La Conferencia Episcopal se desmarca de la investigación de la pederastia y alega que la lleva el Vaticano

La Conferencia Episcopal Española (CEE) se desmarca de la investigación que afronta la Iglesia española de 251 casos de pederastia, a raíz del informe entregado por EL PAÍS en el Vaticano y al propio presidente de los obispos españoles, el cardenal Juan José Omella. Un portavoz asegura, día y medio después de hacerse público, no saber nada de cómo se va a proceder, ni cómo se va a organizar, ni cuáles son los tiempos, ni si se tomarán medidas cautelares contra aquellos acusados aún en activo. Explica que es el Vaticano quien se encarga de la investigación y debe responder a estas preguntas, pues la entidad competente para investigar es la Congregación de la Doctrina de la Fe, el órgano que centraliza el control de estos delitos. “La CEE no tiene competencia para investigar”, razona. Esta postura choca con la de la Santa Sede, que tras recibir el dosier supervisa la investigación de la Iglesia española. Este diario ha comprobado que en el Vaticano causa sorpresa que la CEE no se ciña a las reglas canónicas, que indican claramente que quien recibe denuncias tiene el deber de iniciar una investigación. El cardenal Omella, al recibir el informe, lo entregó de inmediato al tribunal eclesiástico de Barcelona, de donde es arzobispo, y comenzó su investigación. Aunque el informe comprende 31 diócesis y 31 órdenes religiosas, que son las competentes para las pesquisas y adonde deberán ser derivadas. Por su parte, la mayoría de las órdenes religiosas, a las que les afecta el 77% de los casos del informe, ya lo están investigando. La CEE siempre se ha negado a emprender una revisión del pasado y rechaza una comisión de la verdad independiente como la creada en Francia, Alemania y otros países.

En la misma línea, la CEE se desentiende de coordinar la investigación de los 251 nuevos casos aportados por este periódico porque “entendemos que EL PAÍS mandará el informe a las diócesis y congregaciones religiosas”. De hecho, en una nota la entidad pide que “esa misma información se entregue también a las oficinas de protección de menores y prevención de abusos que están en las diócesis y a las congregaciones”. “No sabemos lo que va a hacer Doctrina de la Fe”, concluye este portavoz, que insiste en que no tienen ninguna actuación prevista y esperan que lo haga el órgano vaticano. Entretanto, al correo electrónico de denuncia de abusos de EL PAÍS han llegado desde el domingo más de 30 nuevos mensajes.

Reina una gran confusión porque la propia emisora de los obispos, la cadena Cope, ha publicado esta mañana en su web un artículo que decía exactamente lo contrario, con el titular “La Iglesia española investigará las últimas denuncias de abusos tal como realiza desde hace más de diez años“. En el texto se dice que “las diócesis españolas estudiarán con detenimiento el elenco de las denuncias de presuntos abusos contra 251 sacerdotes y algunos laicos de instituciones religiosas presentadas. (...) En primera instancia la investigación no compete directamente al Vaticano, sino a las 31 diócesis y 31 órdenes religiosas afectadas por las denuncias”.

La respuesta de la CEE, en medio de una fractura interna entre los obispos que están a favor de abordar de una vez el problema y quienes optan por negarlo, es totalmente opuesta a la de la mayoría de las órdenes religiosas, a las que este diario ya entregó la lista de acusados que les incumbe y que reaccionaron rápidamente. Contestaron que investigarían cada episodio de manera contundente. “Independientemente de que sean casos de hace años, o esté vivo o no el salesiano sobre el que tenemos esos testimonios, se iniciará el procedimiento canónico”, afirmaron los salesianos. “Se investigará y se investigará”, recalcó el Opus Dei. “Creemos en su palabra”, dijeron los maristas sobre las víctimas.

En cuanto a su valoración del informe, los obispos admiten en su comunicado que “todas las iniciativas de instituciones y medios que ayuden a acabar con la lacra de los abusos sexuales cometidos contra menores o personas vulnerables en la Iglesia o en la sociedad son, en principio, una buena colaboración”. No obstante, la CEE critica el trabajo del EL PAÍS: “Sería deseable que las acusaciones que recoge el citado informe tuvieran mayor rigor, ya que su contenido, de carácter muy dispar hace difícil extraer conclusiones que puedan servir a una posible investigación. De manera especial cuando faltan nombres de los acusados, años en que ocurrieron los abusos, o se refiere a personas fallecidas”. En la Cope, la emisora de radio propiedad de los obispos, su director editorial, José Luis Restán, también desacreditó el informe como “una macedonia” y “sin demasiado contraste”.

El expediente de este diario, elaborado durante tres años y tras investigar 600 denuncias llegadas a su correo electrónico, contiene 251 casos con indicios e información relevante para poder indagar en las acusaciones. Ninguna es anónima, pero se ha preservado la identidad de los denunciantes, y EL PAÍS se ha ofrecido a la Iglesia a facilitar como mediador el contacto con las víctimas si desean prestar su testimonio en la investigación. Solo en 35 de los casos la víctima no recuerda el nombre del acusado. No obstante, sí aporta fechas, lugares, a menudo el puesto o función del clérigo y una descripción de los hechos. Solo en nueve casos de 251 no figura la fecha.

La CEE también “anima a todas las víctimas a presentar sus denuncias en las instituciones jurídicas, canónicas o sociales”. En el informe, no obstante, hay al menos una veintena de casos de víctimas que lo han hecho recientemente en los últimos años con escasos resultados. Llamaron a las puertas de las diócesis y órdenes religiosas, pero en algunos casos los responsables no abrieron ninguna investigación y en otros, donde les aseguraron que celebrarían un juicio canónico, siguen a la espera de que la congregación o el obispado se pongan en contacto con ellos.

Son numerosos los afectados que ponen en duda el trato que han recibido de la jerarquía eclesial, también de las oficinas de atención a víctimas que, desde 2020, hay en cada diócesis. Javier, víctima del sacerdote pederasta José Manuel Ramos Gordón en el seminario menor de La Bañeza (León) a finales de los ochenta, ha intentado comunicarse repetidamente con la delegación para afectados de abusos de la diócesis de Astorga. “Tienen 15 correos míos que no han respondido nunca. Pero también el nuncio, la Congregación para la Doctrina de la Fe y la Conferencia Episcopal. Es un fraude. Lo hacen para seguir encubriendo sus crímenes”, afirma. Su agresor fue condenado a un mes de retiro espiritual en 2017, que no cumplió. Ahora intenta que se repita el proceso. “Solo fui allí una vez y estuve cinco minutos”, subraya.

Juan Cuatrecasas, presidente de la asociación de víctimas Infancia Robada, ha reaccionado indignado a la respuesta de los obispos: “Que estos señores hablen de rigor es ofensivo. Que entrevisten a cada víctima de ese informe y que les digan cara a cara mirándoles a los ojos que lo que dicen no tienen rigor. Lo que no tiene rigor es decir que las diócesis han abierto oficinas de atención a las víctimas y no hay ningún informe publicado de a cuántas victimas han atendido y cómo. ¿En qué consiste su atención? ¿Es como la que han dado a muchas víctimas, como a Javier en la diócesis de Astorga? Si realmente sus oficinas son tan rigurosas, deberían contar con personal independiente, no con personal propio, porque es como meter al zorro en el gallinero. O son proactivos o no lo son. Dar misa y repicar campanas no es posible. Que los obispos españoles dejen de una vez de mentir”.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es