Preguntas y respuestas sobre la ‘ley trans’

La llamada ley trans fue, desde el inicio, compleja. Compleja en el articulado, en la tramitación y en el debate y las tensiones que ha generado: en el movimiento feminista, entre los grupos parlamentarios, dentro del Gobierno y dentro de un mismo partido, el PSOE. El Ejecutivo fijó su intención de que quedase aprobada antes de que acabase el 2022. No ocurrió y la norma tuvo que volver al Senado, de donde salió la pasada semana con algunas modificaciones técnicas. Pero, con todas las dificultades que ha conllevado, ha sido aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados.

Es una de las normas estrella del Ministerio de Igualdad para esta legislatura, junto a la reforma de la ley del aborto, a la que también se dará luz verde en el pleno de esta mañana; y junto a la ya aprobada ley del solo sí es sí, cuyas primeras consecuencias —las rebajas de penas y excarcelaciones de reos de delitos sexuales—, han provocado que se intensificaran en los últimos meses las críticas de aquellos que se han posicionado en contra de esta legislación para otorgar derechos al colectivo LGTBIQ.

Aquí, algunas de las claves de la ley y del contexto en el que se ha tramitado.

¿Qué propone la ‘ley trans’?

El Proyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI incluye medidas en el ámbito laboral, de la salud, educativo o administrativo con “el objetivo de desarrollar y garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (en adelante, LGTBI) para asegurar que en España se pueda vivir la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar con plena libertad”.

Incluye, entre otras cuestiones, la prohibición de las terapias de conversión, incluso cuando cuenten con el consentimiento de la persona interesada o de sus representantes legales; el acceso a técnicas de reproducción asistida dentro de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud para las mujeres lesbianas, bisexuales y aquellas sin pareja, que fue excluido hace siete años; y la filiación de los bebés para mujeres no casadas.

Pero el quid de todas las tensiones que se han producido desde el comienzo es el corazón de la norma, la autodeterminación de género: que una persona pueda cambiar de nombre y sexo en el DNI solo con su voluntad. Aunque el trámite no será inmediato, la legislación establece un proceso que puede alargarse hasta cuatro meses en el que la persona ha de declarar esa voluntad en dos ocasiones, la inicial y una segunda vez.

Y ese cambio se contempla a partir de los 12 años, por tramos de edad: a partir de los 16 sin requisitos, entre los 14 y 16 con consentimiento de sus representantes legales, y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial.

¿Qué posición tiene cada partido?

Dentro de la previsible ruptura que iba a producirse entre los bloques de derechas e izquierdas, ha habido matices. Tanto el PP como Vox, en contra de la ley, presentaron una enmienda a la totalidad de devolución, es decir, querían frenar el trámite de la legislación sin presentar texto alternativo; enmiendas que fueron tumbadas en el Congreso el pasado octubre. Comparten la idea de la “ideologización” de la normativa, y también, aunque de forma distinta, la patologización de la transexualidad. Mientras que Vox hablaba de “trastorno psicológico”, el PP lo hacía arguyendo que debería seguir existiendo “un informe médico que diagnostique una disforia de género”, como sucede hasta ahora.

Al otro lado, con diferencias, han estado tanto Ciudadanos como la izquierda. El partido naranja se mostró siempre favorable a la ley, aunque hubo cuestiones con las que no estuvieron de acuerdo, como la vía de urgencia con la que se tramitó. Y los tradicionales socios del Ejecutivo de coalición, como PNV, Junts, BNG o Esquerra, a favor, también introdujeron enmiendas al articulado de la norma; lo que fue tomado por Unidas Podemos a lo largo de la tramitación como algo positivo para “mejorar la ley”.

Sin embargo, ha sido la autodeterminación de género el punto que ha provocado la ruptura dentro de su socio de Gobierno, el PSOE. Dentro del partido socialista había, y hay, un grupo de mujeres que, alineadas con los argumentos de parte del movimiento feminista y los populares, creen que esta normativa supone un peligro para los derechos adquiridos por las mujeres y para legislación en vigor, como la ley de igualdad o contra la violencia de género.

¿Qué opina el movimiento feminista?

El 8-M de 2022, por primera vez en la historia, el feminismo caminó separado. Hubo dos manifestaciones en una veintena de ciudades españolas y en Madrid, que marca el pulso de este día, se convocó a la misma hora con recorridos diferentes. Y aunque la abolición de la prostitución era el eje visible de esa ruptura, de fondo estaba latente la autodeterminación de género, que ha llevado a diferentes organizaciones, cercanas a socialistas veteranas, a posicionarse contra esta legislación y a pedir cambios profundos en su articulado. Esa escisión volvió a darse el Día contra la Violencia de Género, el 25 de noviembre, y volverá a ocurrir este 8 de marzo.

Estas organizaciones afirman que la ley “borra a las mujeres” porque entre otras cuestiones, y según su argumentario, tendrá consecuencias sobre “la salud de la infancia, sobre los derechos de las mujeres” y “en las leyes que protegen a las mujeres, como la ley contra la violencia machista o la ley de igualdad”. También que la terminología legislativa que se ha usado “oscurece la existencia del sexo biológico”, puesto que el concepto es identidad de género, que “no es una identidad, sino el conjunto de normas, estereotipos y roles, impuestos socialmente a las personas en función de su sexo”. Para los menores, pedían que se limitaran “las decisiones que afectarán el resto de su vida”.

¿Cuál es la posición del colectivo LGTBIQ?

Desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más explican que llevan décadas pidiendo lo que ahora recoge la norma: “Que no se nos trate como enfermas y que haya igualdad ante la ley, reconocer nuestra identidad sin tutelas”. Sin despatologización y reconocimiento de su identidad, dicen, seguirán siendo “ciudadanas de segunda categoría”. Y, en cuanto al “borrado de las mujeres”, responden que “no se pretende borrar el sexo biológico, porque no se puede, y las personas trans son conscientes de ello. Lo único que se pretende es que este sexo biológico no determine la identidad de nadie”.