Mujeres con discapacidad esterilizadas a la fuerza: “Me operaron sin explicarme nada. Me han destruido”

Nunca había hablado del peor día de su vida hasta ahora. Tenía 20 años y su madre la llevó engañada al hospital Universitario de Valme, en Sevilla, donde acabó en una mesa de operaciones. Fue el médico quien tuvo que explicarle lo que iba a pasar: una operación de ligadura de trompas para esterilizarla.

“Me dijeron: firma aquí, y yo ya veía borroso por la anestesia”, rememora ahora, con 31 años. “No sabía lo que estaba firmando”.

Carmen, quien prefiere que no se publique su verdadero nombre, tiene un 67% de discapacidad intelectual. Su madre, que es su tutora legal, no la veía capaz de tener hijos. Muchas veces, la intención de la familia es proteger a estas mujeres, pero las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad alertan de que consiguen todo lo contrario.

Era 2013 y en España era legal la esterilización forzada de personas con discapacidad en supuestos excepcionales y con autorización de un juez. Una práctica prohibida en 2020 en el país, pero que sigue presente en gran parte de la Unión Europea. Solo nueve países la penalizan, a pesar de contravenir el Convenio de Estambul sobre la violencia contra las mujeres.

“Me acuerdo del oxígeno, de que no quería dormirme y lloraba, suplicando que me dejaran tener solo un hijo”, relata la joven. Poco importó su negativa. Todavía hoy asegura que su madre justifica su decisión. “Me decía que sin la operación habría tenido muchos hijos, que era lo mejor que me pudo hacer”.

Lo primero que Carmen vio al despertarse fue la cicatriz y ahí comenzó su sufrimiento. “Cada vez que la veo me entran ganas de morirme”. A partir de ese momento, la relación con su madre se deterioró y la obligó a internarse en un centro para personas con discapacidad, lo que para ella es una cárcel.

“Nunca la podré perdonar, me ha quitado la mitad de mi vida”. Más de una década después todavía siente rencor y no cree que llegue a superar nunca el trauma.

En España, solo en 2020, los juzgados de primera instancia resolvieron 28 procesos de esterilizaciones forzadas a personas con discapacidad, según datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial. Este fue el último goteo de casos por vía legal hasta el cambio de ley en diciembre de ese mismo año. En los 10 años previos se abrieron 932 procesos. Sin embargo, las organizaciones denuncian que estos datos no reflejan la realidad del país. Aseguran que a esta cifra hay que sumarle todas las esterilizaciones que se han hecho al margen de la ley y que son muy difíciles de cuantificar.

“Hemos conocido casos de mujeres con discapacidad que se quedaban embarazadas y sus familias decidían interrumpir el embarazo sin contar con su consentimiento. En la misma operación para practicarle el aborto se acordaba también la esterilización”, señala Isabel Caballero, coordinadora de Fundación Cermi Mujeres.

“Algunas mujeres se han dado cuenta de que tenían hecha una ligadura de trompas cuando han intentado ser madres y no han podido. De pronto, recuerdan que con 18 años fueron al hospital para una intervención y nunca supieron de qué se trataba”, añade.

Es habitual que en los casos de esterilización forzada la víctima no sea informada del procedimiento e incluso que la engañen y lo hagan pasar por otra intervención. A Rosario Ruiz, sevillana de 53 años y con un 67% de discapacidad intelectual, le ocultaron las consecuencias de la operación.

Con 21 años, Rosario conoció a Antonio en el centro ocupacional de día, pero sus padres se negaron a aceptar la relación y hablaron con su médico de cabecera, quien sugirió que la esterilizaran. “Me llevaron al hospital y me dijeron que si no me operaba me separarían de Antonio y me internarían en un centro hasta que me muriese”.

Al día siguiente pudo ver la cicatriz en su vientre. “Me pregunté: ¿qué han hecho con mi vida? ¿Soy una inútil? ¿No soy persona? ¿Todos sirven para ser padres menos yo? A mí me han destruido”. Rosario se ha resignado, pero no olvida. Se encuentra “vacía todos los días”. Y comparte esa idea tan extendida de que una mujer que no puede ser madre es una mujer incompleta. “He perdido mi derecho como mujer y como persona”, dice.

Hace tres años, la vida de Rosario cambió: consiguió revertir su incapacidad y pasar a un régimen de curatela que le permite llevar una vida semi independiente gracias a la ayuda de la asociación Plena Inclusión. Aun así, solo puede pasar los fines de semana con Antonio, ya que entre semana cuida de su padre de 80 años, el mismo que no la creía capaz de hacerse cargo de nadie.

A pesar de que la esterilización forzada ya no se permite en España, esto no es una garantía de que no se produzca. La abogada especializada en discapacidad Ángeles Blanco explica que “en la práctica” se puede hacer “por la puerta de atrás”, en la medida en que “se vicia el consentimiento informado”. Es decir, que no se garantiza que la paciente haya comprendido el proceso.

Sin los recursos para adaptar la comunicación a mujeres con dificultades de expresión y comprensión, “la decisión sobre algo tan invasivo en la integridad de la mujer recaerá sobre un familiar o un profesional, pero no será tomada por la propia mujer con discapacidad”, subraya.

Ilegalización a debate en Europa

“La esterilización forzada es una forma de dominación muy cruel, tanto de la sexualidad como de la reproducción”. La que habla es María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada del Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo. Todo el espectro político está de acuerdo en acabar con la práctica, pero el debate se encuentra en el punto más complicado.

Para que la prohibición de la esterilización forzada obligue a todos los Estados miembros a cambiar sus legislaciones nacionales, los eurodiputados estudian la forma de incluirla en la nueva directiva europea sobre la lucha contra la Violencia contra las Mujeres que se votará a principios de julio.

“La directiva tiene una base legal muy estrecha, porque se basa en el eurodelito de la explotación sexual”, dice Rodríguez Palop. Lo que está intentando el Parlamento Europeo es ampliar el concepto de agresión sexual y relacionar la explotación sexual con la explotación reproductiva. A esto se le suma que muchos Estados se están resistiendo a la parte penal de la directiva, “incluso los que no suelen ser sospechosos habituales de ir en contra de los derechos humanos, como Francia, Bélgica o Portugal”, añade.

En el hospital parisino l’Institute Mutualiste Montsouris, la matrona Béatrice Idiard-Chamois atiende desde 2015 en una consulta ginecológica especializada a mujeres con discapacidad. De entre todas sus pacientes, no ha podido olvidar el caso de Sophie. La joven, con autismo no verbal, llegó acompañada de su madre y de una matrona de la institución en la que iba a ingresar. Las dos mujeres pedían la esterilización de la joven antes de entrar en el centro. “Se quedaron muy sorprendidas cuando no consentí la operación”, cuenta Idiard-Chamois.

A pesar de que, sobre el papel, las instituciones no pueden exigir medidas contraceptivas como requisito de ingreso, la realidad es muy distinta. “Los centros siempre reclaman que las personas con discapacidad tomen algún tipo de anticonceptivo. En ocasiones, el propio psiquiatra del centro les prescribe la misma píldora a todas sin un examen ginecológico previo”, denuncia la matrona.

En Francia es posible esterilizar a una mujer sin su consentimiento. La ley, modificada en 2001 para legalizar la práctica, establece que solo se puede ligar las trompas a una persona con discapacidad en algunos supuestos muy controlados. La clave del texto es el consentimiento informado de la paciente. Sin embargo, es lo más difícil de garantizar.

“Hay que ser realistas, no es algo fácil. Cuando la discapacidad intelectual es profunda, nunca estamos seguros de que ellas hayan comprendido y consentido”, espeta la ginecóloga Ghada Hatem, médico jefe de la Maison de Femmes de Saint Denis, un centro para mujeres con dificultades económicas o víctimas de violencia.

Hatem es miembro del comité de expertos que evalúa las peticiones de esterilización y en cuyo informe se basa la decisión del juez. Pese a todo, cree que para algunas mujeres con discapacidad severa la esterilización es mejor opción que la contracepción, y se pregunta cuál es la idea de hacer algo que no sea irreversible. “Si supiéramos que dentro de cinco años se le habrá curado la discapacidad… pero esto no es cierto, así que, ¿por qué imponer algo que debe renovarse periódicamente?”.

La presidenta de la Asociación Francófona de Mujeres Autistas, Marie Rabatel, está en total desacuerdo. Para ella, la legalización de las esterilizaciones en Francia da pie a muchos más abusos, sobre todo a las mujeres que viven internas en una institución. “Dicen que es para proteger a las mujeres, pero ¿protegerlas de qué, del embarazo en caso de violación?”, se pregunta. Sus sospechas no están lejos de la realidad, ya que las mujeres con discapacidad severa tienen mayor riesgo de sufrir agresiones sexuales.

Resquicios legales que dan pie a abusos

“La vida en las instituciones para personas con discapacidad es represiva”, denuncia el abogado y activista de la ONG húngara Tasz Kristoff Kornyei. “La cuestión de tener hijos ni se plantea, porque a los propios residentes los tratan como a niños”.

Tibor y Piroska, ambos con discapacidad intelectual, viven en pareja en una pequeña habitación repleta de peluches de la institución Kolping Tordasi Otthona, a las afueras de Budapest. Los 15 metros cuadrados con los que cuentan son suficientes para ellos, pero no para cuidar a un hijo. “Si no viviésemos aquí, nos habríamos planteado tener una familia, pero aquí no es posible porque un niño necesita seguridad”, comenta Tibor.

Con 58 años, Piroska ya no necesita anticonceptivos, aunque antes solía tomarlos a diario. “Tomaba Overol, unas pastillas rosas y otras blancas”, recuerda. A veces también le ponían inyecciones, asegura, y no es algo que eligiera ella. “No, me las prescribía el neurólogo”, recuerda.

La enfermera jefe de este centro afirma que, de entre los 200 internos, medio centenar de los cuales viven en pareja, solo cinco mujeres toman contracepción. Aun así, asegura que “en los últimos 20 años no ha habido ningún nacimiento ni aborto”.

En Hungría, 15 mujeres internas se han visto sometidas a esterilizaciones, permitidas por la ley de ese país, uno de los tres únicos en la UE que no las prohíben. Los otros dos son Portugal y la República Checa.

El proceso para llevarlas a cabo en Hungría dura un año y requiere hasta ocho consultas ginecológicas, según la enfermera de la institución Kolping Tordasi Otthona. “El juez debe escuchar a la paciente y a sus tutores”, añade Sándor Gurbai, portavoz de la Fundación Validity, pero “no se especifica cómo debe hacerlo”. Además, en alguno de los supuestos, el texto no exige el consentimiento de la paciente, sino que establece que esta no puede estar en contra. “Si la persona con discapacidad está sentada sin decir nada, se da por hecho el consentimiento”, dice el portavoz. Gurbai subraya que además hay un resquicio legal, ya que en casos en los que se considera que el embarazo supone un riesgo para la vida de la persona, el juez no está obligado a pedir su aprobación.

Rosa Estarás, eurodiputada del Partido Popular Europeo y madre de un niño con discapacidad, sostiene que el de las esterilizaciones es un tema tabú. “Ha habido una permisividad en los códigos penales o en las leyes de los diferentes Estados miembros para que, con una incapacitación judicial, se les pudiera quitar la posibilidad de montar una familia”.

La falta de recursos lleva a algunas familias a elegir una opción drástica que tiene consecuencias irreversibles. “Que a una persona se la prive de su derecho a reproducirse es una violación flagrante de los derechos humanos. Ahora, cuando entras dentro de una familia con una niña o niño con discapacidad, te das cuenta de que faltan muchas ayudas. No se puede dejar a las familias con el mensaje tan bonito de los derechos humanos, pero sin ayudas, y sin que la sociedad les abra camino. Eso es lo complicado”, añade.

A pesar de la decisión que tomó la madre de Carmen y del rencor que le guarda, ella no puede evitar seguir teniéndole cariño. Aun así, no logra sacarse de la cabeza una pregunta: “¿Por qué me tuvo que hacer esto?”. Responde de forma tajante la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop: “Hay eugenesia también en el siglo XXI. Queremos una población perfecta, de acuerdo a cánones que son muy sospechosos, porque la perfección coincide con nosotros mismos”.

El plan eugenésico que avergüenza a Suecia

“Era un secreto. La sociedad se avergonzaba de que la gente hubiese sido esterilizada de manera forzada, por eso no se habla de ello en Suecia”, reflexiona el director de cine sueco Kjell Sundstedt. El país, el primero de Europa en abolir la esterilización forzada, puso en marcha un plan eugenésico entre 1934 y 1976, basado en presupuestos racistas. Las víctimas eran jóvenes y en su mayoría mujeres: se las consideraba “débiles mentales”, “rebeldes” o de “raza mixta”.

El Gobierno temía “un suicidio racial”, ya que “la gente con malos genes procreaba más que la clase media”, explica Sven Widmalm, profesor de Historia de la Ciencia de Upsala. Entre los considerados con malos genes se encontraban los cuatro hermanos de la madre de Kjell, encerrados en un manicomio en la década de los cuarenta. A ellos, como a otras 33.000 personas en Suecia, los obligaron a someterse a una esterilización para salir de la institución.

Bastaba con ser muy alegre, pintarse las uñas o ser madre soltera para que cualquier superior pudiese presentar una solicitud de esterilización. Con estos documentos se topó Maija Runcis, archivista y profesora de Historia en la Universidad de Estocolmo. “La primera solicitud que llegó a mis manos era para una niña de 13 años cuyo catequista había pedido su esterilización porque no prestaba atención en clase”, relata. “He estudiado cientos de solicitudes y al hacerlo pensaba: podrían haberme esterilizado a mí”.

La sociedad, que en un principio había visto con buenos ojos el plan del Gobierno, comenzó a cuestionar esta política inspiradora de la Alemania nazi. Tras pedir perdón, el Gobierno estableció un plan de compensación económica de 175.000 coronas suecas (unos 15.000 euros) a las víctimas, pero solo unas 3.000 personas la pidieron. Maija asegura que “la mayoría estaban tan avergonzados de admitir que habían sufrido una esterilización que no la solicitaron”.