La víctima de La Manada pide que se reabra la causa contra los detectives que la siguieron tras la violación
Un juzgado de instrucción de Madrid rechazó la denuncia porque el informe que elaboraron no se aceptó en el sumario del caso y no consta que se divulgara su contenido
El caso de La Manada marcó un antes y un después en la percepción de las agresiones sexuales en España y tiene ya una verdad judicial, pero su recorrido y repercusión para la joven agredida sigue coleando cinco años después. Los cinco integrantes de aquel grupo están hoy entre rejas tras la sentencia firme del Tribunal Supremo que les condenó a 15 años de cárcel por violación. La polémica llegó con la actuación del primer tribunal que juzgó el caso, la Audiencia de Navarra, que despertó la indignación social y la movilización feminista por considerar que lo que ocurrió en Sanfermines fue un abuso sexual y no varias violaciones en grupo como se demostró después. También generó críticas el hecho de que el juzgado aceptara el informe elaborado por dos detectives que siguieron a la chica agredida, entonces de 18 años, durante los meses posteriores al ataque, para tratar de montar la defensa en torno a la idea de que la joven llevaba una vida “normal” e intentar desacreditarla como víctima. Ahora ella reclama por segunda vez a los tribunales que aquel episodio no quede sin investigar.
El recorrido es el siguiente. El Juzgado de Instrucción 40 de Sevilla decidió el pasado 23 de abril archivar la causa contra las dos detectives que siguieron a la chica, al considerar que con su actuación no se vulneró la intimidad de la joven porque su informe no fue aceptado en el caso, ya que el abogado que lo había presentado lo retiró tras las protestas. Ese auto, adelantado por el Diario de Sevilla y al que EL PAÍS ha tenido acceso, rechaza retomar la denuncia porque considera que no existió un delito contra la intimidad personal.
Las dos detectives, que se acogieron a su derecho a no declarar en esta causa, tomaron en 2016 imágenes “que parece que se corresponden con el domicilio de la víctima”, según el auto. El tribunal considera que no se descubrieron secretos ni se vulneró la intimidad de la joven “al no haberse aceptado el referido informe en el sumario principal ni constar la divulgación del mismo”. Y decreta, por segunda vez, el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, después de que la Audiencia Provincial hubiera aceptado que se abriera la investigación el pasado 21 de octubre después del primer archivo del juzgado de instrucción y de la petición de la abogada de la víctima, que repite el proceso ahora.
La abogada de la joven, la letrada Teresa Hermida, explica a EL PAÍS que están ultimando el recurso, que presentará este viernes, en el que reclamará que se investigue la denuncia por un delito contra la intimidad personal, recogido en el artículo 197.1 del Código Penal y que prevé penas de prisión de uno a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. “Archivar esta causa contradice la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre ese artículo, que considera que no se requiere que los autores lleguen a alcanzar la finalidad que persiguen, sino que basta que inicien la actividad”, señala la letrada. Es decir, que entiende que es suficiente que el informe se elaborara y que la chica fuera seguida por las dos detectives, aunque el informe finalmente se retirara del juicio. “Ese documento se puso a disposición de los letrados de parte, ¿quién nos dice que estos no le dieron copia a sus clientes? En el informe salía hasta el domicilio de la víctima”, añade Hermida.
En 2017, durante la primera jornada de la vista oral del caso de La Manada en la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, el tribunal aceptó inicialmente el citado informe encargado por la defensa de uno de los acusados a una agencia de detectives. La decisión inicial del tribunal generó una gran polémica, porque el informe aludía al comportamiento de la joven en los días posteriores a denunciar la violación. Finalmente, fue retirado del sumario por parte del mismo abogado que lo presentó.
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