Los colegios de médicos, odontólogos y farmacéuticos de Madrid rechazan la ley de eutanasia

La ley de eutanasia cuyo proyecto se encuentra pendiente de la aprobación del Senado es “un grave riesgo para la población” y una situación de “indefensión para los profesionales sanitarios”, según un comunicado conjunto de los colegios de médicos, odontólogos y farmacéuticos de Madrid. Estas organizaciones creen que si hubiera un correcto desarrollo de los cuidados paliativos la demanda de ayuda para morir sería “mínima o nula”.

El presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés, afirma que cuando habla de la indefensión de los profesionales se refiere a que es cierto que la ley establece que pueden objetar —”faltaría menos”—, pero que temen las consecuencias que esta decisión tenga en una comunidad donde “muchos profesionales tienen contratos de seis meses”. Ante este temor a que haya represalias, propone que el proceso sea al revés: que quienes estén dispuestos a participar en esta práctica, que la ley que se espera para el primer trimestre de este año considera un derecho, se apunten en una lista. Para el médico, con esta ley y esa precariedad se les “obliga a matar” a sus pacientes, lo que va “totalmente en contra” de su código deontológico. Y critica que los fallecimientos después de esta práctica vayan a catalogarse como muertes naturales, según el proyecto de ley, “lo que es un engaño”.

También señala el comunicado que la “ley es muy inoportuna, teniendo en cuenta la situación de pandemia y el gran número de sanitarios que se han visto afectados por el coronavirus”. El presidente de los médicos españoles señala que se refieren a que no han podido llevar a cabo asambleas presenciales ni manifestarse sobre la norma, y a que, aunque nunca le parece buen momento para sacar adelante esta ley, menos lo es ahora que el colectivo está “volcado en la salud de sus pacientes”. Tampoco “se han llevado expertos al Congreso”, critica.

Relacionado con esto, señala que la mayoría de los médicos no reciben peticiones de eutanasia, sino de mejores cuidados paliativos. Incluso en los casos “extremos” y “raros” en que eso puede pasar, apunta que igual que la sociedad se moviliza para evitar un suicidio, no se puede cooperar con este deseo de quitarse la vida. La idea es que si se frece una alternativa al afectado este va a cambiar de opinión. “La demanda de eutanasia es mínima o nula cuando el paciente es atendido por un equipo de profesionales experto”, dice el comunicado. “Hay una ley de cuidados paliativos en un cajón del Congreso desde hace años”, critica Sellés. Esta regulación fue la alternativa que plantearon PP y Vox al oponerse a la ley de eutanasia. En la anterior legislatura, Ciudadanos llegó hasta el Senado con una iniciativa al respecto, pero esta decayó por el fin de la legislatura.

Además los colegios sanitarios afirman que hay una “ausencia de demanda social”, ya que los casos en que esta se produce son muy pocos. Sobre el más de millón de firmas presentadas en el Congreso en julio de 2019 dice que “ya se sabe cómo funcionan esas plataformas como Chanfe.org”. Y sobre las encuestas —desde la del CIS de 2009 a las posteriores de Metroscopia que dan apoyo mayoritario a que la eutanasia se regule— cree que la población está “muy influida por los casos extremos que salen en los medios” y que no saben distinguir entre lo que son cuidados paliativos y la eutanasia como tal. “Según se haga la pregunta, es fácil que vaya a salir [que se está a favor de] la eutanasia”, afirma. También descarta, por esos motivos, la encuesta que se hizo hace dos años con mil médicos de Madrid (en la comunidad hay unos 45.000), y que dio un apoyo del 65% a la regulación, en la que incluso “faltaban opciones en la respuesta para quienes se oponían a matar a sus pacientes”. Este sondeo copió y dio el mismo resultado a favor de la eutanasia que uno que se llevó a cabo entre los colegiados del Euskadi y que fue diseñado por un catedrático de Sociología de la Universidad del País Vasco.

Por último, Sellés admite que cuando el comunicado dice que la ley se ha tramitado “de forma acelerada por decreto” ello puede inducir a error, y que no se refieren a la figura del decreto ley, que es potestad del Gobierno para regulaciones urgentes, sino al sentido de “decisión de un gobernante que le da la RAE”.

El comunicado concluye pidiendo que se retire la ley y se apruebe una de paliativos: “En el caso de que no se produzca dicha retirada, nos reservamos el derecho de solicitar a la Comunidad de Madrid, última responsable de la sanidad en nuestro ámbito, la no aplicación de una ley injusta que va contra la ética y la deontología”, señala el texto.

Fernando Marín, de la asociación Derecho a Morir Dignamente, cree que el comunicado hace asunciones y plantea demandas “absurdas”. “Claro que las peticiones de eutanasia son minoritarias. Incluso entre quienes se plantean pedirla, la mayoría no lo hacen, pero que una ley afecte a pocas personas no es excusa para no aprobarla”, dice. Y añade que “con la regulación de la objeción de conciencia no existe indefensión de los profesionales de ningún tipo, y menos teniendo en cuenta que tal y como establece la ley la decisión se tiene que tomar por mutuo acuerdo. El paciente debe contar con el visto bueno de su médico”, dice. “Son los argumentos de siempre. Cuando las encuestas no les dan la razón —y no son una, sino muchas las que dan un apoyo mayoritario a la eutanasia—, insisten en la ingeniería social. También las que se han hecho a médicos reflejan un apoyo similar al del conjunto de la población. Incluso a algunos que dicen que ellos objetarían les parece bien que se regule”, añade Marín. “Pero ellos —y están en su derecho— las retiran de la web”.

Por último, destaca Marín la “insólita” petición a la comunidad de que incumpla la ley de eutanasia si se aprueba. “Ya le podían pedir que cumpliera la de paliativos. Porque es verdad que no hay una ley nacional, pero la mayoría de las comunidades tienen una autonómica”, señala, apuntando la postura de partidos que se oponen a la eutanasia anteponiendo una ley de paliativos sin que desarrollen la que tienen ya aprobada de atenciones al final de la vida.