Hacienda detecta irregularidades en las cuentas de Parques Nacionales

La Intervención General del Estado ha hallado irregularidades contables en Parques Nacionales tan importantes como para negarse a emitir una valoración sobre el balance, la cuenta de resultados y la memoria de 2012 del organismo dependiente del Ministerio de Agricultura. La Intervención, que depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda, en un duro informe que ayer publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE), asegura que el 87% de los bienes que tiene el organismo por valor de 247 millones (en esencia, fincas, infraestructuras y construcciones) “no están identificados y no se puede comprobar, por falta de control interno, si esos bienes existen y en qué condiciones de uso, por lo que no se ha podido evaluar el efecto que este hecho pudiera tener sobre las cuentas del ejercicio 2012”.

La funcionaria que firma el documento critica que no haya “un inventario como tal”, ni un departamento independiente “que lleve un control del inventario, ni ningún manual de procedimiento”. Medio Ambiente aseguró ayer que no hay "ninguna irregularidad" en sus cuentas y que trabajan en un inventario "con el que se tenía que haber contado desde hace 10 años". "Las salvedades no afectan al estado de liquidación del presupuesto de 2012, el cual ha sido aceptado y validado", señala el ministerio, pero no valora las afirmaciones de la auditora sobre el valor de los activos ni qué consecuencias tienen.

La Intervención General ya había advertido el año pasado del caos contable en el organismo que ahora dirige Basilio Rada, aunque en el BOE ese informe no figuraba junto a las cuentas. Con 140 empleados, el organismo se encarga de coordinar la red de 15 parques nacionales españoles además de gestionar los de Cabañeros y Tablas de Daimiel (nunca transferidos a Castilla-La Mancha pese a que la competencia es autonómica).

Parques Nacionales es titular de infinidad de fincas, refugios de montaña, centros de interpretación, centros de visitantes, oficinas, talleres, almacenes y hasta bares y áreas recreativas. Es precisamente sobre la valoración de estos bienes de la partida de “inmovilizado material”, sobre los que recaen las dudas. El organismo también es responsable de fincas institucionales como Quintos de Mora y La Encomienda de Mudela, donde acudía a cazar perdices la familia real.

Parques hace una corrección de las pérdidas publicadas en 2011, que pasan de 41 millones a 50 millones. En 2012 el resultado arroja un beneficio de poco más de un millón de euros.

Además de irregularidades en la valoración de sus activos, el organismo que dirige Basilio Rada, un ingeniero de Montes que ya estuvo al frente de Parques con el Ejecutivo de Aznar y que fue designado por Miguel Arias Cañete, no aporta información suficiente de otros aspectos. Por ejemplo, no registra los gastos de personal derivados de ejecución de sentencias hasta el momento en que se producen. El servicio de publicaciones tampoco lleva un control de los libros que venden en la red de parques, ni se ha verificado si las acciones de la entidad La Almoraima, —una finca expropiada a José María Ruiz Mateos que ocupa 14.113 hectáreas del municipio gaditano de Castellar de la Frontera, la mayoría en el parque natural de Los Alcornocales—, han cambiado de valor. Las cuentas tampoco recogen entregas de activos, como la base contra incendios forestales de Serradilla (Cáceres), situada en el Parque Nacional de Monfragüe cedida a la Junta de Extremadura.

El informe publicado ayer señala que las divergencias entre Hacienda y Parques comenzaron el pasado verano, con la aprobación del balance desde el organismo autónomo. El ministerio pidió rectificaciones y Parques se vio obligado a reformular las cuentas, esta vez eliminando 54 millones del activo. Esos cambios no fueron suficientes, y la interventora insistió en sus conclusiones iniciales al negarse a emitir una opinión, lo que les resta un aval de legalidad. En el trámite de alegaciones, el órgano adscrito a Medio Ambiente mencionó que va a “depurar” sus cuentas, y ha empezado a etiquetar sus bienes.

El informe de Hacienda es el último capítulo de la polémica gestión de Rada, un aficionado a la caza que en enero del año pasado acudió  invitado a una montería a una finca de Alberto Alcocer en la linde del Parque de Cabañeros. La cacería de ciervos, gamos y jabalíes estaba autorizada con una zona dentro del parque, donde está prohibida la caza, pero Rada alegó que no se llegaron a adentrar en el espacio protegido. Tras publicar este diario la cacería, Rada destituyó al director del parque, Manuel Carrasco, técnico muy respetado en el sector. Con la reforma legal en marcha, los propietarios de fincas en parques nacionales podrán cazar bajo la fórmula de controlar el exceso de poblaciones.

Antes de volver a la dirección de Parques, Rada fue durante ocho años director de La Encomienda de Mudela, un palacete en Ciudad Real en la que tradicionalmente cazaba perdices el Rey. Allí se codeó con los grandes cazadores del país. Ya como director del Organismo, Rada renovó el arrendamiento de la caza en Mudela a pesar de que el Rey ya no acude.

Pese a que tiene rango de subdirector general, y por lo tanto no tiene derecho a coche oficial, fuentes del ministerio afirman que mantiene un chófer con dinero público. Este diario intentó, sin éxito, obtener la versión de Rada.