La difícil misión de recuperar el ‘dinero rojo’ del que se incautó Franco

La herencia que Joaquim Aragonés recibió de sus padres continúa siendo papel mojado. Este jubilado catalán aún conserva dos recibos con sus ahorros, 9.000 pesetas que el gobierno franquista les quitó en 1939 y que nunca recuperaron. Los sublevados confiscaron millones de pesetas republicanas al final de la guerra. Franco prometió devolverlas y entregó a sus dueños unos cupones con el epígrafe "Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo". Nunca sucedió y la democracia tampoco se las restituyó. Aragonés, de 73 años, espera vivir lo suficiente para recuperar los ahorros y el honor de sus padres. Está un paso más cerca desde el 13 de octubre, cuando el Congreso aprobó investigar lo sucedido con el denominado dinero rojo.

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“Ese dinero albergaba todas las ilusiones y los planes de futuro de mis padres”, insiste Aragonés. Su progenitor, Francisco, pretendía utilizar esos ahorros para comprar una casa con parcela y dejar su empleo en una compañía eléctrica. Una tarde, mientras reparaba una avería, tuvo la mala suerte de tocar un cable de alta tensión. La corriente atravesó su cuerpo y hubo que amputarle ambos brazos. Poco después, Franco le requisó el dinero. “Le dejó en la miseria absoluta”, rememora su hijo.

La empresa tardó años en reconocer el accidente, así que la familia fue acumulando deudas en una tienda. Un día, Francisco pidió a Joaquim que le acompañara al negocio y abonó todo lo que debía. Quería que viese cómo pagaba. Un peritaje firmado por Lluís Planas, doctor en Economía por la Universidad de Barcelona, calcula que cada peseta republicana incautada equivaldría hoy a 13,91 euros. Así lo avanzó Ctxt a propósito de la demanda conjunta presentada el año pasado por el Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis (Girona), donde 134 vecinos se vieron afectados por estas incautaciones. Con ese cómputo, a Joaquim le corresponderían 125.000 euros.

Tras el alzamiento militar, los golpistas advirtieron que, si querían ganar la guerra, también debían luchar contra la Segunda República en el frente económico. El Gobierno de Burgos emitió un decreto que consideraba ilegales los billetes puestos en circulación por el Banco de España tras el golpe. Los emitidos hasta esa fecha solo eran válidos si habían sido estampillados por el autodenominado bando nacional. Mantener el sistema resultó imposible, ya que era muy fácil falsificar el sello. Eso hizo que los franquistas comenzaran a emitir su propia moneda.

La medida creó una división total entre las dos zonas. Dos sistemas monetarios, dos cambios y dos poderes adquisitivos diferentes. Una auténtica guerra financiera paralela. En abril de 1938, los sublevados ordenaron cambiar el papel moneda republicano por su dinero en aquellos territorios que ocupaban. Ese mismo año, Franco aprobó tres decretos para regular el canje de billetes y las incautaciones, contra recibo, de los signos fiduciarios republicanos, incluido el papel moneda. Conservarlos se consideró un delito de contrabando.

La normativa designó un tribunal extraordinario que debía resolver las solicitudes para recuperar el dinero rojo. Las que fuesen denegadas engrosarían una cuenta del Banco de España denominada "Billetes de canje desestimado". Para recuperar sus ahorros, los damnificados tenían que ir acompañados por tres personas afines al nuevo régimen, algo que pocas veces ocurría.

La mayoría de las víctimas nunca recobró el dinero, entre ellas la abuela de Ramiro Montoya, un valenciano de 60 años que posee un recibo de 4.375 pesetas. Según el cálculo del profesor Planas equivaldrían a 60.000 euros en la actualidad. “La guerra le arrebató a dos hijos, a su marido y todos sus ahorros. Murió de amargura en 1940”, relata su nieto.

Montoya es miembro de la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF), creada en 2005. La organización engloba a 750 familias que reclaman 18 millones de pesetas (250 millones de euros según el citado estudio). Esa es solo una pequeña parte del dinero confiscado, reconoce Laura Cervera, su presidenta. Muchos damnificados se deshicieron de sus recibos al entender que nunca los cobrarían. Otros aparecieron en mudanzas o en la basura. Un informe del Banco de España fechado en marzo de 1938 cifró la incautación en 35 millones de pesetas. Carlos Barciela, profesor de Historia Económica en la Universidad de Alicante, sostiene que Franco anuló 25.536 millones, más de la mitad en dinero de curso legal, por lo que la cantidad decomisada podría ser mucho mayor.

Para solucionar el caos monetario hubo que esperar hasta diciembre de 1939, año en el que finalizó la guerra. “La clave está en la Ley Reguladora del Desbloqueo que aprueba José Larraz, ministro de Hacienda del primer gobierno franquista”, indica Barciela. La normativa anuló definitivamente el dinero rojo y evitó que los tribunales internacionales lo reconocieran. "Los partidos y los sindicatos recuperaron sus bienes, pero la sociedad civil nunca ha sido resarcida", se queja Cervera, que guarda un bono de su abuelo por 7.000 pesetas. Aplicando el cálculo de Planas, hoy sumarían más de 97.000 euros.

Los perjudicados comenzaron a solicitar el dinero en los años ochenta a través del despacho de Cristina Almeida. En 2015, el exjuez Baltasar Garzón presentó una reclamación al Consejo de Ministros, luego rechazada por el Tribunal Supremo. El asunto ya se debatió en 2007 en el Congreso, pero fue desestimado con los votos de PP y PSOE.

Una década después, el Parlamento de Cataluña envió una proposición de ley para reformar la Ley de Memoria Histórica, que no contempló la reparación en 2007. Mariano Rajoy bloqueó la iniciativa alegando que la demanda supondría aumentar los créditos presupuestarios. La propuesta se debatió finalmente el 13 de octubre en la Cámara baja, que aprobó su toma en consideración con la abstención del PP y el voto en contra de Vox. La iniciativa podría tener encaje en la futura Ley de Memoria Democrática. “De la manera que sea, pero es hora de acabar con esta forma de represión”, zanja Ramiro Montoya.