El Supremo obliga al País Vasco a adaptar sus becas al sistema estatal
El Alto Tribunal defiende la “igualdad de oportunidades” de todos los alumnos en el acceso a las ayudas, independientemente de la riqueza de la región donde nacen
El Tribunal Supremo ha tumbado algunos de los puntos esenciales del sistema de becas del País Vasco en los niveles no universitarios —Bachillerato y Formación Profesional—. El alto tribunal considera que las cuantías y los requisitos económicos y académicos que se exigen a los alumnos deben ser los mismos en todo el Estado para “garantizar una política educativa homogénea”. Desde 1989, cuando se transfirieron las competencias educativas al País Vasco, esta región es la única que ha diseñado y autofinanciado su sistema de becas. Pero la Ley Wert del PP, en 2013, vino acompañada de un nuevo decreto de ayudas y el Gobierno de Mariano Rajoy decidió denunciar a esa autonomía por no cumplir con la nueva normativa.
El alto tribunal ha dado la razón al Estado y considera en la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, que un sistema de becas “paralelo al del Estado basándose en su propia financiación, conduciría a que los estudiantes, dependiendo del lugar de residencia y la comunidad, no tendrían las mismas oportunidades”, y que “favorecería a los de regiones con mayor disponibilidad financiera” y generaría “importantes desigualdades en el acceso por razón de territorio”. Es decir, que beneficia a Euskadi que cuenta con el cupo vasco.
La diferencia en los umbrales de renta
Uno de los aspectos cuestionados por el Supremo es la diferencia en la tabla de umbrales de renta —que dan derecho a percibir una u otra cuantía— entre la orden estatal y la vasca. En el umbral uno, el más bajo, la del ministerio contempla el derecho a recibir la ayuda a las familias de dos miembros con ingresos de 7.200 euros, de tres con 10.600 o de cuatro con 13.900 euros al año. Cantidades que en el caso vasco suben hasta los 13.300, 17.500 y 20.200 euros, respectivamente. Subir los umbrales supone que familias con más salario pueden obtener una ayuda. Por eso en el País Vasco los aumentaron. Allí, la renta per cápita es una de las más altas de España, unos 34.000 euros al año (en Murcia es de 21.100 euros).
“Llevamos pidiendo una revisión de los umbrales de renta desde el año 2007. Se deberían ajustar para cubrir a todas las familias en situación de pobreza”, critica Carles López, presidente de la asociaciación nacional de estudiantes (Canae). Sobre este punto, la ONG Save the Children ya denunció que el actual sistema no protege a las familias monoparentales (punto que en la actualidad sí contempla la orden de becas vasca) ni a las que tienen progenitores sin ingresos. El número de becarios entre 2011 y 2016 cayó un 26,4% y el importe un 7,8%, denuncia la misma organización.
El litigio comenzó en 2014, cuando la Abogacía del Estado denunció la orden de becas para estudiantes no universitarios para el curso 2014-2015 del País Vasco, al considerar que planteaba una estructura y contenidos “legítimamente” diferenciales a los definidos por el Estado. Entre los puntos impugnados, y sobre los que el Supremo se ha declarado a favor y obligará al Gobierno vasco a modificar, hay uno que se refiere al rendimiento académico de los estudiantes. En el real decreto del Gobierno se exige a los alumnos de los cursos de preparación para las pruebas de acceso a FP y Universidad, la obligación de superar como mínimo el 50% de las asignaturas y, en caso de no hacerlo, el reintegro de la cuantía. Una exigencia que en la orden vasca no aparece.
El Supremo considera en su fallo que la orden vasca “contradice” las modalidades y las cuantías de las becas no universitarias. El decreto del Ministerio estableció por primera vez en 2014 una cuantía fija de 1.500 euros (que perciben todos los estudiantes) y una variable (que no perciben todos) con un importe mínimo de 60 euros. El sistema vasco no se adaptó a ese modelo. Tampoco se adaptó a los tres umbrales de renta fijados por el Estado que determinan las ayudas a percibir. Los tres umbrales del País Vasco son más elevados; dan cobertura a una población con mayores niveles de renta. Euskadi tiene una renta per cápita un 31% por encima de la media española.
La denuncia del PP fue una estrategia para demostrar que “la centralización del Estado es una realidad” y “dar una advertencia a Cataluña”, apuntan fuentes del actual Gobierno en funciones (PSOE). Jorge Sáinz, el entonces director general de Política Universitaria con el PP, asegura que el motivo fue evitar que la “territorialización de las becas acabase con el sistema de solidaridad entre regiones”. “No podíamos permitir que se crearan españoles de primera y de segunda en función de la riqueza del territorio en el que nacen”, cuenta. Los datos, sin embargo, no avalan esa teoría. El gasto medio por alumno en becas de Bachillerato y FP fue de 368 euros para los vascos en el curso 2016-2017, y de 1.286 euros por estudiante en el resto de autonomías, donde los alumnos reciben las ayudas del Ministerio de Educación.
“No somos la comunidad que menos destina a becas, pero nuestro sistema es diferente”, apuntan fuentes del Gobierno Vasco. Allí, el bachillerato en centros concertados está financiado con fondos autonómicos.
Las mismas fuentes aseguran a este periódico que ya están trabajando en la adaptación de la orden a la normativa estatal de cara al próximo curso. Incluido otros de los aspectos más polémicos: el sistema de becas vasco no contempla ayudas para los estudios en las Escuelas Oficiales de Idiomas, ni para los cursos de preparación para las pruebas de acceso a la Formación Profesional, que el Ministerio de Educación sí ofrece en el resto del territorio español. A este respecto, el Gobierno vasco argumenta que en el caso de las escuelas de idiomas, la ayuda se retiró por el reducido número de alumnos beneficiarios, un total de 19 en el curso 2011-2012.
En las deducciones en la renta para calcular el tipo de ayudas también hay diferencias. El País Vasco contempla una específica para familias monoparentales (que el real decreto no contiene) y una diferencia de 25 euros menos en las deducciones por cada hermano en las familias numerosas.
“Los españoles que estudian en Euskadi no tienen sus ayudas”
Para José Montalbán, investigador de políticas educativas en Paris School of Economics, uno de los principales perjucios del sistema de becas vasco es que el resto de alumnos españoles que se desplazan a Euskadi no se pueden beneficiar de las mismas ayudas.
Pregunta. ¿Cuál puede ser la solución para que la diferencia de riqueza entre regiones no perjudique a los alumnos?
Respuesta. Las cuantías medias son mayores que las españolas, lo cual es lógico porque los costes de vida son mayores. Sin embargo, solo pueden disfrutarlas los empadronados en un municipio del País Vasco, y no cualquier estudiante que se desplace a estudiar allí. Como el País Vasco es una de las regiones más ricas de España, este modelo daña la igualdad de oportunidades.
P. ¿Cuál es el principal defecto del sistema estatal?
R. La cuantía que reciben los alumnos es la misma, independientemente de la comunidad en la que estudien y de los costes de vida asociados a ese lugar. En el caso de las universidades, las de mayor calidad están en las grandes ciudades, como Barcelona y Madrid. Las regiones con menos renta tienen una desventaja académica clara, y por esos muchos jóvenes quieren salir. La solución sería ajustar las cuantías a la realidad económica del territorio y eso supondría un rediseño en profundidad.
P. ¿Hay otros países que tengan ese modelo?
R. En Europa, por el momento, no. Hay países como Francia en los que hay más umbrales de renta que en España: seis frente a tres. Cuantos más umbrales, más dinero percibe el alumno. Con solo tres, estamos consintiendo que unidades familiares con ingresos muy distantes reciban las mismas cantidades.
P. Además del problema con el País Vasco, los estudiantes se quejan del pago tardío en Andalucía y Cataluña.
R. Son las únicas autonomías que gestionan el pago a los alumnos con el dinero que reciben del Gobierno. Las transferencias llegan tarde y lo acaban pagando los alumnos. Esos convenios habría que mejorarlos. En general, el pago tardío es el mayor de los dramas porque puede disuadir a los estudiantes de matricularse porque no pueden adelantar el dinero. El Gobierno debería adelantar el calendario de la convocatoria y para eso tendría que utilizar los datos fiscales de dos años atrás, como hace Francia.
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