Industria al alza en EE UU con el beneplácito público

La producción nacional de gas y petróleo en EE UU se ha disparado en los últimos años debido en buena parte al fracking, una técnica de extracción que se ha extendido por todo el país. Cada año, se estima que se perforan 25.000 nuevos pozos. La regulación laxa y los subsidios de los Gobiernos, tanto estatales como el federal, han favorecido el desarrollo de la perforación hidráulica hasta el punto de que en la actualidad los yacimientos de esquisto producen un cuarto de todo el gas natural estadounidense, frente al 1% que representaba en 2000.

La Administración Obama se ha erigido en defensora del fracking, una técnica a la que considera responsable del vuelco en el sector energético, favoreciendo el descenso de los precios en el sector, la reducción de la dependencia de combustibles fósiles del extranjero y la disminución de las emisiones de CO2. Sin embargo, la oposición a la política tendente a favorecer esta práctica en suelo federal cada vez cuenta con más opositores. El viernes, a las puertas de un acto en la universidad de Binghampton, en Nueva York, el presidente Barack Obama era recibido con pancartas en contra de la perforación hidráulica. La presión ciudadana en ese Estado, manifestada a través de la web ThirtyDaysOfFrackingRegs.com, provocó que este invierto se ampliara un año más la moratoria que prohibe el fracking en su territorio.

Los yacimientos de esquisto producen un cuarto de todo el gas natural estadounidense, frente al 1% que representaba en 2000

En EE UU, cada Estado regula esta técnica en su territorio y el Gobierno federal establece las normas para las perforaciones en suelo federal, del que se extrae el 13% de la producción total de gas natural del país y el 5% de la de petróleo. A mediados de mayo de este año, la Administración presentó las nuevas normas para regular el fracking en territorio federal -la última legislación se remonta a 1988-. Se trata de una revisión de una versión publicada en 2012 y que suscitó las críticas de la industria del gas y el petróleo y del Partido Republicano.

La nueva normativa exige a las empresas que desglosen las sustancias químicas que van a emplear en el fracking 30 días después de que hayan comenzado la perforación -en la versión inicial debían desvelarlas antes de iniciar la misma- y, en todo caso, no están obligadas a dar a conocer todos los componentes utilizados en virtud de una cláusula de “secreto industrial”. Respecto de la seguridad de los pozos para evitar filtraciones y escapes de metano y otros contaminantes químicos, a las empresas sólo se les exige informar sobre el estado de un pozo -no de todos- por área geológica. La regulación también prevé sanciones para quienes perforen en zonas próximas a viviendas o escuelas y permite recoger el agua contaminada por los productos tóxicos empleados en la fracturación hidráulica en pozos al aire libre.

A mediados de mayo de este año, la Administración presentó las nuevas normas para regular el fracking en territorio federal

Los grupos medioambientales han arremetido contra el nuevo paquete legislativo que, sostienen, es una concesión a las compañías. “Esta versión es mucho más permisiva que la anterior y no hace nada para limitar la mayoría de los riesgos del fracking, como las emisiones de metano o la contaminación hídrica”, señala en conversación telefónica Patrick Sullivan del Center for Biolgical Diversity.

Los ecologistas demandan de la Administración mayor firmeza contra estas prácticas y una apuesta firme por las energías renovables. “Creemos que la nueva normativa no regula en profundidad aquello que contempla y que no incluye otros aspectos importantes como un mejor control de la calidad del aire o del agua para comprobar que verdaderamente está limpia”, señala Amy Mall, analista del Consejo para la Defensa de Recursos Naturales.

El período público para presentar alegaciones a la propuesta normativa del Gobierno terminó este viernes. Se han hecho llegar más de un millón de recomendaciones, dice Mall, pero as asociaciones medioambientales no tienen muchas esperanzas en que sean atendidas. “La Administración parece determinada a abrir la explotación del territorio nacional al fracking”, se lamenta Sullivan.

Los grupos medioambientales han arremetido contra el nuevo paquete legislativo que, sostienen, es una concesión a la industria del gal y el petróleo

La oposición a esta técnica por los altos riesgos de contaminación del aire y el agua, debido a las altas concentraciones de metano, y por su vinculación con temblores de tierra, es cada vez más visible y combativa. El pasado mes de abril, un juez de California suspendió el arrendamiento de tierras federales del yacimiento de Monterrey hasta que el Departamento de Interior no facilitara un informe completo del impacto ecológico del fracking. La demanda fue interpuesta por los grupos ecologistas Sierra Club y el Center for Biological Diversity.

En Pensilvania, uno de los Estados que mejor reflejan el boom del fracking -entre 2005 y 2011 se han abierto más de 4.000 pozos- el Allegheny Defense Project logró que el Servicio Forestal, el responsable los terrenos donde se encuentran los pozos, estableciera normas de revisión y control de las perforaciones más estrictas, dando lugar a una legislación que se ha establecido como ejemplo regulatorio. En 2009, el Servicio Forestal fue demandado por las compañías de gas que alegan que las normas violan sus derechos de propiedad. El caso sigue pendiente de un tribunal de Apelaciones.

La Administración Obama se ha erigido en defensora del fracking, una técnica a la que considera responsable del vuelco en el sector energético

Susan Brantley, profesora de Geología y directora del Instituto de la Tierra y Sistemas Medioambientales de la universidad de Pensilvania State, defiende el proceso que ha llevado a este Estado a endurecer las normas sobre perforación hidráulica, una práctica que defiende. “Esta técnica no es perfecta y es problemática, pero como muchas otras. Lo que hay que hacer es estudiar los incidentes y actuar en consecuencia. En Pensilvania la legislación era muy imprecisa y se produjeron casos de contaminación hídrica y de escapes de metano. Se han reforzado las normas y se han corregido esos riesgos”, señala. “Pensilvania es un ejemplo de que se puede alcanzar una regulación correcta que permita el desarrollo de la industria mitigando los efectos nocivos para el medio ambiente”, sostiene.