Las organizaciones de infancia reclaman juzgados especializados en violencia contra los niños
Sánchez informa de que el anteproyecto de ley modifica la agravante de discriminación para incluir la edad de la víctima y la aporofobia
Las organizaciones de infancia consideran que el anteproyecto de Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia supone un “avance muy importante” en la protección de niños y niñas en España, pero reclaman que vaya acompañada de la suficiente dotación presupuestaria. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes en primera lectura el texto, que ampliará los plazos de prescripción de los delitos sexuales contra menores, plantea cambios en el procedimiento judicial para reducir el número de declaraciones de las víctimas y un amplio paquete de medidas de prevención en el ámbito familiar, educativo y sanitario. Las organizaciones de infancia demandan la especialización de los juzgados en violencia contra los menores, algo que no se encuentra entre los anuncios que ha trasladado el Gobierno este viernes.
Tras el Consejo de Ministros, el presidente Pedro Sánchez, ha comparecido para dar cuenta de los acuerdos alcanzados y realizar un balance de su mandato. Sánchez ha reafirmado que la aprobación de este anteproyecto es un “compromiso personal” que tenía con el colectivo. Ha informado de que el plazo de prescripción de los delitos más graves contra los menores –entre ellos, los abusos sexuales– se ampliará. El tiempo comenzará a correr cuando la víctima tenga 30, y no 18, como sucede ahora, lo cual quiere decir que serán imprescriptibles, como mínimo, hasta que los afectados tengan 40. También ha informado de que el texto modifica la agravante genérica de discriminación para incluir en ella la edad de la víctima, razones de aporofobia o exclusión social o cualquier otro motivo basado en un prejuicio discriminatorio.
El presidente ha destacado la creación de un nuevo catálogo de delitos contra menores y adolescentes cometidos a través de Internet y tecnologías de la información y la comunicación, que incluye la incitación al suicidio, la autolesión o la promoción o facilitación de trastornos alimenticios, como la anorexia y la bulimia. “Se crean nuevos tipos delictivos para evitar impunidad de conductas realizadas a través de medios tecnológicos y de comunicación”, ha dicho.
“Se van a establecer también programas específicos para internos condenados por delitos relacionados con la violencia contra la infancia y la adolescencia para combatir la reincidencia, así como el seguimiento para la concesión de permisos y la libertad condicional”, ha añadido Sánchez. La norma también recogerá la obligatoriedad de aplicar la prueba preconstituida para menores de 14 años, es decir, que solo deban declarar una vez durante el proceso judicial, no como hasta ahora, cuando los niños se ven obligados a hacerlo en algunos casos hasta en cuatro ocasiones. El anteproyecto supone un cambio de paradigma, implica la modificación de 11 leyes y sitúa al menor en el centro de las políticas de los poderes públicos como titular de derechos subjetivos. Si se cumplen los plazos previstos, la tramitación parlamentaria podría comenzar en febrero.
“Aún no conocemos el texto definitivo, pero si salen adelante las medidas que se han planteado, España será un país pionero, tendríamos el marco regulatorio más avanzado de la Unión Europea en materia de derechos de infancia”, afirma Andrés Conde, director general de Save the Children España, una de las organizaciones que más se ha movilizado para reclamar una ley que proteja a los niños frente a la violencia. “Lo más importante es que la norma va a suponer un marco de prevención mucho más elevado que el que existía hasta ahora. No solo vamos a castigar los delitos, sino a prevenir que se cometan. Lo que mejor combate la violencia son los mecanismos de prevención”, dice.
Conde apunta que la ONG ha echado en falta medidas concretas de protección para colectivos vulnerables como los niños y niñas víctimas de violencia de género o de trata y hace especial hincapié en la necesidad de la especialización de los juzgados y de la fiscalía en violencia contra la infancia. “Este punto nos parece crítico. Si el texto no lo recoge, perderemos una oportunidad muy importante”, sostiene. Esta es una de las peticiones que las organizaciones de infancia llevan tiempo reclamando. “Si entendemos que en lo que se refiere a la violencia contra la mujer es imprescindible contar con órganos especializados, ¿por qué no ocurre lo mismo con la infancia? Lo necesitan. Uno de cada dos casos de abusos y agresión sexual en nuestro país es sufrido por un menor. Hay 38.000 denuncias al año por delitos violentos, y solo son la punta del iceberg porque muchos no se denuncian”, indica.
Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, que aglutina a 66 organizaciones especializadas en la materia —entre las que se encuentra Save the Children—, concuerda con Conde. Solicita además que la estrategia integral que deberá desarrollarse una vez aprobada la ley vaya acompañada de una suficiente dotación presupuestaria. “Si es así, será un texto muy garantista”, afirma. “Aunque no conocemos el articulado definitivo, los borradores que hemos ido trabajando con el Gobierno desde hace dos años sí van en la línea de mejorar significativamente el modelo de protección de la infancia”, señala.
Las organizaciones de infancia consideran positivo el avance que supone la obligatoriedad de la prueba preconstituida para menores de 14 años y la ampliación del plazo de prescripción de delitos sexuales, aunque lamentan que la prueba no se generalice para menores de 16, como pedían ellos, y que el tiempo para la prescripción comience a correr a los 30 años, y no a los 50, como también habían solicitado. El director de la Plataforma de Infancia se declara, no obstante, optimista respecto a la posibilidad de que la prescripción de estos delitos pueda ampliarse durante el trámite en el Congreso de los Diputados.
"Para nosotros lo más importante ahora es que la tramitación parlamentaria sea de urgencia y que todos los grupos políticos tengan visión de Estado. Hay un consenso parlamentario y social importante”, apunta Ibarra. “Nuestro mayor miedo es que el texto no se apruebe en esta legislatura, por eso pedimos celeridad a los partidos”, concluye.
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