Una cooperación internacional a la altura de los retos globales

“Estamos al borde de un abismo y avanzamos en la dirección equivocada”. El secretario general de la ONU, António Guterres, fue muy claro en la pasada asamblea general de Naciones Unidas: las consecuencias de la crisis global son y serán muy graves. La celeridad con la que se suceden las crisis climáticas, sanitarias, bélicas, financieras y alimentarias nos pone frente a un espejo nítido: vivimos en un mundo interdependiente con desafíos complejos que solo pueden abordarse desde la cooperación y la solidaridad.

La guerra de Ucrania y sus consecuencias han enmarañado aún más el ovillo. No es tiempo de medias tintas; urgen países y sociedades responsables y con altura de miras. Es sorprendente comprobar que, a pesar de la urgencia, vivimos una parálisis del espacio multilateral y un incumplimiento de los compromisos asumidos por la comunidad internacional.

En este contexto, en nuestro país asistimos a la reforma del sistema español de cooperación; una oportunidad única para dar un paso al frente y apostar por una propuesta audaz, transformadora, democrática, feminista y ecologista que responda a los retos globales. El Anteproyecto de la Ley de Cooperación llega al Consejo de Ministros y Ministras, y de ahí pasará al Parlamento. Es en ese trámite en el que nos jugamos consolidar los aciertos de este proyecto –resultado de un proceso de consultas y participación–. Pero también nos jugamos la posibilidad de incorporar elementos que garanticen una reforma que dote a la cooperación de capacidades y medios para promover la justicia global y los derechos humanos.

El Proyecto de Ley: aciertos y desafíos

La Ley menciona las piezas de la crisis sistémica que vivimos: los límites del actual modelo de producción y consumo, la extrema desigualdad y el ascenso autocrático. A pesar de ello, su articulado es bastante tibio en lo que se refiere a una apuesta clara por el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la protección del planeta.

Vivimos un momento en el que la libre interpretación o los desarrollos legislativos inciertos no tienen cabida. Una cooperación que quiera ser vanguardia tiene que liderar el cambio e incorporar con determinación la coherencia de políticas, la mirada ecologista y feminista, la participación democrática, la cultura de paz y el fomento de una ciudadanía comprometida con sus barrios y con el planeta. No hacerlo supondrá abrir la puerta a la continuidad más que a la transformación que tanta falta nos hace.

Vivimos un momento en el que la libre interpretación o los desarrollos legislativos inciertos no tienen cabida

Veamos un ejemplo de la tibieza del Proyecto de Ley. La incorporación de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible en la acción exterior del Estado, y también su integración en los mecanismos de implementación de la Agenda 2030, es positiva. Ahora bien, es imposible llevarla a cabo si no se analiza el impacto que tienen las políticas públicas a nivel global. Está ampliamente documentado cómo las contradicciones de las políticas empobrecen sus resultados y eso cuesta dinero y legitimidad. Por eso, es necesario que la Oficina de Evaluación de la Cooperación Española cuente con un mandato y recursos que den cuenta de tal desafío.

0,7% y más

La Ley contempla el objetivo de alcanzar el histórico 0,7% de la Renta Nacional Bruta para cooperación, y el 10% de esos fondos a acción humanitaria. Después de décadas con ese compromiso en la mochila, está bien que sea reconocido por ley, aunque sin una hoja de ruta que lo haga realidad puede quedarse en otra mera declaración de intenciones. Y no estamos para lanzar brindis al sol: la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) española se sitúa en un 0,25%, la mitad de la media europea. La falta de recursos (en cantidad y calidad) afecta a cuestiones clave como las capacidades de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID), la atención de crisis humanitarias o las condiciones precarias en las que trabajan las personas cooperantes.

Por otra parte, allanar el camino hacia esa necesaria transformación exige contar con la ciudadanía como motor de cambio y parte esencial de la política de cooperación. Para ello, debe destinarse el 3% de los recursos de AOD a la educación para la ciudadanía. Una pieza esencial en un contexto en el que no paran de crecer los discursos belicistas y de odio.

En ese camino, las ONG de desarrollo juegan un papel determinante. Así lo recordaba recientemente el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD). En ese reconocimiento destaca la diversidad de roles que juegan y que van más allá de la ejecución de proyectos y la atención en crisis humanitarias. El CAD reconoce el papel de las ONGD en la movilización ciudadana, en la vigilancia sobre las políticas públicas o en la defensa de los derechos humanos. La nueva Ley es una oportunidad para fomentar entornos que faciliten la promoción de ese rol, especialmente en países donde son atacadas las personas que defienden los derechos humanos, el medio ambiente, la democracia y la paz. El Marco de Relación Gobierno-ONGD, firmado el pasado mes de marzo, es un gran avance.

En este sentido, el Proyecto de Ley acierta al reconocer el papel de la sociedad civil, pero debe incluir una definición que explique bien qué se entiende por ello y cuál es su aporte específico al conjunto del sistema. También es necesario que reconozca la necesidad de promover instrumentos fiscales que incentiven las donaciones privadas a la cooperación internacional.

Más allá de esta Ley, es también urgente abordar la reforma de la Ley General de Subvenciones, de la que depende la normativa de cooperación internacional. La burocracia debe dar paso a la efectividad porque, como dice un compañero, “es crucial que dejemos de montar expediciones para buscar facturas en medio de la selva y pasemos a hacerlas para evaluar el impacto de nuestras acciones”.

Algunas piezas fundamentales

En relación con la cooperación financiera, se propone integrarla mejor en los objetivos y estándares de esta política pública. Esto es muy positivo, pero quedará en papel mojado si no se establecen reglas que obliguen a todos los actores que participan en ella a respetar los derechos humanos y el medio ambiente. Por otro lado, la Ley debería anticipar algunas cuestiones como son una estrategia que defina cómo se abordará la agenda de financiación de manera coherente y con participación de la sociedad civil, en un consejo asesor de este tipo de cooperación.

La sociedad española lo tiene claro: es una de las que más apoya la cooperación y la solidaridad en Europa

En todo este puzle hay una pieza que es seña de identidad de nuestro país: la cooperación descentralizada. Es importante que sea reconocida como merece y que se articule de manera estratégica en el conjunto del sistema, de forma que pasemos de un enfoque de coordinación a uno de corresponsabilidad.

El momento es ahora y así se lo hemos dicho de manera reiterada al Gobierno, a los partidos políticos y a la ciudadanía. Nos jugamos mucho en las próximas décadas. La sociedad española lo tiene claro: es una de las que más apoya la cooperación y la solidaridad en Europa. Es el momento de estar a su altura y girar el timón hacia un cambio que frene las múltiples y complejas crisis que golpean la vida de millones de personas en todo el mundo; que nos aleje del abismo del que hablaba Guterres. En ese giro ganamos todas y todos porque, si algo deja claro el contexto complejo que vivimos como humanidad, es que el momento de la solidaridad y la responsabilidad.

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