La muerte de tres mujeres y el uso de cocaína cercan al detenido por la desaparición de Marta Calvo

Los diversos frentes judiciales y de la investigación para armar la acusación contra Jorge Ignacio Palma, confeso descuartizador de Marta Calvo, cuyo rastro se perdió el 7 de noviembre en la casa del detenido, se han unificado. El Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia ha acumulado las cuatro causas abiertas en un solo procedimiento contra el colombiano de 38 años. La decisión, ahora ratificada por la Audiencia Provincial de Valencia, se ha adoptado por la analogía en la forma de actuar del supuesto homicida y por existir una relación temporal y espacial entre los hechos, así como para evitar la reiteración o duplicidad en la práctica de diligencias y agilizar la investigación que desarrollan la Guardia Civil y la Policía Nacional. Lo pedía la Fiscalía y los abogados de la madre de la joven valenciana desaparecida cuyos restos no se han hallado.

La última causa formal contra Palma, ahora en prisión provisional en Picassent, ha sido presentada por una mujer que lo ha denunciado por introducirle sin su consentimiento grandes dosis de cocaína en los genitales durante un encuentro sexual, la misma práctica que sufrieron otras víctimas del detenido que estuvo preso en Italia por narcotráfico. Las otras tres causas abiertas son: el fallecimiento de la mujer brasileña Arliene Ramos el 25 de marzo de 2019 en una vivienda de Valencia; la muerte de la colombiana Lady Marcela Vargas el 15 de junio de 2019; y la desaparición y muerte de Marta Calvo, en la localidad valenciana de Manuel, unos hechos investigados hasta ahora por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Alzira.

Además, hay al menos otras siete mujeres que han denunciado ante la Guardia Civil haber sido víctimas del mismo modus operandi con cocaína de gran pureza y en grandes cantidades que multiplican su toxicidad. El Instituto Nacional de Toxicología halló en el cuerpo de Lady Marcela una cantidad de droga 26 veces superior a la dosis considerada letal, según ha publicado el diario Levante EMV. Estas siete denuncias podrían en el futuro sumarse a las causas acumuladas ahora por el juez o bien ser consideradas testificales. De momento, el juzgado ha estimado que los hechos podrían “ser constitutivos, indiciariamente, de al menos dos delitos de homicidio doloso y dos delitos de omisión del deber de socorro”, según explica el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

“Nosotros siempre hemos pedido aglutinar todas las denuncias para cargar con más peso la acusación contra ese depravado sexual. Así se agiliza el procedimiento y se podrá reducir la duplicidad de las declaraciones de las otras chicas afectadas en distintos juzgados, con lo que comporta revivir una declaración traumática. Además, pensamos que pueden seguir apareciendo más víctimas”, señala a este diario Mariano Navarro, psicólogo y portavoz de la madre, Marisol Burón.

Precisamente, Burón ha hecho esta mañana un llamamiento en una programa de Tele 5 en su primera aparición pública frente a las cámaras: “Creo que hay más mujeres que han sido víctimas de este hombre, pero que por miedo puede que no quieran salir. Yo les mando fuerzas para que denuncien porque estamos hablando de un asesino en serie”. La madre de Marta fue a la casa de Manuel donde desapareció la joven siguiendo el localizador que le había enviado su hija, extrañada por no saber nada de ella desde hacía dos días. “Cuando llegué vi que había luz, llamé y tardó mucho en abrirme... más o menos 15 minutos. Un señor mayor al que pregunté me acompañó y menos mal, porque tengo clarísimo que si no no habría salido de allí”, ha declarado en el programa de Ana Rosa. Burón acusa a la madre del detenido (que no está imputada) de ayudarlo a deshacerse del cadáver de su hija.

Cuando Jorge Ignacio Palma se entregó a la Guardia Civil el pasado 4 de diciembre, sostuvo que la muerte de Calvo fue accidental y se produjo mientras dormía en su casa, tras celebrar una “fiesta blanca” (mezclar sexo y cocaína) con motivo del cumpleaños del detenido. Posteriormente, la descuartizó y arrojó sus restos en diversos contendedores (en agosto acabó la búsqueda en el vertedero de Dos Aguas tras un rastreo en 17.000 metros cúbicos) por un ataque de pánico al contar con antecedentes. La no aparición del cuerpo del delito es la base de la defensa de Palma que pretende reducir al mínimo la acusación, incluso que se limite a una infracción administrativa del reglamento de policía mortuoria al descuartizar el cadáver.

Pero la aparición de más víctimas con un mismo patrón complica la estrategia. Los investigadores, tanto de la Guardia Civil como de la Policía, están recabando todas las pruebas e indicios posibles para armar la acusación más consistente contra Palma. El juez que ahora se encarga de todas las causas apunta, sin menoscabo de ulteriores calificaciones, a homicidio doloso (cuando hay intencionalidad en el acto de matar) y homicidio con dolo eventual, que acontece cuando el autor del delito sabe que existe la posibilidad de que su acción provoque la muerte de otra persona y a pesar de ello continúa con esa acción. La pena por este delito se sitúa entre los 15 y los 22 años.