La Fiscalía investiga el “alarmante” descenso del nivel de agua en la Albufera de Valencia

La Fiscalía de Valencia calificó este miércoles de “alarmante” el descenso del nivel de agua del lago que registró en junio la Albufera, uno de los humedales más importantes de Europa. El ministerio público atribuye la merma a la actuación de la Junta de Desagüe y alerta de la “gravedad del daño al equilibrio y sostenibilidad medioambiental” en el parque natural distante 10 kilómetros de Valencia. Además, reclama la imposición de multas a la citada Junta, encargada de gestionar los niveles del lago, a la vez que insta a la Generalitat, gestora del parque y competente en materia medioambiental, a tomar el control “del manejo de las compuertas”, que comunican el lago de la Albufera con el mar.

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La Junta de Desagüe es una institución que preside la alcaldía de Valencia, pero es autónoma y está controlada en la práctica por los agricultores arroceros cuyos campos rodean el lago. Se rige por una normativa aprobada en 1926, durante la dictadura de Primo de Rivera. El conflicto entre los agricultores, que invocan derechos históricos sobre la gestión del nivel agua que remontan al siglo XVIII, y las necesidades ecológicas del espacio, declarado parque natural por la Generalitat en 1986, son frecuentes.

En junio, los arroceros abrieron las compuertas y el nivel se situó por debajo del mínimo establecido en la orden de la Generalitat de 2018 (entre 5 y 25 centímetros por encima del nivel del mar, según las épocas del año). Tras un requerimiento de la Generalitat, en julio se restituyeron los niveles, aseguran desde el Gobierno autónomo y el Ayuntamiento, propietario del lago. “La situación hoy no es alarmante porque se ha recuperado el nivel”, señaló el director general de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Generalitat, Fran Quesada, y lo corroboró el vicealcalde y responsable de la Albufera, Sergi Campillo.

La Fiscalía, que ya abrió una investigación en 2016 por el bajo nivel de agua, sostiene que las medidas adoptadas no han sido eficaces y que la Junta de Desagüe prioriza en el régimen de aguas del lago durante buena parte del año el interés de los campos de arroz, con graves repercusiones para la flora y la fauna del parque natural cuya extensión es de 21.120 hectáreas.

Y por ello ha pedido a la Generalitat que, ante la “persistencia y reiteración” de los incumplimientos de los niveles del lago, sustituya a la Junta de Desagüe en su labor. Además, investiga si los hechos constituyen un delito.

El presidente de la junta, José Pascual Fortea, admite que en junio desaguaron significativamente el lago: “Bajamos los niveles porque, después de sembrar en mayo, a mediados de junio el arroz quiere ver el sol. Hace falta para que crezca”. Fortea niega, sin embargo, que su gestión haya dañado la biodiversidad del lago, como mantiene la Fiscalía y concluye un informe que el ministerio público encargó en 2016 al forense especialista en ecotoxicología del Instituto de Medicina Legal de Valencia. “Si no fuera por nosotros y las comunidades de regantes, la Albufera no existiría. Y si intentan quitarnos el control, nos opondremos y lo defenderemos. Nuestros derechos tienen siglos, no cuatro días. Y lo que está haciendo aquí la Fiscalía, empujada no sé por quién, es un atentado total contra los agricultores de la Albufera”, dice el presidente de la Junta.

120.000 toneladas de arroz

De las 15.000 hectáreas de cultivo de arroz en el Parque Natural de La Albufera, en la campaña 2017-2018 se obtuvieron 120.000 toneladas de arroz, de un total de 796.000 producidas en España. La Comunidad Valenciana es la cuarta productora, tras Andalucía (primera), Extremadura y Cataluña.

El director general de Medio Natural asegura que aún no han recibido la notificación de Fiscalía y que la estudiarán. Reitera que su intención es lograr el mayor consenso posible, a pesar de la dificultad de concitar los intereses de arroceros, pescadores, cazadores, ecologistas y las tres administraciones (la Generalitat, el Ayuntamiento y el Gobierno central). Subraya que el mayor problema de la Albufera es la reducción de las aportaciones de agua del Júcar. Y a menor masa de agua dulce, mayor salinización de la laguna, separada por una estrecha lengua de tierra (restinga) del mar, a la que está conectada a través de canales o golas por donde desaguan los arroceros. La merma de agua afecta tanto a la fauna como la flora, agudiza los ciclos diarios de saturación y consumo de oxígeno, afectando principalmente a la vegetación palustre y a las poblaciones de peces. El parque alberga una importante colonia de aves y es una escala clave en las rutas migratorias de varias especies.

Desde los ochenta, no ha dejado de disminuir la aportación del Júcar. Quesada, sin embargo, pondera el reciente acuerdo alcanzado con la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Gobierno, para mejorar su aportación directa con ocho hectómetros de agua al año. Incide en que la situación ha mejorado.

Campillo recuerda que ha reiterado a los agricultores y a la Junta de Desagüe que se tienen “que cumplir las normas de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y de la Dirección General de Medio Natural”. El vicealcalde se replantea el papel del Ayuntamiento en la Junta del Desagüe si no tiene capacidad de decisión y recuerda que la Generalitat es la competente en materia medioambiental. La portavoz ecologista de Agró, Lucía Moreno, sostiene que la “gestión de la Albufera tiene que tener en cuenta todos los intereses, no solo los agrícolas: los ambientales, la biodiversidad, la calidad del agua, y los otros usuarios de la laguna. Primordialmente, se tienen que compatibilizar los valores ambientales y la gestión del agua”.