La Audiencia Nacional ordena vigilar la tradicional marcha de enero en apoyo a los presos de ETA
El magistrado José Luis Calama rechaza prohibir la manifestación de forma preventiva
La Audiencia Nacional ha ordenado vigilar la marcha que cada año, a principios de enero, convoca la izquierda abertzale en apoyo de los presos de ETA y que este 2020 se celebra el próximo día 11. José Luis Calama, magistrado del juzgado de Instrucción Central número 4, ha dictado un auto para instar al Departamento de Interior del Gobierno vasco y a las fuerzas de seguridad a "controlar" y "seguir" la manifestación por si, durante su desarrollo, se "realizan actos que pudieran ser constitutivos de delitos de enaltecimiento o justificación de delitos terroristas; o de descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o sus familiares". El juez rechaza, por su parte, prohibir la protesta de forma preventiva, como había solicitado una asociación de víctimas del terrorismo.
Esta convocatoria reúne cada enero a miles de personas —70.000 el pasado año, según la Policía Municipal—, que marchan por el centro de Bilbao en defensa del fin de la dispersión carcelaria de los reclusos de ETA y su acercamiento a las prisiones vascas. En 2018, lo hicieron tras el lema "Orain presoak" ["Ahora los presos"]. En una cita a la que se sumó la plana mayor de la izquierda abertzale (incluido Arnaldo Otegi) y representantes de Podemos Euskadi (Andeka Larrea Y Pili Zabala), ERC (Joan Tardà), la CUP (Natalia Sánchez) y los sindicatos LAB, ELA y CC OO. El resto de formaciones rechazó participar.
"El objetivo de esta concentración no es otro que ensalzar a quienes han sido condenados por pertenecer o colaborar con ETA, o por la realización de acciones terroristas que han causado un gran número de asesinados y heridos a lo largo del sangriento historial criminal de la banda, lo que constituye una actuación de enaltecimiento y justificación pública del terrorismo, con el menosprecio y humillación a las víctimas y sus familiares que ese tipo de delitos generan", denuncia, en cambio, la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas de Terrorismo (APAVT), vinculada a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que presentó un escrito a finales del pasado año en la Audiencia Nacional para solicitar su prohibición.
El colectivo argumentaba también que la plataforma Sare, que convoca el acto, puede considerarse continuación de la asociación Herrira, "sobre la que pesa una prohibición de actividades decretada por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional", destaca la Fiscalía. Pero el ministerio público y Calama subrayan que sobre dicha vinculación "no se ofrece ningún tipo de indicio, más allá de una similitud entre las finalidades de una y otra asociación", según consta en el auto del magistrado, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Además, prosigue el instructor, no existen "razones fundadas" para restringir de forma preventiva el derecho fundamental de reunión, especialmente protegido por la Constitución y la jurisprudencia nacional y europea. Una decisión que también respaldó la Fiscalía, que considera que la marcha solo puede considerarse, de momento, como "actos cubiertos de una pátina reivindicativa o política": "No constando a priori, por los antecedentes de los convocantes o las circunstancias en casos similares, que se vaya a producir actos de otro carácter especialmente de tipo delictivo". Eso sí, el juez Calama ordena a las fuerzas de seguridad vigilar la concentración y, en el caso de que se produzcan supuestos delitos, identificar a sus autores y comunicárselo.
Según los datos de Interior, 219 presos de ETA permanecen actualmente en las cárceles españolas. En el último año y medio, unos 120 han presentado escritos en los que acatan la ley con el fin de mejorar su situación penitenciaria. Desde la disolución de ETA, las asociaciones de víctimas centran parte de su actividad en denunciar los homenajes a los terroristas que salen de prisión.
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