Ancianos protegidos, ¿o prisioneros en las residencias?

Teresa, de 84 años, aprovecha cuando le toca el turno en la farmacia para charlar con alguien ajeno a su entorno más cercano, algo que hace muy de vez en cuando desde que el “maldito bicho”, como ella lo llama, apareció y lo cambió todo. “Ay hija, llegar a esta edad y tener que vivir así lo poco que nos queda es la mayor tristeza”, le comenta a la farmacéutica. Y enseguida añade: “Pero peor está Francisco, ¿te acuerdas de él?, ahí, casi encerrado en la residencia desde hace más de un año”. Francisco, el amigo que menciona Teresa delante de los clientes del establecimiento de Madrid en el que se produjo esta conversación, es uno de los ancianos que ocupan una de las 384.251 plazas de las 5.500 residencias en España, según datos del último informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de septiembre de 2020. Las personas de edad avanzada sufrieron primero el miedo ante los devastadores efectos de la covid-19, después el asombro y la desesperanza cuando quedaron atrapados en las residencias y el coronavirus comenzó a acabar con sus vidas sumando más de 30.000 muertes, y ahora la indefensión frente a unas restricciones que les siguen aislando, en un sistema que ya no se sabe si les protege o les recluye. Menos visitas, prohibición de contacto físico en la mayoría de las comunidades autónomas o la disminución de las actividades dentro de los centros por la dificultad que plantean los grupos burbuja, son algunas de las medidas que se mantienen mayoritariamente y que preocupan a todos porque afectan a un colectivo en el que la interacción personal es vital para su salud física y mental.

Usuarios de residencias y sus familiares argumentan que, pese a que el 9 de mayo finalizó el estado de alarma, los centros mantienen medidas restrictivas que no tienen en cuenta que son un grupo de edad protegido por la vacuna hace meses. Describen un escenario en el que cada comunidad autónoma establece sus propias normas y en el que, dicten estas lo que dicten, parece que volver a la situación anterior a la pandemia depende más de la voluntad de cada centro que de la evolución de la situación epidemiológica. “En este momento las residencias son una prisión porque nuestros familiares se sienten encerrados”, sentencia María José Carcelén, presidenta de la Coordinadora de Familiares de Residencias 5+1. Y añade: “Los derechos de los ciudadanos no se acaban cuando entran en una residencia. Las autoridades los están vulnerando al dejar la última decisión en manos de las empresas privadas que gestionan el 95% de ellas. ¿Cómo se puede entender que aquí, en Cataluña, se autorice el ocio nocturno hasta las tres de la madrugada y pongan tantas limitaciones en los centros en los que viven nuestros mayores?”.

Fernando Rodríguez Artalejo, catedrático de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, no entra en la aplicación de las normas, pero sí en el fondo que debería sustentarlas: “En las residencias casi la totalidad de los mayores y de los cuidadores están vacunados y, si los familiares acreditan estarlo también, honestamente no debería haber problemas para las visitas. Entre vacunados la probabilidad de infección y de contagio es muy baja, como demuestra que los brotes en residencias después de la vacunación son relativamente excepcionales. Otra cosa es si se trata de familiares no vacunados, en ese caso hay que ser mucho más prudentes, mantener la distancia, el uso de la mascarilla y que los encuentros se realicen al aire libre, porque sabemos que la vacuna no protege al 100%”. En esa línea, Sanidad acaba de aprobar una nueva normativa por la que los residentes de centros sociosanitarios con más de un 80% de vacunación (prácticamente todos) pueden ir sin mascarilla, aunque sí la deberán mantener los trabajadores y visitantes.

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La Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarios de Residencias (La Plataforma), constituida en mayo por 16 colectivos de 10 comunidades autónomas, ha decidido pasar a la acción. El pasado 10 de junio emitió un comunicado en el que exige a los gobiernos autonómicos que “habiliten la entrada de los familiares en las residencias sin las limitaciones salvajes, inhumanas e ilegales que vienen soportando”. Paulino Campos, presidente de Rede (Federación Galega de Asociacións de Familiares e Usuarias das Residencias e da Dependencia) afirma que en Galicia el régimen de visitas sigue estancado en tres a la semana y ampliarlo se deja a la voluntad de las empresas gestoras de las residencias en función de la disponibilidad de personal y de espacios”. Eso a pesar de que el pasado día 16, la Xunta anunció que se levantaban todas las restricciones activadas en el último año y medio y de que su presidente, Alberto Núñez Feijoo, manifestó sobre los usuarios de residencias: “Pueden volver a la vida normal prepandemia con un extra de precaución”.

Carmen tiene 96 años, movilidad reducida, pero mentalmente está a pleno gas. Vive desde hace casi seis años en una residencia de Madrid. No entiende de normativas comunitarias ni estatales, pero sí tiene muy claro que antes de la pandemia sus hijos y sobrinos la visitaban con más frecuencia y ahora los echa mucho de menos. “Antes hemos llegado a reunirnos en mi habitación para celebrar mi cumpleaños y ellos podían aparecer en cualquier momento que se lo permitieran sus trabajos. Ahora hay que pedir cita previa, como mucho pueden estar una hora y no les dejan subir a la habitación. Si hace bueno, nos vemos en el jardín; pero si hace malo lo tenemos que hacer en una zona especial habilitada para las visitas y con una mampara de por medio. Esta semana he podido acariciar por primera vez a mi hijo. Te sientes muy desamparada; subiendo la familia es otra cosa, más ahora que está todo menos organizado que cuando entré porque hay menos personal”. En el caso de Carmen, tener que moverse en silla de ruedas no facilita las cosas, pero al menos ella puede pedir a quienes van a verla que le traigan “comida rica” o algunos de esos cosméticos y perfumes a los que era tan aficionada cuando vivía en su propia casa y paseaba por su barrio a diario.

El pequeño privilegio de Carmen se ha convertido en un gran escollo difícil de sortear para afectados por patologías más limitantes, a los que ahora sus familias ven en contadas ocasiones y sin tener acceso a las habitaciones. Así lo cuenta P. García, de Valencia, familiar de una mujer de 93 años que padece demencia, y que pide figurar así para evitar problemas. “En la Comunidad Valenciana no se ha aclarado en ningún momento el tema de las visitas y al final dependen totalmente de los centros”, explica García. “No podemos acceder a las habitaciones, ni tener ese contacto directo que antes nos permitía saber qué necesitan nuestros familiares, si comen bien o si hay suficiente personal para atenderlos. Es como haber desaparecido de su día a día”. Una amiga acaba de contarle que su madre le dice que en su residencia no se han recuperado las actividades, que continúan en grupos burbuja y que siente mucha pena porque lo compara a lo que ella llama erróneamente “un campo de ‘reconcentración”. María José Carcelén añade: “Con un inspector por cada 2.000 residentes, las familias suplimos la función de vigilancia que debería ejercer la Generalitat [la Administración en la que se centra la asociación que preside]. Si no nos dejan pasar a las residencias, evitan que podamos controlar”.

José María Toro, presidente de Aerte (Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Atención a la Dependencia de la Comunidada Valenciana) y secretario de Ceaps (Círculo Empresarial de Atención a las Personas) dibuja un escenario diferente en el que las patronales llevan meses pidiendo a las respectivas administraciones que suavicen las medidas porque ya en el verano de 2020 pudieron constatar el impacto que el aislamiento provoca en la salud física y mental de los ancianos. “La respuesta suele ser no. Los políticos tienen pánico a tomar decisiones y asumir responsabilidades. En Valencia incluso hemos recurrido judicialmente que permitan el contacto físico con los residentes. Más difícil, aunque sea complicado de entender por las familias, es poder circular libremente por las instalaciones. Todavía hay que evitar las aglomeraciones pero según avanza la vacunación queda poco para la normalidad que todos deseamos”.

P. García mantiene sus argumentos: “El personal de las residencias está quemado y agotado, muchos se han ido a la Sanidad en busca de mejores oportunidades y sueldos. No entendemos por qué se consiente esta situación. Algunas residencias pequeñas tienen miedo, pero que las restricciones continúen principalmente lo achacamos a la falta de personal. Preparar a los residentes para salir significa más trabajo, dicen que cuando vuelven los tienen que duchar… Lo único que tenemos claro es que los abuelos están sufriendo un bajón impresionante en todos los sentidos y para los que son válidos está situación está siendo demoledora”.

Andrés Rueda, miembro de la comisión de Residencias de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, está de acuerdo en que recuperar el contacto de los ancianos “es vital y que teniendo baja carga viral se podría hacer ya en exteriores manteniendo el uso de mascarillas. Hemos transmitido a las autoridades que los protocolos de actuación están desfasados y tienen margen de mejora especialmente respecto a la proximidad de las personas”. Asegura que se está informando de “una manera sesgada”. “Primero no se puede generalizar, porque en las residencias nos atenemos a las instrucciones de cada comunidad y no todas van al mismo ritmo”, explica. “Lo que pedimos es que los políticos y las administraciones sean ágiles a la hora de modificar los protocolos, porque las medidas sanitarias nos las tienen que dar hechas. Estamos en una pandemia, tenemos memoria histórica y no podemos bajar la guardia. Pedimos comprensión porque somos el único colectivo que está desfilando por los juzgados acusados de imprudencias temerarias.”

Francisco Javier Martínez Peromingo, director general de coordinación sociosanitaria de la Consejería de Sanidad de Madrid, responde por correo electrónico sobre la polémica: “Desde que se inició el proceso de vacunación hemos sacado al menos cuatro guías con recomendaciones cada vez más aperturistas en función siempre de lo que hemos ido conociendo sobre el virus. Estas situaciones son complejas de regular porque se trata de medidas que restringen la interacción en centros que están pensados para promoverlas. Pero es importante entender que el hecho de estar vacunado no impide que una persona se infecte y de ahí la necesidad de mantener medidas preventivas en este grupo tan vulnerable”.

El hecho es que para los residentes y sus familias la frase “de acuerdo al reglamento de cada residencia” se ha convertido en un saco en el que cabe todo pero casi nada tiene que ver con la situación prepandémica, que ya afirman tenía múltiples agujeros por los que hacía aguas la atención a los mayores. Ante esta situación manifiestan que solo les queda dar la cara por los suyos. La Plataforma solicitó formalmente el 21 de junio, una reunión con la fiscal de sala delegada para la Protección y Defensa de los Derechos de las Personas Mayores, María José Segarra, y con la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para reclamar “la vigilancia del respeto a los derechos de las personas mayores”. Por ahora no tienen respuesta. Denuncian “la inacción de las administraciones” y afirman que sin riesgos epidemiológicos graves estas restricciones no se sostienen jurídicamente. El próximo día 30 se reunirán con el Gobierno, a petición de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.

Pero, mientras, se mantiene el pulso y continúan el miedo y las interpretaciones particulares de las normas, Carmen, Francisco y todos los que como ellos viven en residencias cuentan los días perdidos, los abrazos no dados y se preguntan si llegarán a tiempo de recuperar la normalidad que les quitó la covid-19 y que ahora les escatiman sus gobernantes.