Los manteros, asignatura pendiente de los ayuntamientos

El problema de la venta ambulante ilegal —los conocidos como manteros— es común a las principales ciudades españolas. Los vendedores, generalmente de productos falsificados, se concentran en zonas turísticas. Los comerciantes se quejan ante las autoridades. Y los ayuntamientos por el momento invierten los mayores esfuerzos en dispositivos policiales. Barcelona ha ido un paso más allá con un despliegue de las fuerzas de seguridad sin precedentes en el resto del país para asfixiar al top manta.

Valencia. Los manteros en Valencia han generado más ruido en el seno del tripartito que gobernaba hasta hace un mes el Consistorio que entre comerciantes y vendedores ambulantes. Hace un año, la edil Neus Fàbregas, de València en Comú —la marca de Podemos—, lanzó una moción en la que acusaba “a algunos miembros de la Policía Local” de una posible vulneración de derechos por detener y agredir a un vendedor ambulante, con el consiguiente enojo de la entonces concejal de Policía Local, la socialista Anaïs Menguzzato. El alcalde, Joan Ribó, de Compromís, que ha repetido en el cargo, salió en defensa de la policía. La nueva concejal de Cooperación al desarrollo y Migración, la socialista Maite Ibáñez, insiste en que convocará en septiembre un consejo municipal para regular espacios para la venta ambulante, elaborar un censo, promover cooperativas laborales y medidas de inserción social.

Barcelona. Una de las primeras medidas del nuevo Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Ada Colau en coalición con los socialistas, ha sido intentar “erradicar” el top manta con patrullaje policial. Desde el 29 de julio, un centenar de policías les impiden colocarse y si ven en cualquier punto de la ciudad que extienden la manta, les obligan a levantarla, sin requisarles el material, lo que evita enfrentamientos.

El autodenominado sindicato de manteros ha acusado a Colau de “traición” y de ser la única responsable del operativo policial, que cerca a un millar de vendedores, según cálculos policiales. El Ayuntamiento ha recibido a los manteros y ha creado una mesa de diálogo, que los vendedores tachan de inútil.

Girona. Los Ayuntamientos de Roses y Sitges, dos localidades costeras de Girona y Barcelona luchan contra este fenómeno con las pocas herramientas de que disponen a nivel local e insisten en que “no tiene una solución, solo, policial”. En Sitges han iniciado una estrategia transversal para conseguir la integración social de un colectivo que recuerdan: “es vulnerable, y no son delincuentes”.

Unos 450 manteros ocupan los 3 kilómetros del paseo de Santa Margarida de Roses en agosto. La alcaldesa, Montse Mindan, insiste en que “más policía no es la solución”. Cree que es un “problema social” que tienen muchos municipios de costa que no se puede resolver individualmente. Reclama las modificaciones necesarias en la Ley de Extranjería para que pueda ser útil ya que, recuerda, muchos manteros están en situación irregular. Este año, además de intentar ocupar con el carril bici y con presencia policial el paseo, han recurrido a la estrategia de incautar el material antes que llegue al paseo y evitar conflictos con los centenares de manteros. Aunque no será la solución definitiva, tiene “cierta eficacia”. Tras el diagnostico hecho el año pasado, saben que sólo el 5% de los manteros residen en la localidad. En agosto llegan a ser unos 80 y el Consistorio apuesta por su integración social.

Sevilla. Los manteros en Sevilla no constituyen un problema social apremiante, aunque su presencia supone para los comerciantes una merma de entre el 25% y el 30% de sus ingresos, según informes de la principal asociación de empresarios de la capital andaluza, Aprocom. “El efecto del mantero repercute en dos facetas, el daño al comercio y a la imagen de la ciudad”, explica Tomás González, presidente de la asociación. El comerciante reconoce que hay buena comunicación con el Ayuntamiento y aplaude medidas disuasorias como la presencia de policías de paisano o las multas a quienes compran sus productos.

El Ayuntamiento de Sevilla no tiene previsto poner en marcha iniciativas específicas y pone el foco en desarticular a las grandes mafias que se instalan en los polígonos. El Consistorio promueve además que los jóvenes que venden mercancía falsificada puedan acceder a un puesto fijo en alguno de los mercadillos de venta ambulante de la ciudad. “Es complicado porque la mayoría no tienen regularizada su situación administrativa”, reconocen.

Madrid. El nuevo equipo de Gobierno (PP y Cs) ha cambiado la política contra los vendedores ambulantes. La concejal de Seguridad, la popular Inmaculada Sanz, ha anunciado que habrá “tolerancia cero” con un refuerzo de la presencia de la Policía Municipal en los puntos habituales de venta y para luchar contra las mafias que les suministran la mercancía.

La Policía ha incrementado la presencia de agentes en los puntos donde se concentran, lo que ya ha motivado protestas de los manteros a las puertas de la comisaría de la unidad de Centro. La falta de agentes en Madrid por la jubilación masiva y la falta de reposición de las vacantes en los últimos años está afectando al dispositivo. Permanece vigente una orden dictada por el anterior equipo de Gobierno que restringía mucho las actuaciones. El agente que les viera tenía que avisar a sus superiores y evitar cualquier actuación que entrañara peligro contra el resto de peatones. Sanz ya ha anunciado que se creará una unidad específica o se formarán grupo de trabajo como plan de choque.