Una legislación antiterrorista a revisar
España dispone de la legislación penal adecuada para combatir la tortura. Esa excrecencia de la dictadura pervive como comportamiento excepcional de algunos malos profesionales de países democráticos. La existencia de un fenómeno terrorista como el que hemos padecido es un elemento multiplicador de las posibilidades de que se produzcan estas prácticas. Y la estrategia tras la detención de denunciar sistemáticamente haber sido víctima de ella como consigna de la banda no ha contribuido —al revés— a su erradicación, y ha podido servir hasta como elemento incentivador, pues el torturador oculta con más facilidad su miserable comportamiento.
Tenemos una legislación antiterrorista que puede facilitar la tortura y eso debería revisarse. Esta bien mantener la incomunicación respecto a los abogados que solicite el detenido, pues pueden tener algún nivel de implicación en la misma organización, pero los poderes públicos podían haber establecido mecanismos que garanticen la imposibilidad de que ningún ciudadano sea sometido a esa brutalidad despreciable.
No se trata solo de garantizar que se investigue, identifique y juzgue al culpable, sino de crear mecanismos y protocolos que impidan, y no solo para los terroristas sino para cualquier ciudadano, por muy execrable que sea su crimen, que pueda ser víctima de torturas. Una medida elemental es la transparencia, la instalación de cámaras en los calabozos y dependencias en las que se encuentre el detenido (impide también las denuncias falsas) y que la responsabilidad sobre la integridad se garantice por policías distintos a los que llevan a cabo la investigación por la que ha sido detenido. Policías formados específicamente para garantizar los derechos de los detenidos. Aunque algunos sindicatos lo consideren muy burocrático y que detrae efectivos del servicio ordinario, quizás debería estudiarse la implantación del sistema de atención al detenido y los protocolos de actuación de la Ertzaintza en estos casos.
Preguntarse por qué no hay condenas por tortura es presuponer que las hay y no se investigan. Puede haber algún caso, pero se trata de mínimas excepciones, que deben combatirse con los protocolos y medidas adecuadas. No dispongo de datos de denuncias, pero hace años que los servicios jurídicos del SUP no reciben solicitud de defensa por esta materia. Ojalá sea un síntoma de que, al menos en eso, vamos por buen camino.
José Manuel Sánchez-Fornet es secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP)
