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Afal esquilmó a una mujer tutelada antes de falsificar su testamento

La entidad vendió por 2,9 millones un edificio histórico valorado en 7,7

Una vecina muestra una lámina del edificio de Pianos Montano vendido por Afal.
Una vecina muestra una lámina del edificio de Pianos Montano vendido por Afal.ÁLVARO GARCÍA

La Fundación Afal Futuro esquilmó el patrimonio de su tutelada María Jesús Moreno, que padecía demencia y síndrome de Diógenes, al vender un edificio histórico del centro de Madrid propiedad de Moreno por 2,9 millones, pese a que disponía de un informe que lo valoraba en 7,7 millones. La entidad tutelar vació de esta manera y otras las cuentas de Moreno antes de falsificar el testamento por el que esta donaba lo que le quedaba, tres millones de su fortuna, a la Fundación Reina Sofía en 2012. La institución de la Reina ha puesto a disposición de la fiscalía este dinero al existir sospechas sobre el testamento. La Fiscalía de Madrid investiga a Afal por esquilmar el patrimonio de algunos tutelados.

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La juez Asunción Perianes autorizó a Afal la venta del inmueble de su tutelada en el verano de 2011. La fundación había argumentado que el edificio era “el único activo económico” de Moreno. Sin embargo, la enferma disponía de unos ingresos mensuales de 2.953 euros procedentes de seis alquileres que mantenía en dicho bloque, información que Afal ocultó al juzgado y a la fiscalía. El inmueble, a dos pasos de la plaza de España, fue construido por el tío abuelo de Moreno para albergar las salas de exposición de la fábrica de pianos Hermanos Montano. Es un edificio protegido y con salas de altos techos decorados con pinturas de Zuloaga, en las que, en la época, se celebraban conciertos para la realeza.

En 2011, la fundación tutelar esgrimió ante el juzgado que no podía seguir sufragando con sus fondos el alojamiento de Moreno en la residencia Eulen Santo Domingo, y que por ello la venta del inmueble era imperativa. Afal argumentó también que la incapacitada tenía una deuda de 92.830 euros con su abogado. El informe de la inmobiliaria Asset, cuya responsable, Ana Solozábal, es amiga de la presidenta de Afal, Blanca Clavijo, elevaba en diciembre de 2010 a 7,7 millones los ingresos que se podían obtener por el edificio. Eso sí, decía, antes era necesario echar a los inquilinos e indemnizarles, una reforma integral del bloque —que valoraba en dos millones—, y otros gastos hasta 3,5 millones; lo que aún dejaba un beneficio de cuatro millones.

La organización ocultó a la juez las rentas de la anciana para avalar la venta

María, una de las inquilinas, critica a Afal por vender el inmueble entero. “Si hacía falta dinero para el mantenimiento de María Jesús podían haber vendido algún piso. Hay varios vacíos. Y son grandes”, dice. Ella y otros vecinos cuentan que desde que la fundación se encargó de gestionar el patrimonio de Moreno, han sufrido presiones para abandonar sus casas. Para lograr echar a María, Afal contrató a un detective privado que debía demostrar que tenía otro piso y que su nieto, del que cuida, no vivía con ella. El investigador la siguió a ella y a su familia durante una semana. Pero no lograron echarla.

El caso de Moreno ilustra el proceder de esta fundación con otros de sus tutelados: la red contrataba servicios para estas personas, muy enfermas, con empresas vinculadas a la cúpula de Afal. Así, tres meses antes de que Moreno donara su fortuna a la Fundación Reina Sofía y solo cinco días después de la venta del inmueble, Afal realizó cuatro transferencias por más de 400.000 euros desde las cuentas de la tutelada. Las cuatro entre el 27 y el 30 de diciembre de 2011. De esta forma, antes de que el juzgado autorizara la venta del edificio, Afal ya había abonado la comisión a la agencia inmobiliaria por 174.050 euros, otra por un estudio de 17.700 euros; además de pagar a Geronlaw, firma de Clavijo, 12.500 euros. La entidad tutelar también decidió que Moreno iba a ser generosa con su asociación madre, Afal Contigo, y le transfirió dos donaciones por 216.000 euros. Tanto Clavijo como Solozábal declinaron comentar el asunto.

Pintura de Zuloaga en el interior del inmueble.
Pintura de Zuloaga en el interior del inmueble.ÁLVARO GARCÍA

Antes de la operación inmobiliaria, Afal se encargó de recoger todos los muebles y obras de arte que atesoraba Moreno. Antigüedades y objetos entre los que se encontraban tres pianos y una valiosa pianola del siglo XIX. Para realizar el inventario, Clavijo contrató a una prima suya, la anticuaria María Eugenia Lamigueiro, que remitió los bienes a la conocida casa de subastas Durán. Se vendieron por 14.000 euros, según informó Afal al juzgado. Sin embargo, los vecinos aseguran que durante este inventario las joyas de Moreno no aparecieron. “Cuando yo entré en la casa ya habían entrado”, alegó Lamigueiro.

A pesar de los cálculos de la inmobiliaria Asset, Afal vendió finalmente por 2,9 millones el edificio a la sociedad San Bernardino, constituida ex profeso para la venta por Gonzalo López y su madre Araceli Arroyo. Estos cerraron con Afal una cómoda compra que se pagaría con 1,2 millones en efectivo y 1,7 millones en pagarés en diferentes plazos.

La entidad transfirió 400.000 euros de Moreno en solo cuatro días de 2011

El último pagaré, de 500.000 euros, lo reclamó la Fundación Reina Sofía, como heredera de la mujer. Pero López argumentó que el inmueble estaba hipotecado por 2,7 millones. Ante la difícil tesitura de quedarse con un inmueble hipotecado en plena crisis del ladrillo, la organización benéfica optó por aceptar como pago 22 garajes en el sur de Madrid.

La Fundación Reina Sofía tuvo que abonar también parte de la deuda de Moreno con su abogado, que Afal no había cubierto. Ascendía a 58.285 euros, aunque tras una negociación a tres bandas pagó 35.262 euros. No fue la única deuda que heredó por la gestión de Afal. Debido a que la fundación tutelar ocultó a Hacienda la venta del inmueble, el fisco reclamó 91.958 euros a la Fundación Reina Sofía como heredera de los beneficios de la operación inmobiliaria. La institución ha aceptado pagar esa cantidad, aunque ha logrado que Afal se haga cargo de la multa de 33.177 euros por evasión de impuestos.

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