Los límites de la protección social

A partir de la Ley de Dependencia, los servicios sociales se configuran por completo como el cuarto pilar del bienestar social. María del Mar Viñolo, la mujer que murió junto a su madre en Astorga, era usuaria y beneficiaria del sistema de la dependencia, lo que significa que profesionales de los servicios sociales que la atendieron procuraron desde los principios éticos de justicia, autonomía y beneficencia, buscar su colaboración y evitar hacer uso de medidas coercitivas, teniendo en cuenta el principio de presunción de capacidad.

Los trabajadores sociales no actuamos de forma parcial o ciega sobre las personas, como podría hacerse en otros sistemas llegado el caso, sino que evaluamos la situación integral de cada persona, el ámbito que la rodea y sus entornos de convivencia. En un momento de recursos escasos, con la implantación de la Ley de Dependencia a veces se ha tenido que optar por un servicio no del todo adecuado antes que dejar al usuario sin nada. En casos como este, cuando los recursos son pocos, se ven quizá en la obligación de elegir tristemente entre un mal mayor y uno menor: si no hay una plaza de residencia para la madre, al lado de la de la hija, quizá es más penoso dejarlas morir separadas tras toda una vida juntas. Quisieron vivir juntas, y murieron no por tomar esa decisión, sino porque nadie las acompañó en su vida cotidiana, nadie se dio cuenta de lo que les ocurría. Lamentablemente, en muchísimas ocasiones hemos estado más ocupados en resolver los expedientes con rapidez y en cumplir a golpe de tambor con las normas y criterios dictados por los gestores y dirigentes, que en intentar buscar las fórmulas de protección más idóneas para cada caso. Para colmo, la Ley de Dependencia no otorgó capacidad de prescripción facultativa al dictamen profesional y la decisión última descansa en los usuarios y en la resolución del dirigente. Esto, que parece positivo inicialmente, tiene sus perversiones. En los servicios sociales no hay cultura de lo facultativo y con los recortes, el nivel profesional se está empobreciendo, perdiendo capacidad de intervención y —por ende— responsabilidad.

Cuando se nos anuncia una merma tan brutal de nuestros ya menguados recursos, con los que apenas podemos paliar las consecuencias más extremas de la crisis, no podemos evitar sentirnos profundamente afectados y obligados a hacer todo cuanto esté en nuestra mano para evitar esta incalificable injusticia. No podemos ni queremos tener que explicar lo inexplicable; no queremos ni podemos consentir que los recortes se ceben, con mayor virulencia, en quienes peor lo están pasando con la crisis, en las personas y familias más perjudicadas. Por eso, hacemos un llamamiento, desde la legitimidad y la fuerza que nos da la voz de los cientos de miles de personas angustiadas que acuden a diario a nuestros servicios, para que se recapacite y se dé marcha atrás a estos recortes en los servicios sociales; es mucho más que una cuestión política: es una exigencia humana.

José Manuel Ramírez Navarro es presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.