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Impulso a la eurotarjeta sanitaria

El Ministerio de Sanidad da nuevas instrucciones para que todos los hospitales las acepten La Comisión ha abierto procedimiento de infracción a España por poner problemas a su uso

Elena G. Sevillano

El Ministerio de Sanidad quiere evitar por todos los medios que el procedimiento de infracción que le abrió a España la Comisión Europea en mayo siga adelante. Tras recibir “un número cada vez mayor de denuncias”, Bruselas acusa a España de permitir que hospitales públicos de zonas turísticas se nieguen a aceptar la tarjeta sanitaria europea (TSE) de ciudadanos de Estados miembros y, en su lugar, les exijan el seguro de viaje privado o, incluso, los datos de la tarjeta de crédito. El ministerio llevará al Consejo Interterritorial de la semana que viene una propuesta con nuevas instrucciones: ya no se pedirá a los visitantes que elijan si prefieren cargar su asistencia a la TSE o al seguro privado. Si presentan la tarjeta, o incluso solo si dicen tenerla, “no se les preguntará por la existencia de otras coberturas”.

La tarjeta sanitaria europea es un documento que certifica que el titular tiene derecho a recibir la misma asistencia que los nacionales del Estado donde la necesite. La legislación de la UE deja claro que no hace falta nada más. Sin embargo, la Comisión aseguró haber recibido quejas relativas a 19 hospitales españoles procedentes de cinco compañías de seguros, dos organizaciones de asistencia en vacaciones y 26 ciudadanos de la UE. Las 10 últimas habían llegado entre diciembre de 2012 y el 30 de mayo de 2013, por lo que la Comisión consideró que se trataba de “una práctica administrativa evidente”, por más que el Ministerio de Sanidad lleve desde 2010 asegurando que ha tomado medidas para solucionar el problema.

Las primeras interesadas en extender el uso de la TSE son las compañías aseguradoras, puesto que la mayoría de ciudadanos europeos —el 80%— viaja con doble cobertura: la tarjeta europea y una póliza privada.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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