Los hijos ilegítimos de la España caduca

El caso de Rosario Bermudo, identificada esta semana por la prueba del ADN como hija de José Leoncio González —primer marido de Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, duquesa de Medina Sidonia— y su criada es el retrato de una España caduca. El abogado que ha llevado este caso, Fernando Osuna, acumula unos 400 similares resueltos o pendientes y afirma que el patrón se repite en la mayoría de los casos: “Años cuarenta, cincuenta o sesenta, hombre poderoso en distintos ámbitos —artistas, aristócratas, banqueros, terratenientes, empresarios— y mujer con una fuerte dependencia social y económica. Él aprovecha su posición, la deja embarazada y evita reconocer al hijo”. Xavier Coller, catedrático de sociología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, añade una clave fundamental más: “La percepción de la mujer como objeto”.

María Fernández, de 50 años, es nieta de esa España. Su abuela quedó embarazada en dos ocasiones por el terrateniente almeriense para el que trabajaba y que tenía ya tres hijos con su esposa. Solo reconoció a uno de los niños antes de su muerte. Una escena similar se repitió en Córdoba. María Isabel Castro, de 65 años e hija ilegítima de un propietario de fincas en una localidad cercana a la capital, es reticente a reclamar nada después de tanto tiempo y con la vida rehecha.

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Osuna calcula que una demanda de estas características implica un proceso de unos cuatro años y una inversión de 4.000 euros. Pero los jueces suelen condenar en costas a los demandados si se han negado a reconocer a sus hijos y llegan a juicio solo para dilatar la resolución del caso. Además, está la expectativa de conseguir la parte legítima de la herencia de sus padres; un segundo expediente que se abre tras el reconocimiento de la paternidad.

“Antes era muy complicado porque se basaba en análisis de sangre poco determinantes, en testimonios más o menos fiables, en las aportaciones que habían hecho los padres a sus hijos ilegítimos o a las madres, en el parecido físico y en la palabra de uno contra la otra. En muchos casos, él era más poderoso e influyente y condicionaba la sentencia. Ahora, con el ADN, es matemático”, relata Osuna, quien recuerda un caso en Gijón donde la juez cerró el juicio en cinco minutos tras la obtención de muestras del cadáver de un ganadero e industrial cuya familia se negó hasta el último momento a admitir la verdad.

Para llegar a la exhumación de un cuerpo, como ha sido el caso de Leoncio González, este de Gijón o el de José María Ruíz-Mateos, desenterrado en abril para cotejar su ADN con el de Adela Montes de Oca, quién dice ser su hija, el abogado suele recurrir a un detective que recoge el ADN de algún resto orgánico que hayan dejado los hijos del difunto en un lugar público, como un bar, una cafetería o una papelera. A partir de ahí y, con otros indicios, como testimonios, fotografías que reflejen parecidos o aportaciones económicas, en especie o visitas, los jueces suelen autorizar los desenterramientos. “Cuanto más tarden, peor para el demandado”, afirma Osuna.

En el caso de Bermudo, la familia del exjinete aún se resiste a negociar una resolución final del caso, por lo que la hija de Leoncio está dispuesta a seguir para, según dice, “animar a otras personas en la misma situación a que denuncien sin miedo”. Gabriel Gonzalo, uno de los hijos legítimos del exmarido de la aristócrata, aboga por un acuerdo, aunque esté convencido que “el derecho a que los ciudadanos leguen sus bienes a otros y estos los reciban se da de bofetadas con las legítimas previstas en el Código Civil y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE que establece la libertad de legado”. Osuna, por el contrario, argumenta que la legislación es clara en relación con los hijos. Otra cosa es con los nietos, en cuyo caso ha llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para reclamar una herencia para los descendientes de un emigrante gallego que abandonó a la mujer y al hijo para irse a Argentina y es ahora la tercera generación la que empezó la demanda en Betanzos.

Algunos demandados lo entienden así. Aunque Osuna se niega a facilitar datos de los implicados por preservar la intimidad de los afectados, relata el caso de un empresario gaditano cuya hija sólo necesitó de cuatro llamadas telefónicas en un mes para llegar a un acuerdo sin verse siquiera las caras y evitar el juicio. O el de un torero de Sevilla muy anciano que reconoció a su hija cuando recibió la notificación de demanda.

Causas

La proliferación de casos referidos a unas décadas determinadas de España se explica por múltiples causas que describe Xavier Coller: personal de servicio a cargo de un hombre con poder, dependencia, bajo nivel cultural, falta de medios anticonceptivos y machismo. El sociólogo añade que los hijos no reconocidos son un hecho común en la España de los últimos siglos y describe cómo un anuario de 1888 sobre la ciudad de Sevilla detalla que ese año se registraron más hijos ilegítimos que nacidos de un matrimonio.

Osuna añade que, en muchos casos, los padres se enfrentaban a un Código Civil que, hasta 1978, preveía hasta seis años de prisión menor por adulterio. En esas condiciones, muchos optaban por mantener a sus hijos, pero sin reconocerlos.

Es el caso de un hijo, de 70 años, que nació de una relación extramatrimonial entre un empresario textil y de la alimentación de Barcelona durante la Guerra Civil y que huyó de España con él y su madre tras la contienda y estuvo a punto de morir a manos de los nazis en Alemania. La paternidad se ha reconocido este año.

No siempre acaba en enfrentamiento. Algunos encuentros son famosos, como el de Manuel Díaz y Julio Benítez, los dos hijos de Manuel Benítez, El Cordobés, que han llegado a torear juntos tras el reconocimiento definitivo de la paternidad del primero, o el de un rico cacereño que tuvo cinco hijos dentro del matrimonio y uno con otra mujer. Cuando acabó el juicio, uno de los vástagos del industrial se acercó al demandante y le dijo: “Ahora somos hermanos. Dame un abrazo y vamos a comer”.

Otro caso de reunificación se produjo en Munich (Alemania), donde la esposa de un hombre con hijos ilegítimos en España los acogió tras morir la madre de estos, los crió y los mantuvo. Sin embargo, no los reconocieron y tuvieron que reclamar para poder heredar.

Esta situación ha cambiado y algunos casos ahora son para dar en vez de para demandar. Así ha sucedido con una abuela sevillana que ha pedido que se reconozca a su hijo como padre de su nieto para que herede sin problemas.