Las universidades públicas calificarán con trabajos, preguntas cortas o reflexivas y videoconferencias

La conferencia de rectores (CRUE) reclamó el 30 de marzo a las universidades que dispongan de “herramientas de evaluación [...] que queden definidas en el menor tiempo posible para cada asignatura, informando de ello al estudiantado”. Y tres días después la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (Reacu) dio el visto bueno a que cambien las memorias de verificación (los criterios oficiales a los que se tienen que atener cada carrera y cada asignatura) por la crisis sanitaria que sacude el mundo.

Los marcos de actuación no están cerrados, pero algunas universidades han avanzado sus planes, que establecen que la nota final del estudiante se va a distribuir entre diferentes actividades que se puedan realizar a lo largo del semestre, disminuyendo el peso del examen final. Es decir, se extenderá la evaluación continua que pregona el Plan Bolonia (la reforma que unificó los sistemas universitarios europeos hace una década). El presidente de la sectorial de Docencia de la CRUE, el rector de Cantabria Ángel Pazos, que coordina todo el proceso, confirma que este será el sentido del documento general de la conferencia de rectores que se dará a conocer la próxima semana. Pazos deja abierta una “ventana de excepcionalidad” en algunas materias más prácticas.

En general, las universidades públicas abogan por la evaluación continua con trabajos individuales —que pueden incluir vídeos explicativos— o en grupo, ejercicios o incluso videoconferencias (en último término por teléfono), según el repaso hecho por este periódico a los documentos que ya han ido publicando una parte de ellas.

Pero estas instituciones abren la puerta también a exámenes en los que se permita el uso de libros, los llamados take home. Se trata de pruebas cuya respuestas exijan un trabajo de reflexión del alumno, y no contestaciones memorísticas que puedan copiarse sin más de un libro. Otra posibilidad es hacer exámenes con preguntas seleccionadas al azar que el estudiante tenga que responder en un corto espacio de tiempo, lo cual garantizaría que no consulta la información ni se comparte con un compañero. Por ejemplo, una prueba de 10 preguntas con tres minutos para contestar. Las cuatro universidades públicas castellanas han publicado un documento de recomendaciones para la evaluación online que recoge estas medidas, que podrían extrapolarse a cualquier campus.

Soluciones alternativas

Las instrucciones de la Universidad Pública de Navarra ahondan en lo mismo: “En el caso de tener que optar por mantener el examen final, se debe plantear la posibilidad de arbitrar soluciones académicas alternativas a las pruebas tradicionales presenciales (por ejemplo: preguntas tipo test, orales, casos prácticos, etcétera...)”. Sin entrar en ese detalle, las tres universidades vascas también inciden en una carta común en la evaluación continua, aunque contemplan una vuelta a las aulas —si la pandemia lo permite— “para casos concretos en los que dicha actividad no resulte factible de forma no presencial”. El marco común de la CRUE será orientativo porque, dentro de su autonomía, cada institución puede resolver como quiera.

Tras la publicación de este artículo, la Consejería de Universidad, Ciencia e Innovación de la Comunidad de Madrid ha comunicado este viernes que ha llegado a un acuerdo con sus seis universidades públicas y ocho privadas para examinar a sus estudiantes. Las condiciones, recoge Europa Press, son similares a las descritas. Entre otras opciones, habrá exámenes con preguntas tipo test aleatorias y con una parte de redacción. Se entrará con una contraseña a la prueba y no se pondrá ir hacia atrás una vez inciada una parte. Aunque Madrid mantiene oficialmente los examenes presenciales por si la situación mejorara.

Los exámenes telemáticos tienen además otras dificultades, como la de asegurar que es efectivamente el alumno quien está respondiendo. Smowl, una empresa española de reconocimiento facial, puede ser el asidero de universidades privadas que ya son clientes —IE, CEU y Oberta de Catalunya—, pero las públicas dudan por el alto coste económico y de recursos tecnológicos que supone un examen online. “Esta herramienta debe limitarse a las mínimas situaciones posibles, aunque se han hecho ofertas a través de CRUE”, se subraya en el documento castellano, “deben de reservarse para asignaturas complejas con un gran número de estudiantes”. Alex Vea, jefe de estrategia de la compañía, prefiere no hablar de precios porque la horquilla es grande.

Vea insiste en que Smowl, incluida en un proyecto de la Unión Europea, es de las pocas compañías que garantiza la protección de datos, otro quebradero de cabeza para los rectores. La CRUE está trabajando con sus servicios legales para asegurar la legalidad de las pruebas. Estados Unidos y China, a diferencia de la UE, son más laxos en la legislación de protección de datos.

El pasado sábado 773 bachilleres que pretenden estudiar Medicina en la Universidad San Pablo CEU de Madrid se sometieron a la prueba de admisión desde su casa con Smowl. Se registraron en su ordenador, proporcionaron tres fotografías para ser monitorizados y empezó el examen. No había peligro de que copiasen —quedaba registro si abrían un archivo o aplicación— o que alguien desde atrás les chivase, pues estaban sometidos al escrutinio de una herramienta de reconocimiento facial (e-proctoring). Pero este sistema no parece viable para la calificación de 1,13 millones de universitarios (1,1 millones matriculados como presenciales).

Entre los usuarios del reconocimiento facial está la Universidad de Burgos. El descenso demográfico llevó al campus a buscar los alumnos fuera y un portavoz explica que desde 2014 imparte grados y másteres oficiales —la segunda tras la UNED en sumarse— a distancia, muchos en Latinoamérica y Europa. De forma que sus mil alumnos en remoto se examinan casi desde el principio con Smowl. La Universidad Pública de Navarra descarta su uso tras el cambio de reglas con el confinamiento: “Para su implementación práctica es necesario que el alumnado disponga de un mínimo de recursos tecnológicos que no se pueden garantizar”. Una opción factible es bloquear el Internet del alumno, con su permiso, para que no pueda consultarlo durante la prueba.

La evaluación por trabajos también requiere instrumentos técnicos. “Hay sistemas que detectan automáticamente si el trabajo se ha copiado, en qué porcentaje o si es original”, cuenta José Marcos López-Ríos, mánager de la plataforma Moodle de cursos online que usan al menos 195 millones de personas en el mundo. Las universidades pueden obligar a sus alumnos a pasar este antiplagio antes de enviar su escrito. “En Moodle se integran también herramientas de videoconferencia o de reconocimiento facial. El e-proctoring se está pidiendo muchísimo estos días”, prosigue López Ríos. Las universidades se han visto obligadas además a contratar más capacidad a toda prisa para que los sistemas no se caigan.

La teoría está clara y por escrito, pero la práctica es otra historia. Un alumno presencial no está obligado a disponer de un ordenador. Ello obliga a las universidades a detectar a quienes no cuentan con uno —hay una encuesta en marcha—, prestarles un dispositivo —en Sevilla o Granada han comenzado a hacerlo— o posibilitar que accedan a uno sin violar el confinamiento. “Siempre hemos apostado por la evaluación continua y más en esta situación. Hay que flexibilizar y entender que no todos los estudiantes pueden conectarse a la hora del examen en caso de que se habilitaran medios para poder hacerlo”, insiste Carolina García, presidenta de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup) y alumna del doble grado de Matemáticas y Estadística en la Complutense. El Ministerio de Universidades busca, como ha hecho en las pasadas semanas el de Educación, la forma de garantizar que todos cuenten con banda ancha, aunque sea en el móvil.

La presidenta de Creup insiste: “La evaluación continua se va a concentrar en un único mes, con la carga de trabajo que supone para el alumno”.

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