El mercadeo de la transparencia
Responsables de instituciones públicas pagan a empresas privadas por certificados sin valor con el único objetivo de presumir de gestión
En 2017, mientras España se hundía en el Índice de Percepción de la Corrupción realizado por Transparencia Internacional, la Diputación de Ourense, investigada en varias causas judiciales por corrupción, alcanzaba el primer puesto en un ránkingde limpieza institucional. Se lo concedió la asociación privada Transparencia Pública presidida por el empresario Juan Manuel Gómez Roa, a quien la institución ourensana pagó, por otro lado, 21.583 euros mediante uno de los procedimientos menos transparentes que permite la ley: un contrato menor —en torno a 18.000 euros más IVA— para que la asesorase en transparencia. Roa ha calificado a numerosas instituciones públicas de diversos puntos de España y lo justifica señalado que se cuentan “con los dedos de una mano” las empresas especializadas.
Juan Manuel Gómez Roa posee un puñado de sociedades limitadas (Soluntia, Innosphere, Gobierno Inteligente) dedicadas a asesorar sobre la transparencia informativa a la que están obligadas por ley desde 2013 las instituciones españolas. Así, mientras evalúa, y publicita en redes sociales, el grado de transparencia de Ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, Roa cobra en numerosos casos por asesorar a esas mismas instituciones a través de alguna de sus otras empresas. Sus puntuaciones acaban situando a los organismos que lo contratan entre los primeros del ranking.
El PP, que lo fichó en la Diputación de Ourense, cargó en Murcia contra esa práctica anunciando una investigación exhaustiva del acuerdo alcanzado por la alcaldesa socialista de Águilas con una de las empresas de Roa que los populares vincularon con “sociedades opacas en Panamá”. En el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre, el PSOE, en este caso en la oposición, reprobó que el Gobierno del PP contratase a otra de las empresas de Roa, que situó al municipio como el sexto más transparente de la provincia.
El Ayuntamiento de Ingenio (Las Palmas) invitó a participar a tres empresas de Roa en el procedimiento negociado para contratar la asesoría en transparencia. Ganó la oferta más económica: 17.800 euros más IVA. Tras su gestión, y en apenas cuatro meses, el Ayuntamiento saltó del antepenúltimo puesto del ranking regional para municipios de más de 15.000 habitantes a la primera posición de Canarias y a la segunda de España.
Algo similar ocurrió en el también municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana. El grupo de Gobierno reconoció que firmó con Transparencia Pública un contrato menor “con los informes técnicos favorables”. En Almería, Roa consiguió otro contrato menor para gestionar la web por 21.000 euros y, después de que en 2017 Transparencia Internacional situase a esta ciudad en el último puesto de un centenar de municipios de más de 20.000 habitantes, el pasado septiembre Roa la situó como la más transparente de Andalucía.
La última denuncia llegó desde la Diputación de Ourense. Su presidente, José Manuel Baltar (PP), recurrió también a la adjudicación directa por 21.538 euros a la empresa de Roa. Durante un viaje a EE UU, Baltar llegó a jactarse de que, en todo el mundo, solo su institución y el Estado de Nueva York disponían de un sistema de auditoría de transparencia. Poco después, la empresa de Roa calificó a la orensana como la diputación más transparente de España, pese a que el presidente no había actualizado su declaración de bienes en cuatro años, anotaba 34 viajes del último año y medio de los que solo aparecían los gastos de cinco y la factura de uno. Y pese a que había convocado un concurso para crear 69 empleos que ahora ha acabado tumbando el Tribunal Superior de Galicia por entender que quería convertir en funcionarios a interinos colocados a dedo. Entre ellos, el jefe de Transparencia e Información Ciudadana.
El portavoz del grupo de Democracia Ourensana en la Diputación, Gonzalo Pérez Jácome, pidió en Pleno el pasado abril la reprobación de Baltar por “comprar” su premio a un empresario que había sido investigado “por estar relacionado con paraísos fiscales en Panamá”. Roa le ha puesto una querella al diputado. Asegura que la hará extensiva a todos los medios de comunicación que se han hecho eco de esta acusación ya que, aunque reconoce tener una empresa subvencionada por la Junta de Andalucía en ese país centroamericano, asegura que jamás ha trabajado con offshores ni las ha recomendado.
Documentos sin validez legal
La Ley de Transparencia ha convertido a un pequeño grupo de empresas en claves para que los cargos públicos puedan presumir de gestión. Aunque las instituciones disponen de asesoramiento oficial gratuito, Juan Manuel Gómez Roa precisa que no se puede ser transparente “sin tecnología”. La que él oferta.
El empresario apela a las críticas recibidas de los distintos grupos de oposición como garantía de independencia. “Cuando una institución se convierte en muy transparente, la oposición se queda sin trabajo e intenta descalificar a los que hacemos nuestro trabajo”, dice. Y niega falta de objetividad en un proceso en el que una de sus empresas es contratada y otra evalúa el trabajo.
Por su parte, el Consejo de Transparencia niega la validez de los certificados que enarbolan los servidores públicos como muestra de honradez. “No hay un certificado oficial hasta que la Agencia de Evaluación lo cree, y estamos en ello”, sostiene el subdirector de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós.
