Ignacio González abandona la cárcel tras pagar 400.000 euros de fianza
El auto que fijó la libertad bajo fianza detalla los mecanismos utilizados por el expresidente de Madrid para “dar apariencia de legalidad” a la mordida por el campo de golf del Canal
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha salido ya de la cárcel. Lo ha hecho después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ordenara este miércoles su puesta en libertad provisional y después de que su familia haya hecho efectiva la fianza de 400.000 euros que le impuso el martes para su excarcelación. González se encuentra en la prisión de Soto del Real desde el pasado 21 de abril por su supuesta implicación en la Operación Lezo de corrupción. Tras su excarcelación, el expolítico deberá comparecer cada semana en el juzgado más cercano a su domicilio, tendrá prohibido salir de España y deberá entregar su pasaporte. Once fiadores han participado en reunir el dinero.
González, mano derecha de la antigua líder del PP madrileño Esperanza Aguirre, se encuentra envuelto al menos en tres de las operaciones supuestamente fraudulentas investigadas en el caso Lezo. La primera son las irregularidades en la compra por parte del Canal de Isabel II, empresa de aguas de la Comunidad de Madrid, de la empresa colombiana Inassa, por valor de unos 100 millones de euros, 70 millones por encima de su valor. Esta operación se realizó en 2011, cuando González no estaba en el Gobierno regional, pero del que tuvo conocimiento posteriormente y que no denunció. Según la investigación, el Canal gastó dinero público de manera irregular para encargar un estudio jurídico sobre dicha compra. Este informe reveló el fraude, pese a lo cual no lo denunció "logrando así una mayor protección e impunidad de los máximos responsables" de aquella compra.
En el segundo gran desfalco participaron supuestamente González y su hombre de máxima confianza, Edmundo Rodríguez Sobrino -quien ahora colabora con la justicia- en la adquisición por parte del Canal de Isabel II de la brasileña Emissao. La operación costó 25 millones de euros y, según la investigación, ambos se beneficiaron del patrimonio público. El juez recalca que las actuaciones de la trama traspasaron "las frontera nacionales" y hechos similares se desarrollaron en Panamá y República Dominicana.
La red corrupta creó una estructura societaria mediante testaferros en Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein y Reino Unido para supuestamente ocultar "el dinero público desviado". Estos fondos retornaban después a España mediante "préstamos, inversiones societarias, fondos de inversión o ampliaciones de capital en negocios con apariencia legal".
Finalmente, el juez detalla de manera exhaustiva el supuesto pelotazo en la obra de los campos de Golf del Canal, del que Ignacio González intentó hacer responsable en su declaración a su antecesora en la presidencia de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El instructor del 'caso Lezo' enumera fecha a fecha todos los pasos dados por Ignacio González para adjudicar de manera presuntamente irregular tanto la construcción como la explotación del centro deportivo con una estructura societaria en la que, entre otros, participaron su hermano Pablo y un cuñado.
El escrito concluye que el expresidente madrileño y sus socios consiguieron en este proyecto comisiones ilícitas por más de 1,2 millones de euros. La trama sacó parte de este dinero en efectivo mediante cheques cobrados en ventanilla, que posteriormente fue reintroducido en el circuito monetario legal mediante empresas instrumentales, una de ellas titularidad del propio González y su hermano.
El expresidente de la Comunidad de Madrid ha reunido los 400.000 euros en metálico de fianza que le exigía el juez para poder salir de prisión de Soto del Real. El magistrado del caso Lezo Manuel García Castellón tomó este martes la decisión de liberarle bajo fianza al considerar que ha disminuido el riesgo de que González se fugue y vuelva a delinquir, pero le impuso como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salida de España y comparecencias semanales en el juzgado. La decisión cuenta con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.
La portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid, Isabel González, hermana de Ignacio González, había dicho este miércoles por la mañana que en la familia estaban empleándose "con toda el alma" para lograr reunir la fianza de 400.000 euros. Pasada la una de esta tarde ha llegado ella misma a la sede del tribunal junto a dos de sus hijas para consignar el pago de la cuantía establecida.
González había solicitado tres veces desde que ingresó en la prisión de Soto del Real el pasado 21 de abril su puesta en libertad con el argumento de que "no existe en la causa prueba alguna que haya materializado los indicios y sospechas iniciales que motivaron la decisión de acordar la prisión cautelar". El auto que fija la fianza detalla sin embargo los mecanismos utilizados por el expresidente de Madrid para “dar apariencia de legalidad” a la mordida por el campo de golf del Canal.
Empresas instrumentales
Cuatro empresas instrumentales y 59 cheques. Ese fue el mecanismo presuntamente utilizado por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para blanquear buena parte de los 1,2 millones de euros que supuestamente se embolsaron él, su hermano Pablo, un cuñado y otros socios por el amaño de la adjudicación de los contratos para la construcción en 2006 un campo de golf en los terrenos que el Canal de Isabel II tenía en el centro de Madrid y su posterior explotación.
Así lo detalla el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García Castellón, por el que este martes fijó la fianza para que el político pudiera abandonar la prisión. Entre las mercantiles utilizadas, el magistrado destaca por el volumen de los fondos lavados a Reimex Representaciones SL, una firma dedicada sobre el papel “a la intermediación en la comercialización de muebles de cocina”.
El escrito judicial detalla que la trama presuntamente encabezada por González cobró una comisión ilícita de 578.474 euros de la constructora Dragados -que fue la que se hizo con el contrato para levantar el complejo deportivo- y otra de 623.063,97 euros de la sociedad que finalmente explotó las instalaciones, Green Canal Golf. Todo ello, a través de Tecnoconcret, una empresa en la que participaban tanto Pablo González, hermano del expresidente, como el cuñado de ambos, Juan José Caballero. Buena parte de estos 1,2 millones fueron posteriormente extraídos en metálico de varias cuentas mediante 59 cheques cobrados en ventanilla. En concreto, 17 de ellos de un depósito abierto a nombre de Tecnoconcret, que el juez califica de “empresa instrumental” ya que fue creada 12 días antes de las licitaciones bajo sospecha, no tenía estructura empresarial y solo tuvo en nómina tres empleados.
Por este sistema, la trama del caso Lezo consiguió 532.339,15 euros en efectivo entre 2005 y 2014, a los que se sumaron otros 197.858,27 euros gracias al cobro de otros 42 cheques entre 2005 y 2014 en otras cuentas bancarias por parte de uno de los empleados de Tecnoconcret. “Los capitales obtenidos ‘por ventanilla’ de las entidades de crédito, posteriormente fueron entregados en metálico a Pablo González González y Juan José Caballero Escudier”, hermano y cuñado respectivamente del político, según recalca el juez García Castellón. Es en ese momento cuando, según las investigaciones, entran en escena las otras tres empresas bajo sospechas.
La primera en Reimex Representaciones SL, un firma dedicada formalmente “a la intermediación en comercialización de muebles de cocina” y en la que aparece como administrador único uno de los empleados de Tecnoconcret y como accionistas el familiar de otro trabajador. Entre 2006 y 2010 esta compañía emitió “facturas mendaces” por valor de 696.808.92 euros para simular una relación comercial “inexistente” con la compañía del hermano y el cuñado de González “con el fin de dar apariencia de legalidad a las extracciones de dinero antes señaladas y prestar cobertura a los investigados”, recalca el magistrado.
Un mecanismo similar fue presuntamente utilizado con las otras dos sociedades. Una de ellas, Asesora 25 SL, considerada por los investigadores una empresa “instrumental de los hermanos González de la que se valían exclusivamente para la emisión de facturas mendaces a través de las cuales se daba apariencia de legalidad a capitales obtenidos ilícitamente”. Supuestamente sirvió para blanquear 8.000 euros en 2007 mediante una falsa relación comercial con Tecnoconcret. En esta compañía figuró durante años como testaferro un abogado fallecido en 2013. Los investigadores vinculan esta firma dedicada sobre el papel a “auditoría y asesoría legal” con el blanqueo de otros 372.000 euros.
La tercera mercantil fue Proyectos Ecosistemas SL, en la que aparecía como administrador y accionista mayoritario el cuñado de Ignacio González. Entre 2007 y 2009, la trama Lezo supuestamente lavó 154.048 euros a través de ella mediante el mismo sistema: la emisión de facturas falsas para simular “una relación comercial inexistente entre esta sociedad y Tecnoconcret”. En total, entre todas las empresas, Ignacio González y sus socios blanquearon presuntamente entre los años 2006 y 2010 cerca de 859.000 euros. Más del 70% de la millonaria comisión por el amaño en los contratos del campo de golf.
