo dos años, al menos 19 Estados, gobernados por el Partido Republicano, han promulgado o están en proceso de aprobar leyes que prohíben los tratamientos de “reafirmación de género” para los menores. En algunos lugares, como Florida, también limitan el acceso a esos cuidados a los adultos. En Tennessee, entre otros Estados, se han prohibido los espectáculos públicos de drags.

Son los efectos de la guerra ideológica declarada por el movimiento conservador estadounidense tras lograr que el Supremo coartara los derechos de salud reproductiva de las mujeres con la sentencia que tumbó el año pasado la protección federal del aborto. Esa batalla, que comenzó con leyes que perseguían la presencia de atletas trans en el deporte femenino o las normas de uso de los baños públicos para las personas trans, también se libra en las escuelas, donde los libros que proponen historias sobre diversidad sexual son perseguidos, excluidos de las bibliotecas y sacados de los currículos académicos.

El tema se ha convertido en uno de los argumentos favoritos entre los candidatos a obtener la designación republicana para las elecciones presidenciales de 2024. Y, según un sondeo de 2022 realizado por Trevor Project, grupo de prevención del suicidio juvenil, también tiene sus consecuencias en la salud mental del colectivo trans: el 86% de los encuestados confesó efectos negativos para su bienestar psicológico derivados de la bronca política sobre sus derechos. Casi la mitad había considerado seriamente el suicidio en el último año.

AMÉRICA LATINA

Igualdad en las leyes, odio y asesinatos en la calle

Por ALMUDENA BARRAGÁN, Ciudad de México

En las últimas dos décadas, Latinoamérica ha avanzado con paso firme en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI. Sin embargo, lo alcanzado por la vía legislativa y judicial no se ha traducido en una reducción de la violencia, la homofobia y la transfobia. Por el contrario, estas manifestaciones de odio han ido en aumento. Entre 2014 y 2021, alrededor de 3.961 personas de la comunidad fueron asesinadas en la región, según Sin Violencia LGBTI, que agrupa a organizaciones de 11 países. El avance de las leyes sobre el papel no termina de verse materializado en sociedades tradicionales e históricamente conservadoras. A medida que unos países han reconocido derechos, se han producido retrocesos en otros como reacción de los grupos conservadores, las iglesias y los gobiernos de derecha, por ejemplo, con la proliferación de las mal llamadas “terapias de conversión”.

Pese a ello, la importancia del activismo en las calles y las movilizaciones de la sociedad civil han sido fundamentales para la conquista y el reconocimiento pleno de estos derechos. Mientras hay países a la vanguardia como Argentina, México y Colombia, existen regiones como Centroamérica y el Caribe que acusan rezagos importantes: por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo está prohibido en Honduras, Guatemala y El Salvador, y ser gay es un delito en Jamaica.

Bolivia, Ecuador, México y Cuba recogen los derechos de las personas LGTBI en la Constitución de sus países, mientras que el matrimonio entre personas del mismo sexo es reconocido en Argentina (el primero que lo aprobó, en 2010), Uruguay, México, Colombia, Costa Rica, Brasil, Ecuador, Chile y Bolivia. Cuba ha sido de los últimos en reconocer este derecho el año pasado, que es una asignatura pendiente en Perú, Paraguay o Venezuela. A la par, han avanzado la adopción y las leyes de reconocimiento de identidad y expresión de género para las personas trans y no binarias. En América Latina, 19 países reconocen la posibilidad de que cambien el nombre, sexo y género en sus documentos oficiales.

América Latina sigue siendo, sin embargo, una de las regiones más violentas del mundo contra la comunidad LGTBI. La falta de cifras oficiales de los gobiernos y la ausencia de clasificación de estos delitos como delitos de odio impide conocer su dimensión real. Las organizaciones señalan que, más allá de las cifras conocidas, existe un gran subregistro de casos. Las mujeres trans y los hombres homosexuales son el principal foco de estas agresiones. Casi el 90% de estos ataques se focalizaron en Colombia, México y Honduras, países atravesados por contextos de violencia generalizada que impregna las agresiones.

Colombia

Aumento de la discriminación en medio de la violencia

Por JUAN ESTEBAN LEWIN, Bogotá

En Colombia, el renacer del conflicto armado pone a la población LGTBI en la mira como una forma de control social. El país sudamericano, en el que fueron asesinadas al menos 148 personas LGTBI en 2022, según la Red Regional de Información sobre Violencias LGTBI en América Latina y el Caribe, ha visto un resurgimiento de los grupos y los conflictos armados en muchos de sus territorios. Y con esa violencia también viene una mayor amenaza a las personas de la comunidad. Pese a los cambios y mutaciones del conflicto armado colombiano, esa población ha estado en la mira de diferentes grupos por décadas. Esta vez no es diferente. Marcela Sánchez, directora ejecutiva de la ONG Colombia Diversa, lo explica claramente: “Entre las FARC y los otros grupos solo hay diferencia de intensidad. Todos usan la discriminación para controlar y sacar ventaja”. Aunque nunca ha dejado de ocurrir del todo, en los últimos meses se ha incrementado. Por ejemplo, el aumento de control territorial de los paramilitares del llamado Clan del Golfo en pueblos del Caribe colombiano. A través de asesinatos, extorsiones y violencia en general, promueve “imponer orden”, una noción que en el pasado terminó en violencia específica contra la población LGTBI.

Brasil

Sube la visibilidad del colectivo y los ataques de la ultraderecha

Por NAIARA GALARRAGA GORTÁZAR, São Paulo

Brasil puede ser considerado una especie de paraíso para las personas transexuales sin haber dejado de ser, simultáneamente, un auténtico infierno para esta minoría, con más de 1.700 muertes en 14 años. Encabeza desde hace más de una década la clasificación mundial de asesinatos registrados (que no perpetrados) de personas trans. Mientras, gozan de una visibilidad enorme y cotidiana en comparación con muchos países: su presencia aumenta poco a poco en las empresas y en las últimas elecciones, este colectivo llegó al Congreso de la mano de dos diputadas, las izquierdistas Duda Salabert y Erika Hilton. El resto de la comunidad LGTBI también es víctima de violencia letal.

El balance anual más reciente de Trans Murder Monitoring —obra de una red internacional de ONG— contabiliza “327 asesinatos de personas trans y de género diverso” en todo el mundo entre octubre de 2021 y de 2022. De esos, casi un tercio (96) corresponde a Brasil, seguido a distancia por México (56), Estados Unidos (51) y Colombia (38). El 71% ocurrió en Latinoamérica.

Además de la intolerancia violenta y el machismo, otros factores ayudan a explicar esa consolidada posición de Brasil: la visibilidad, un creciente empoderamiento, una población de 210 millones y 40.000 muertes violentas al año. Aquí, como en el resto del planeta, la inmensa mayoría de las víctimas trans son de género femenino y se buscaban la vida en la prostitución ante la falta de oportunidades.

Las diputadas trans han desembarcado en la Cámara más conservadora de la historia de Brasil y la reacción de la derecha reaccionaria ha sido fulminante; ha convertido la cuestión trans en su arma arrojadiza preferida contra los parlamentarios progresistas con proyectos de ley para revertir avances y un cóctel de bromas y ataques que movilizan a la militancia bolsonarista.

La violencia también se ceba en otros miembros de la comunidad LGTBI. El año pasado fueron asesinados 138 homosexuales (incluidas cuatro lesbianas), cinco bisexuales y dos heteros que fueron confundidos con gais, según el recuento del Grupo Gay de Bahía. En paralelo, más políticos de primera línea asumen abiertamente su homosexualidad y casi ha dejado de ser noticia. Es el caso de dos de los 26 gobernadores, recién reelegidos por cierto: Eduardo Leite, de Río Grande do Sul, de centroderecha, y Fatima Bezerra, de Rio Grande do Norte, del izquierdista PT. O de la ministra de Deporte o la nueva presidenta del Banco de Brasil.

ÁFRICA

Una oleada de homofobia alentada por el extremismo religioso

Por JOSÉ NARANJO, Dakar

Una ola de homofobia recorre África. Uganda acaba de aprobar una de las leyes más represivas contra el colectivo LGTBI de todo el continente, pero no es un caso aislado. Países como Tanzania y Sudán del Sur e incluso regímenes más democráticos como Ghana o Kenia también estudian endurecer su legislación en contra de las personas gais, lesbianas y trans. Activistas coinciden en señalar dos factores detrás del fuerte respaldo popular a estas medidas: el creciente peso del extremismo religioso, tanto cristiano como musulmán, y el auge del sentimiento antioccidental, que identifica a estas orientaciones sexuales como “desviaciones” impuestas desde el Norte global, ajenas a las culturas africanas.

La homosexualidad está prohibida en 32 de los 54 países africanos. Si bien Sudáfrica tiene una de las legislaciones más avanzadas en el reconocimiento de derechos a la comunidad LGTBI, lo que incluye el derecho al matrimonio para personas del mismo sexo, y en otros países se ha avanzado hacia la despenalización, como Angola o Mozambique, lo cierto es que la tendencia general es la inversa.

Hace cinco años, Laye (nombre ficticio), un joven senegalés de 28 años, era un destacado miembro de un colectivo de lucha contra el VIH/SIDA, una fórmula habitual del asociacionismo gay en países donde la homosexualidad está prohibida. Era frecuente verlo participar en debates públicos, colaborar con ONG europeas e incluso firmar artículos en la prensa. Hoy ha desaparecido del radar y vive prácticamente escondido. “Han intentado lincharme en varias ocasiones”, asegura al otro lado del teléfono, “no quiero hablar más con periodistas. He dedicado buena parte de mi vida a este combate, pero ya no puedo más. Hasta mi familia estaba amenazada”.

Senegal, de mayoría musulmana, es un país con una fuerte tradición de tolerancia. Sin embargo, la emergencia de grupos y sectas islámicas bajo influencia exterior, sobre todo de países como Qatar y Arabia Saudí, y su penetración en la vida política están calando en la sociedad. “Antes era difícil, pero ahora es un infierno”, remata Laye. Hasta ahora, el Gobierno senegalés ha conseguido resistir a las presiones para endurecer una legislación que ya prevé penas de hasta cinco años para quienes comentan “actos contra natura”, pero nadie sabe por cuánto tiempo. El principal líder opositor, Ousmane Sonko, quien cuenta con una gran popularidad sobre todo entre los jóvenes, ha prometido elevar los castigos si consigue llegar al poder.

Uganda

20 años de prisión por hacer “promoción de la homosexualidad”

“Pretender imponer valores sociales de un grupo a nuestra sociedad es imperialismo social. Ahora nos decís que tenemos que vivir como vosotros. ¡En absoluto!”, señalaba hace apenas un mes el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, para justificar la nueva ley que endurece no solo las penas contra el colectivo LGTBI, sino que impone 20 años de prisión para toda persona que haga “promoción de la homosexualidad”. Sin embargo, para la feminista lesbiana Kasha Jacqueline Nabagesera, es el triunfo de “los sectores de ultraderecha de iglesias occidentales que se han instalado en Uganda en la última década”. La ley fue aprobada en el Parlamento por una amplia mayoría de los diputados el 29 de mayo.

Kenia

Cadena perpetua por reincidencia en “prácticas homosexuales”

Ley para la Protección de la Familia. Así se llama el proyecto normativo prácticamente calcado de Uganda que se promueve en el Parlamento de Kenia, donde las denominadas “prácticas homosexuales” ya se castigan con penas de hasta 14 años de cárcel. La iniciativa incluye condenas de cadena perpetua en caso de “reincidencia” e incluso la pena capital para la “homosexualidad agravada”, en el caso de que dos personas del mismo sexo tengan relaciones y una de ellas sea menor de edad o tenga diversidad funcional. “Es una ley odiosa que realmente hará que la vida de los kenianos queer sea insoportable si se aprueba”, aseguró a Reuters Annette Atieno, miembro del grupo de Gais y Lesbianas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

ORIENTE PRÓXIMO

Donde la discriminación es ley

Por TRINIDAD DEIROS, Madrid

Casi todos los países de Oriente Próximo criminalizan por ley o en la práctica el sexo homosexual, con escasas excepciones como Baréin y Jordania, donde las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo no son ilegales siempre que se mantengan ocultas, según datos de ILGA. Entre los Estados que han institucionalizado la persecución a la comunidad LGTBI, sobresalen tres por su uso habitual de la pena capital contra esta minoría: Arabia Saudí, Irán y Yemen, que castigan las relaciones homosexuales con la muerte por decapitación, ahorcamiento o lapidación. En Yemen, solo se ejecuta a los hombres, mientras que las lesbianas se arriesgan a pasar entre tres y cuatro años en prisión, siempre que no sean condenadas también por otros delitos ajenos a su orientación sexual.

En Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Afganistán y Pakistán se dictan de forma esporádica condenas a muerte contra personas LGTBI, aunque lo más habitual son las penas de prisión, al igual que en Irak, Egipto y Omán. Estas condenas oscilan entre varios meses y entre tres y siete años de cárcel, dependiendo del país. En 2020, Sudán eliminó la pena de muerte para los gais de su código penal.

Arabia Saudí e Irán

De latigazos a pena de muerte por ser homosexual

Mehrdad Karimpour y Farid Mohammadi habían pasado 6 de sus 32 años en el corredor de la muerte cuando fueron ahorcados en enero de 2022 en la ciudad iraní de Maraghe (noroeste) por “sodomía”. Estos dos hombres son dos de los gais ejecutados en un país donde solo besar “con lujuria” a alguien del mismo sexo puede acarrear el recibir hasta 74 latigazos. Ni siquiera se conoce cuántas personas LGTBI han sido ahorcadas en Irán. Miembros de este colectivo han acabado en el patíbulo condenados por graves delitos no relacionados con su orientación, como “la enemistad con Dios” o la “corrupción en la tierra”, según organizaciones de derechos humanos.

La paradoja es que Irán sí permite los cambios de sexo gracias a un dictamen religioso de 1980 del entonces líder supremo del país, el ayatolá Jomeini, que consideraba que los transgénero eran enfermos nacidos en un cuerpo equivocado. Esa relativa tolerancia de la que se han beneficiado numerosos iraníes transgénero ha empeorado, sin embargo, la situación del colectivo LGTBI en su conjunto. Sus miembros ahora no solo son perseguidos, encarcelados y a menudo torturados, sino que además sufren fuertes presiones para hormonarse y someterse a cirugía de reasignación de sexo.

El otro gran ejecutor de personas LGTBI en Oriente Próximo es Arabia Saudí, según ILGA. Ese país carece de código penal y sus tribunales se rigen por la ley islámica, que homologa la “sodomía” con el adulterio, un delito penado con la lapidación. Como en Irán, personas LGTBI han sido acusadas de “corrupción en la tierra” o de espiar para otros países, cargos que también acarrean la pena capital. Los tribunales saudíes pueden ordenar contra las lesbianas, los gais y los transexuales torturas como la flagelación o las terapias de conversión.

Israel

Un antiguo oasis en la región con un Gobierno ultra y homófobo

Por ANTONIO PITA, Jerusalén

La llegada al poder en Israel, hace medio año, de un Gobierno con ministros abiertamente homófobos y un poder inédito de los partidos religiosos y de ultraderecha han llenado de miedos al colectivo LGTBI. Israel no reconoce el matrimonio ni la adopción gay (solo es posible el religioso), pero es el país de Oriente Próximo más respetuoso con los derechos LGTBI, con un presidente del Parlamento fuera del armario. Una imagen de isla de modernidad en un mar de intolerancia que no pierde ocasión de proyectar, tanto por motivos políticos como por el atractivo turístico nicho de Tel Aviv.

Los últimos seis meses han recordado a muchos, sin embargo, que Israel no acaba en Tel Aviv y sus alrededores. Hace apenas unos días, el día 20, Yitzhak Pindrus, diputado de Judaísmo Unido de la Torá, uno de los partidos ultraortodoxos que integran la coalición de gobierno, definió al colectivo LGTBI como “el mayor peligro para el Estado de Israel, más que el Estado Islámico, Hezbolá y Hamás”. “Si por mí fuese, no solo impediría la Marcha del Orgullo, sino todo el movimiento”, dijo.

No está solo en el Ejecutivo. El ministro de Seguridad Nacional (al mando de la policía), Itamar Ben Gvir, es un ultraderechista que participó en una contramarcha del Orgullo en Jerusalén con burros y cabras. Se llamaba la “Marcha de las Bestias”, para comparar a los homosexuales con animales de granja. El de Finanzas, Bezalel Smotrich, se definió en el pasado como un “homófobo orgulloso”; y el de Legado, Amijai Eliyahu, escribió una columna de opinión sobre el “terrorismo LGBTQ+”. El más homófobo es Avi Maoz, el secretario de Estado que quiere reintroducir en los formularios estatales (incluido el del servicio militar, que es obligatorio) las casillas “padre” y “madre”. Ahora hay una fórmula neutra.

Los derechos legales del colectivo siguen intactos, aunque hay propuestas sobre la mesa como que los empresarios puedan invocar “creencias religiosas” para discriminar en el acceso a los locales. De momento, las organizaciones están en guardia y movilizadas, con la solidaridad internacional como aliada, como muestra la Marcha del Orgullo más numerosa en Jerusalén, celebrada el día 1. Denuncian además un ambiente que legitima las agresiones. Según un sondeo de mayo, un 86% del colectivo se siente menos seguro.

Israel es, además, heterogéneo. Al menos la mitad de la población (palestinos con ciudadanía israelí, ultraortodoxos, nacionalistas religiosos…) rechaza mayoritariamente o persigue la homosexualidad, como muestra el reciente asesinato de Sarit Ahmed. Era una lesbiana drusa de 18 años a la que dos de sus hermanos habían amenazado de muerte por su orientación sexual. Tras un intento fallido de reconciliación, se mudó con su hermana. Cuando sus hermanos salieron de prisión, pidió ayuda a la policía y fue enviada en taxi a un refugio para mujeres jóvenes en situación de peligro, pero cambió de opinión antes de cruzar la puerta. Pensó que estaría más segura con su hermana. Unos días más tarde, su cadáver fue hallado con varios disparos. El principal sospechoso es uno de los hermanos. Los jeques drusos locales no asistieron al entierro.

ASIA

Invisibilidad, persecución y estigma

Por GUILLERMO ABRIL, Pekín

Asia es un continente inabarcable, también en cuanto a derechos LGTBI. La disparidad es inmensa, en numerosos países se ha avanzado, en otros se han dado pasos hacia atrás. Pero en resumen se puede decir que se encuentra a años luz de la Unión Europea. La isla autogobernada de Taiwán fue el primer lugar y de momento el único en reconocer las uniones del mismo sexo (en 2019). En Tailandia, donde vive una de las comunidades LGTBI más toleradas, los ganadores de las últimas elecciones (que aún no han formado Gobierno) quieren dar el mismo paso. En varios Estados la invisibilidad es la tónica. En otros, la persecución y el estigma. Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo, aprobó en diciembre una ley que prohíbe el sexo extramarital y la cohabitación entre parejas no casadas, un golpe que “viola los derechos de las mujeres, las minorías religiosas y las personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales”, según Human Rights Watch. Singapur en cambio legalizó en enero el sexo entre homosexuales, un hecho que sigue penado en Malasia, Bangladés y Myanmar, según la base de datos de ILGA.

La pandemia supuso un giro de tuerca más. Los confinamientos provocaron en Asia un “aumento de la transfobia y la homofobia” y “de los prejuicios, la estigmatización, los abusos verbales y la violencia física”, dice el último informe de Asia Pacific Transgender Network. Entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, 40 personas trans o de género diverso fueron asesinadas en Asia, según Amnistía Internacional.

China

Un panorama sombrío

Corren malos tiempos para la comunidad LGTBI en China. En un país que levantó las penas contra la homosexualidad en 1997, los primeros años dos mil conformaron un despertar del movimiento y de la defensa de los derechos. Últimamente, esa apertura ha cambiado de rumbo. “El endurecimiento de la normativa ha reducido la visibilidad y la cobertura mediática de la causa LGBTQ en China”, denuncia el colectivo Rainbow China en un documento elaborado para la delegación de la Unión Europea en Pekín. El texto pinta un panorama sombrío. Las leyes, asegura, han restringido a la sociedad civil y han afectado desproporcionadamente al movimiento LGBTQ, mermando su capacidad de movilización. La “persecución extrajudicial” se ha convertido en algo habitual para activistas. Sufren de forma rutinaria “acoso e intimidación”, y casi todas las organizaciones se han visto obligadas a cerrar por completo o suspender actividades.

En mayo, echó el cierre la organización Beijing LGTB Center por causa de “fuerza mayor”, aseguró en un comunicado. Abierta en 2008 y dedicada a todo tipo de servicios para la comunidad, desde ayuda psicológica a la educación en la diversidad de género y el apoyo en cuestiones como el VIH, su clausura ha sido uno de los terremotos definitivos. En 2020, Shanghai Pride, la organización que impulsó durante 11 años el mayor evento del orgullo en el país, anunció que cancelaba todas sus actividades.

“Aunque en China las personas LGBT sufren estigmatización y discriminación, esto no suele desembocar en violencia motivada por el odio”, resume un documento interno de la delegación de la UE en Pekín. El texto destaca que la homosexualidad y las relaciones entre personas del mismo sexo suelen entrar en conflicto con las tradiciones culturales chinas, por lo que son desaprobadas por la sociedad.

China permite el cambio legal de género de las personas (siempre que haya intervención quirúrgica), pero las terapias de conversión (que pretenden cambiar la orientación sexual de una persona) no están prohibidas. El Legislativo valoró las uniones entre personas del mismo sexo durante una revisión del código civil en 2020, pero finalmente no llegó a proponerse. Pekín no cuenta con ningún organismo oficial a cargo de la comunidad, según LGBT Rights Advocacy China. En 2021, el Gobierno censuró la aparición de hombres afeminados en la televisión pública. Según denuncian activistas, se cierran cuentas de redes sociales de grupos LGTB universitarios. Actos de todo tipo son interceptados por la policía, sobre todo cuando sus organizadores se ponen en contacto con medios de comunicación y embajadas occidentales u organizaciones internacionales. “Los activistas se han visto bajo presión por su trabajo e incluso han sido citados y detenidos bajo custodia policial. En algunos casos sus familiares también son acosados por las autoridades”, denuncia Rainbow China. El movimiento LGBTQ en China ha sido “diezmado intencionadamente por las autoridades chinas”, concluye. Aunque también ha habido avances, como la apertura en 2021 de la primera clínica para la transición de género de menores en el Hospital infantil de la Universidad de Fudan en Shanghái.

India

Un complejo tabú

India descriminalizó la homosexualidad en 2018 gracias a una histórica sentencia de la Corte Suprema que puso fin a una vieja norma de la era colonial. Pero todo lo que tiene que ver con la diversidad sigue siendo un complejo tabú en este inmenso país. “La comunidad LGBTQIA+ de la India sigue sufriendo discriminación sistémica en los mejores casos y violencia insidiosa en los peores”, denuncia un artículo reciente publicado por la fundación Women’s Media Center. La legislación india reconoce derechos básicos de esta comunidad, incluida la autodeterminación de género y la identificación como un tercer género, prosigue el texto. La cohabitación entre personas del mismo sexo no está penalizada, pero el matrimonio no está legalmente reconocido, “lo que impide a las parejas tomar decisiones como nueva familia”, añade. Esto podría cambiar pronto en un caso que ha levantado expectación en el país: varias parejas han solicitado a la Corte Suprema que legalice el matrimonio del mismo sexo.

En 2022, un estudio cualitativo sobre el trato a las personas LGTBQIA+ en los hospitales indios —publicado en Sexual and Reproductive Health Matters— concluyó que “los pacientes se enfrentaban a una discriminación interseccional que repercutía en su dignidad y bienestar”. El estudio iba más allá y diseccionaba muchas de las presiones sociales y familiares a las que se enfrentaban. Uno de los entrevistados, un paciente queer de 26 años, relataba cómo su entorno se dejó un dineral en terapias de conversión, que son ilegales sin el consentimiento del paciente: primero, cuenta, lo llevaron a un curandero religioso que le cobró 500.000 rupias (unos 5.560 euros) por un “hawan” (ritual de fuego); al no convertirse, añade esta persona, los familiares pagaron otras 100.000 rupias (unos 1.114 euros) “en un hospital para psicoterapias de conversión”.

El informe sobre derechos humanos en la India en 2022 elaborado por el Gobierno estadounidense destaca puntos positivos, como una resolución de la Corte Suprema de la ciudad de Madra, que recomendaba “cursos de sensibilización para funcionarios públicos y policías, además de ordenar a los gobiernos estatales y centrales que elaboraran planes de reforma para proteger los derechos de las personas LGBTQI+”. El tribunal sugirió además la revocación de las licencias de los médicos que afirman tener una “cura” para la homosexualidad y los baños de género neutro en escuelas y universidades, según el documento. Como puntos negativos: la denuncia de ONG sobre “discriminación y violencia incluidos los ataques físicos y la violación de miembros de la comiunidad LGTBQI+” y el hecho de que algunos policías cometieran delitos contra personas del colectivo y utilizaran “la amenaza de detención para coaccionar a las víctimas para que no denunciaran los incidentes”.