España investigará el asesinato de Soria ante la “ineficacia” de Chile

El Tribunal Supremo ha ordenado este martes que la Audiencia Nacional investigue el asesinato del diplomático español Carmelo Soria a manos de la DINA, la policía secreta del dictador chileno Augusto Pinochet. La más alta instancia judicial española otorga la competencia a los tribunales de este país ante la "ineficacia" de la última investigación abierta en Chile en 2013 a instancias de la hija de la víctima.

El Supremo afirma que en este caso cabe aplicar el principio de justicia universal, tras la reforma operada por el Gobierno del PP en marzo de 2013 y que fue "notablemente restrictiva", en palabras del tribunal. En un auto hecho público este martes, el Supremo hace suya la "exposición razonada" del pasado mayo en la que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata denunciaba que en el país andino "no ha existido en ningún momento ni todavía existe una investigación diligente y eficaz sobre lo ocurrido".

El tribunal, tras analizar el contenido de la última investigación realizada en Chile, concluye la "falta de voluntad" de aquel país para perseguir estos hechos delictivos. "No puede llegarse a otra convicción, una vez apreciada la escasa entidad y relevancia de las diligencias practicadas por la justicia chilena en los dos últimos años, cuando se reabrió el procedimiento por cuarta vez" desde el asesinato de Carmelo Soria.

El juez De la Mata, tras examinar la causa chilena, detectó que una vez reabierto el sumario —al menos formalmente— se produjo "una ligera actividad investigadora en los primeros meses". Sin embargo, la instrucción "prácticamente se detuvo durante más de un año (…) poco después de que la Corte Suprema de Justicia denegara la extradición de los presuntos responsables, precisamente invocando la razón de que se estaba siguiendo un proceso en Chile".

El juez ponía de relieve también que en los dos años que lleva instruyéndose la causa en el país suramericano "no se ha recibido declaración a implicados evidentes" y se han denegado diligencias de investigación "esenciales", acordándose solo trámites accesorios. Todos los pasos de la causa se realizaban a instancia de las acusaciones particulares, nunca por iniciativa de la justicia chilena.

De la Mata también expuso otros datos para reforzar la competencia de la justicia española en este caso. El Poder Judicial de Chile había archivado esta causa al menos en cuatro ocasiones a lo largo de 39 años, e ignoró desde 1999 y durante más de 14 años las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le solicitaba reabrir la causa. Cuando el Gobierno chileno tomó la iniciativa de investigar el caso Soria en 2010, la Corte Suprema de Justicia se negó a reabrir la causa.

El 30 de octubre de 2012, el juez Pablo Ruz, predecesor de De la Mata, procesó por genocidio y asesinato a siete agentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, que el 14 de julio de 1976 secuestraron, torturaron y dieron muerte a Carmelo Soria Espinoza, que trabajaba en Chile como diplomático para Naciones Unidas en el CEPAL (Comisión Económica para América Latina). Además, dictó órdenes internacionales de detención para su ingreso en prisión de todos ellos. Ruz entendía que podía existir un delito de genocidio porque el asesinato de Soria fue perpetrado dentro del "proceso de represión sistemática y eliminación de opositores al régimen militar" emprendido por Pinochet, ante el que uno de los ahora acusados respondía y daba cuenta personalmente de sus actos.