La juez sospecha que el dueño de Magrudis hizo “ingeniería mercantil” para eludir deudas

La juez que investiga a la empresa Magrudis, responsable del mayor brote de listeriosis de España, ha incorporado el delito de insolvencia punible a los delitos de homicidio por imprudencia grave, lesiones al feto con resultado de aborto, lesiones y contra la salud pública de los que están acusados el dueño de facto de la empresa, Juan Antonio Marín Ponce, y su hijo Sandro Marín Rodríguez, ambos en prisión provisional desde el pasado 27 de septiembre. La instructora ha ordenado que se investigue a nueve personas y 10 empresas vinculadas a la fabricante de La Mechá por entender que se ha “creado una ingeniería mercantil dirigida a prever de forma absoluta los posibles problemas que puedan sobrevenir en el funcionamiento empresarial, tanto a nivel económico como sanitario”, según el auto del que ha informado esta mañana la asociación de consumidores Facua, personada en la causa como acusación particular.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 10 ha pedido que se investigue a las cinco empresas mercantiles que Marín Ponce ha tenido a su nombre —Marín y Maldonado, Sanmasur, Sierra Encina, Estirpe de Jabugo y Embutidos el Patio—, cuatro de ellas, como ya adelantó este diario, sin actividad y con deudas impagadas. También a la propia Magrudis, que figura en el Registro Mercantil a nombre del mayor de sus hijos, Sandro; a Elaborados Cárnicos Mario SLU —la firma contigua a la nave de Magrudis a nombre del hijo pequeño, Mario—; a dos empresas del comercial Federico Rodríguez, que fue detenido por la Guardia Civil junto a la familia Marín el pasado 24 de septiembre y puesto en libertad; y a Comercial Martínez León, la empresa que comercializaba carne de La Mechá contaminada sin etiquetar, y sobre la que la Junta de Andalucía amplió la alerta sanitaria el 23 de agosto. La juez quiere saber si además del vínculo comercial con Magrudis, existen lazos empresariales.

Sus propietarios, el citado comercial, los Marín, la mujer y la cuñada del administrador de hecho —que también fue detenida y puesta en libertad el 24 de septiembre— también están bajo investigación por si “pudieran estar realizando labores de testaferro”, según indica la juez en el auto. Federico Rodríguez aparece en las grabaciones de las conversaciones telefónicas que la Guardia Civil realizó a los Marín citado durante una charla que mantuvo el dueño de la empresa con un responsable de la compañía aseguradora, según han confirmado a este diario fuentes cercanas a la investigación.

Ni Marín Ponce ni sus hijos aparecen como titulares de bienes inmuebles en ningún registro. El patrimonio declarado de Magrudis en las últimas cuentas presentadas de 2017 no supera los 50.000 euros. El seguro de responsabilidad civil contratado con la empresa Axa solo cubre hasta los 300.000 euros. La juez ha intervenido 11 cuentas relacionadas con los Marín y Magrudis —ninguna a nombre del padre—, de las que no se sabe el montante, y seis vehículos. Este montante no es suficiente para hacer frente a las indemnizaciones de los afectados, entre los que se encuentran tres fallecidos, al menos siete abortos —si bien han presentado denuncias parejas que han perdido el feto o a su bebé por casos de listeria anteriores al brote—, y más de 200 afectados.

"Trama organizada"

La juez, sin embargo, entiende que “podríamos encontrarnos ante una trama organizada que ha creado distintas sociedades mercantiles, todas con objeto social familiar, así como los mecanismos necesarios para eludir el pago de las deudas y obtener cuantiosos beneficios”. La instructora ha encomendado a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia que se encargue de la investigación de las actividades económicas en España y el extranjero de las personas y las empresas objeto de las pesquisas.

“Hay que averiguar si el patrimonio que se pueda ocultar se destinaría al pago de los afectados, a acreedores, a la Administración por el gasto sanitario o a la propia Endesa, ya que Magrudis se enganchó ilícitamente a su red eléctrica”, ha explicado Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Que afloren activos económicos que garanticen que los afectados puedan cobrar una indemnización es importante de cara a encaminar la exigencia de responsabilidad civil subsidiaria a las instituciones públicas implicadas en la gestión del brote, la Junta de Andalucía —que también está personada como acusación particular— y el Ayuntamiento de Sevilla.

Las dudas sobre la solvencia económica de los propietarios de Magrudis ha disuadido a varios afectados de iniciar acciones legales, según ha podido confirmar este diario. “En nuestro caso hay familias que no quieren dinero, sino la satisfacción de que se haga justicia con los responsables”, ha matizado Sánchez.

El brote de listeriosis sigue en remisión y la Consejería andaluza de Salud espera darlo por finalizado en la segunda quincena de este mes. Solo quedan ingresadas seis personas en hospitales andaluces —en Sevilla salvo un paciente, en Cádiz—, y por primera vez no hay ninguna mujer embarazada.