Hachazo de 5.000 millones a la sanidad

Hospitales que dejan de operar por la tarde. Centros de salud cerrados en sábado. Urgencias saturadas por falta de personal. Escasez de material. Los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas, que nunca estuvieron muy boyantes, acusan este año un nuevo recorte. En dos años, las partidas destinadas a sostener hospitales y ambulatorios se han reducido en un 8,7%. La mayor bajada en décadas. La sanidad española funciona ahora con unos 5.000 millones menos que en 2010. Sindicatos y expertos alertan de que los ajustes empiezan a pasar factura a la calidad asistencial. La sanidad pública, uno de los servicios esenciales mejor valorados, corre el riesgo de deteriorarse hasta quedar irreconocible.

El principal mordisco se lo ha llevado el capítulo de personal. Por un lado están las bajadas de sueldo —que se suman a la reducción del 5% decretada por el Gobierno central— que las comunidades aplican al dejar de abonar complementos o formación. Además, han ampliado la jornada a los profesionales, lo que se traduce en menos contrataciones de personal interino y eventual, según un informe sobre la reducción de presupuestos sanitarios de CC OO. La mayoría de las regiones tampoco cubren las bajas de médicos, enfermeras o celadores. El resultado es que hay menos profesionales para atender a las mismas (o más) personas. “Ya no se contrata a nadie. Y va a ser peor. Las vacaciones de este año pueden ser un auténtico caos”, alerta el secretario general de la Federación de Sanidad de este sindicato, Antonio Cabrera.

Las autoridades, sin embargo, niegan que los ajustes se traduzcan en problemas de asistencia. “No cerramos centros, no reducimos servicios. Lo único que hemos pedido es un esfuerzo adicional a los profesionales con ampliación de la jornada”, esgrimía hace unos días Antonio Sáez, consejero de Sanidad de Castilla y León. Allí los médicos han anunciado movilizaciones contra los ajustes que, dicen, deterioran el sistema.

El descenso de la financiación se aprecia también en el gasto por habitante, que se ha reducido un 10,4% de media en dos años. En cifras absolutas, y si cumplen los cálculos, las administraciones gastarán de media 1.204 euros por persona este año, frente a los 1.344 de 2010, según datos de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que no incluyen la dotación de Castilla-La Mancha, aún sin presupuesto aprobado para 2012. La poda acentúa las diferencias entre autonomías. País Vasco, por ejemplo, dedica a sanidad casi 600 euros más por persona que la Comunidad Valenciana.

Hay hospitales que limitan hasta el uso de las vendas, según los sindicatos

Desde la consejería de Sanidad valenciana afirman que, pese a la reducción, se dedica más del 40% del presupuesto autonómico a sanidad. Y a los ajustes suman un paquete de medidas “de eficiencia” con el que planean ahorrar 440 millones de euros. “Las iniciativas no repercutirán negativamente en la calidad de la sanidad”, asegura una portavoz.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, que, asfixiado por la deuda, ha entregado mediante concesiones cuatro hospitales al sector privado, afirma que están tomando medidas para sostener la sanidad. “Se ahorra en lo que se puede, con esfuerzo en reorganizar mejor”, dice un portavoz del servicio castellanomanchego de salud.

Pero lo cierto es que los ajustes no se limitan al personal y a fomentar la eficiencia. Las consejerías también tratan de rascar euros en la adquisición de todo tipo de material. Las compras de tecnología sanitaria se han reducido un 15%, según Fenin, la patronal del sector. Margarita Alfonsel, su secretaria general, explica que hay menos concursos públicos y menos compras directas de los hospitales. “Además, la sustitución de material —desde ecógrafos hasta aparatos de radiología— se está retrasando, a veces incluso hasta agotar la vida útil de los dispositivos, algo que antes no sucedía”, añade. Antes se cambiaban; ahora se reparan.

El ahorro llega hasta materiales tan aparentemente triviales como las gasas y las vendas. El sindicato de enfermería Satse denuncia que en hospitales gallegos se ha restringido el uso de apósitos y que, donde los hay en abundancia, son de menor calidad. “No hay presupuesto ni para un ratón de ordenador por lo que se lo han tenido que traer de casa”, dicen los representantes del sindicato en el hospital Meixoeiro de Vigo.

El gasto farmacéutico, un pozo sin fondo para las comunidades, se ha convertido en objetivo de nuevos ajustes. Cataluña prevé cobrar un euro por receta a partir de mayo. Y en Valencia se formó un revuelo a finales de enero cuando el programa informático dejó de incluir como financiados mucolíticos y laxantes, para sorpresa de los médicos. La consejería, sin embargo, asegura que lo ocurrido nada tiene que ver con los recortes, sino con la aplicación de un decreto estatal previo.

Para el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, los ajustes pueden tener consecuencias “muy graves”. “Recortar en un sistema de salud que ya es bastante barato [está por debajo de la media de la OCDE], es peligroso”, dice. Teme que el resultado de aplicar la tijera “indiscriminadamente” dañe la calidad asistencial. “En Cataluña, donde el ajuste ha sido grande, ya se nota”, alerta. En esa comunidad, donde el presupuesto ha caído un 12%, las listas de espera han aumentado en dos años un 23%.

José Ramón Repullo, jefe de Planificación y Economía de la Salud en la Escuela Nacional de Sanidad, apunta otra reducción importante: “Lo destinado a inversión se ha desplomado”. En Andalucía, Aragón o Galicia ha caído más del 40% (datos de 2011). Repullo alerta, además, de que los presupuestos iniciales no se cumplirán. “Normalmente se gasta un 3% o un 4% más de lo presupuestado”, dice. Madrid, por ejemplo, en 2009 tuvo que añadir 1.000 millones más a su cálculo inicial.

Esa infrafinanciación es uno de los problemas crónicos de la sanidad española. Y con los recortes se agudiza. Los hospitales públicos deben unos 11.600 millones de euros en fármacos y materiales sanitarios. Facturas que algunas comunidades tardan más de 800 días en saldar. La situación ya a principios de año, cuando las arcas públicas suelen estar menos esquilmadas, es grave; y los expertos calculan de que irá a peor. Los proveedores farmacéuticos advierten que como la situación no cambie el suministro de medicamentos "está en riesgo".

Para Alejando Laguna, secretario general de Satse, el sistema está bajo mínimos. Critica que gran parte de la poda haya sido en personal: “Los profesionales tenemos vidas de personas en nuestras manos. Cada euro hurtado al sistema repercute gravemente en la asistencia que ofrecemos”.