La Fiscalía de Baleares se opone al confinamiento forzoso de los estudiantes del macrobrote en Mallorca
El ministerio público sostiene que resulta “extraño” que no se haya considerado contactos a los trabajadores de los hoteles, de ocio o los clientes de alojamientos que compartían espacio con los jóvenes
La Fiscalía de Baleares se opone al confinamiento forzoso bajo custodia policial de 235 jóvenes en el hotel Palma Bellver, contactos estrechos de diversas personas positivas en coronavirus por el macrobrote de las fiestas de estudiantes de fin de curso. Así, la Fiscalía rechaza la ratificación de la resolución de la dirección general de Salud Pública y Participación del Gobierno de Baleares, ordenada el pasado domingo. La Fiscalía de las islas ha remitido un informe al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma, que este miércoles tendrá que pronunciarse sobre la medida. El ministerio público considera en su informe que la condición de “estudiantes en viajes de estudios” es la única que les convierte en sospechosos o contactos de personas que dieron positivo en coronavirus en su regreso a la península. En el hotel Palma Bellver hay confinados este martes 249 jóvenes, 235 de ellos de forma forzosa tras la resolución del Gobierno de las islas. 64 han dado positivo y 185, negativo. 14 están ingresados en el hospital de Son Espases de Palma con síntomas leves.
La madrugada del domingo, la directora general de Salud Pública de Baleares, Maria Antònia Font, dictó una resolución en la que ordenaba “el confinamiento forzoso en régimen de aislamiento bajo custodia policial” en el Palma Bellver de 235 personas por un plazo de 10 días desde la fecha de exposición al virus. El texto aludía al informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del 24 de junio que estableció que todas las personas “que han participado o están participando en los viajes de fin de estudios a Mallorca y en las diferentes actividades alrededor de ellos sean considerados contactos estrechos”.
La resolución se fundamenta en varios artículos de diversas normativas como la Ley 14/1986 General de Sanidad, la Ley Orgánica 3/1986 de 14 de abril de Medidas Especiales en materia de Salud Pública o la Ley 5/2003 de 4 de abril de Salud de las Islas Baleares. La medida se acordó después de que la Consejería de Salud constatara a través de los establecimientos hoteleros dónde estaban los estudiantes y de que la Guardia Civil comprobara que se estaba produciendo “un intento de elusión masiva” de la realización de las pruebas diagnósticas, y que los jóvenes estaban intentando abandonar la isla por vía marítima o aérea. Hay constancia de que tres de ellos lo consiguieron.
El artículo 8 de la ley de jurisdicción contencioso-administrativa habilita a estos juzgados a la autorización o ratificación de las medidas adoptadas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales. Por eso, este lunes la Abogacía de la comunidad remitió la resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palma para que ratificara la medida. La petición fue trasladada a la Fiscalía para que emitiese un informe, que ha remitido esta mañana, oponiéndose al aislamiento de los jóvenes al considerar que la resolución de la dirección general de Salud Pública no está del todo justificada.
“La resolución menciona únicamente y considera sospechosos de contacto a los citados jóvenes estudiantes de forma general, presuntiva e indeterminada. Es esa única condición de estudiante de viaje de estudios lo que les convierte, para la resolución, en sospechosos o contactos de personas que dieron positivo en su regreso a la península”, dice el fiscal. Sostiene el ministerio público que resulta “extraño” que no se hayan considerado sospechosos o contactos a otros colectivos como los trabajadores de los hoteles, de ocio, o los clientes que disfrutaban de estos hoteles y compartían espacio con ellos.
El informe alude a una falta de especificidad o concreción de las personas que han sido confinadas y su relación o contacto concreto con alguno de los positivos confirmados en las comunidades autónomas de procedencia. “Se ignora en qué hotel se encontraban residiendo los positivos, a qué grupo de viaje pertenecían, en qué concretas fechas residieron en un determinado hotel y si efectivamente mantuvieron un contacto real ni con qué intensidad con las personas concretas cuyo confinamiento se pretende ratificar”, sostiene el texto.
Otro de los aspectos referidos por la Fiscalía es el de la proporcionalidad de la medida, ya que “sin cuestionar la realidad de la pandemia ni la gravedad de la actual situación” considera que los casos por el momento han sido asintomáticos o leves “y ninguno ha precisado hospitalización”.
Según explicó el lunes el director del CCAES, Fernando Simón, lo sucedido con las fiestas en Mallorca es “el caldo de cultivo perfecto para que se origine un brote. Muchos orígenes geográficos con presencia de distintas variantes y eventos masivos con poco control que pueden generar situaciones de transmisión”. Aseguró que el Ministerio de Sanidad está siguiendo de cerca este macrobrote: “Tenemos identificados a 5.126 viajeros. Faltan por regresar 470. Hemos detectado 1.167 casos positivos y 4.796 personas se encuentran en cuarentena. No está teniendo un impacto enorme en la incidencia global, pero sí representan un porcentaje del 2,5% de los casos de los últimos 14 días y el 5% de los casos de los últimos siete días”.
Denuncias de padres
Un grupo de padres de 10 alumnos del IES Góngora de la capital cordobesa que permanecen aislados en Mallorca ha presentado una denuncia por la vía penal contra la directora general de Salud Pública de la comunidad, Maria Antònia Font, y la Consejería de Salud balear por supuestamente retener de forma “indebida” a sus hijos en el hotel Palma Bellver, pese a haber dado negativo en las PCR practicadas y no estar en el listado de las personas que tienen que confinarse, según ha adelantado Diario de Córdoba. Este lunes hizo lo mismo un grupo de padres de San Fernando (Cádiz), cuyos hijos también están aislados.
179 de los estudiantes aislados en Palma de Mallorca como consecuencia del macrobrote de los viajes de fin de curso proceden de Andalucía. De ellos, 73, la cifra más alta, es de Córdoba, de los que 34 han dado positivo. Dentro del territorio de la comunidad, otros 122 alumnos también han dado positivo en las pruebas PCR que se les han practicado tras llegar de las islas, de acuerdo con los datos facilitados por el consejero de Salud andaluz, Jesús Aguirre.
En Mallorca, los progenitores de varios menores confinados presentaron en la tarde del lunes varias peticiones de habeas corpus en el juzgado de guardia de la capital balear. Se trata de un recurso jurídico que contempla el auxilio judicial urgente en episodios de detención ilegal o arbitraria y que cuando es estimado por un juez permite la inmediata puesta en libertad del detenido. La jueza de guardia desestimó todas estas peticiones al no apreciar indicios de detención ilegal. El juzgado aclaró que los jóvenes no están detenidos por haber cometido delitos, sino que están confinados por razones de salud pública.
Con información de Eva Saiz.
