El abismo de la explotación sexual de menores en Bolivia: “Me dijeron que si seguía buscando a mi hija yo iba a morir”

Un hombre trajeado. Un chico con gorra y pantalones cortos. Un hombre con un mono de trabajo. Un hombre de avanzada de edad. Dos jóvenes en vaqueros. Otro con corbata y con el maletín todavía en la mano. Así, uno tras otro, 18 varones entran en un local de fachada roja en menos de un minuto, el tiempo en el que un semáforo mantiene la luz verde para el paso de los peatones en el distrito 12 de Octubre de la ciudad boliviana de El Alto. Un vigilante custodia la puerta, por la que asoma una ristra de urinarios de pared frente a la que hacen una breve parada los recién llegados. Lo que hay más allá de los váteres no se ve, pero se sabe: habitaciones donde los proxenetas prostituyen, fundamentalmente, a mujeres.

La estampa es de lunes por la tarde y la zona, considerada roja en una escala en la que el color carmesí describe el grado máximo de peligrosidad de zona de prostitución, ya está llena de puteros. Se mire donde se mire. “Aunque de jueves a domingo hay todavía mucha más gente”, explica una trabajadora de la Fundación Munasim Kullakita (“quiérete hermanita”, en aymara), una organización boliviana que trabaja contra la trata de personas y la explotación sexual comercial de menores.

La mujer, a la que nos referiremos como Queen para proteger su identidad, llama la atención sobre una adolescente que espera en una esquina y sobre otro grupo de chicos que guardan fila frente a un portón metálico. “Cuando hay noticias de que llega una chica nueva, se concentra más gente”, cuenta Queen, que ha trabajado durante años en este barrio para rescatar a menores obligadas a prostituirse. “Hay por todas partes locales y hoteles con habitaciones que se alquilan por horas o minutos”, añade. Aquel edificio cubierto de cristales. Aquel otro con aspecto de loft de Brooklyn. Aquel baño público donde “entrar acompañado cuesta tan solo cinco bolivianos [unos 0,7 euros]”. Y todos los que, en este distrito, que está muy lejos de ser una zona turística, llevan colgado el cartel de “alojamiento”. “Yo he llegado a identificar solo en estas calles unos 300 alojamientos más unas 120 casas de citas”, afirma Queen.

“Cuando hay noticias de que llega una chica nueva, se concentra más gente”, cuenta Queen, que ha trabajado durante años en El Alto para rescatar a menores obligadas a prostituirse

La prostitución ejercida voluntariamente por personas mayores de edad no es delito en Bolivia, pero sí lo es la actividad de quien prostituye a una tercera persona para lucrarse. Queen critica este concepto de “voluntariedad” porque obvia la vulnerabilidad de quien la ejerce y porque sirve, en la práctica, para ampararla. Por ello, organizaciones como la suya se centran en lo que es ilegal a todas luces: la explotación sexual comercial de menores. “El consentimiento nunca existe en estos casos”, puntualiza.

“Es un fenómeno sin cuantificar y sobre el que existe un gran desconocimiento, tanto de sus dinámicas como de los espacios en los que se desenvuelve”, afirma Nancy Alé, coordinadora del programa Protejeres (Tejiendo Redes Seguras) de prevención de violencia sexual contra menores y que desarrolla la ONG Educo junto a Munasim Kullakita y otras organizaciones. Puede “materializarse en trata de personas, proxenetismo, violencia sexual comercial o pornografía”, añade Alé.

En El Alto y La Paz, las paredes de estaciones de trenes, autobuses y el aeropuerto están cubiertos de carteles con rostros de personas desaparecidas y pantallas donde se alternan las imágenes y datos de mujeres a las que sus familias siguen buscando.

La falta de datos complica el diagnóstico de este tipo de violencia. Según las últimas cifras del Ministerio de Gobierno de Bolivia, en 2022 hubo 711 denuncias por delitos relacionados con la trata de personas y delitos conexos (pornografía, proxenetismo, tráfico de personas y violencia sexual comercial), en las que en el 23% las víctimas eran menores de edad. Todos los expertos consultados consideran que estas cifras son solo la punta del iceberg: no se sabe con exactitud, por ejemplo, cuántas niñas y mujeres continúan desaparecidas o cuántas menores son explotadas sin que sus familias lleguen a denunciar. Según los datos preliminares del Ministerio de Gobierno, solo en 2023 se denunció la desaparición de 3.409 personas, “de las que 485 continúan desaparecidas”, según confirma en una entrevista telefónica Carola Arraya, directora general de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas de Bolivia, si bien no existe un cómputo del total. Una investigación de 2019 de la Fundación Munasim Kullakita identificó 338 casos de explotación sexual comercial solo de menores.

“Es probable que se fuera con su novio”

“Muchos discursos, incluso de autoridades, validan que jovencitas quinceañeras ejercen porque quieren”, lamenta Alé. Este prejuicio incide en la falta de investigación, porque es común, continúa, que ante la desaparición de una joven “un policía diga, por ejemplo, que lo más probable es que se fuera con su novio”.

Ricardo rescató a su hija de 16 años de un burdel de Santa Cruz, en una zona similar al distrito 12 de Octubre de El Alto, dos semanas después de su desaparición. La muchacha, engañada por una amiga, fue secuestrada en La Paz, retenida varios días y trasladada finalmente a la capital económica del país, según un testimonio al que ha tenido acceso este diario. “La encontraron drogada pero pudieron salvarla gracias a un operativo policial”, relata una persona cercana a la víctima.

Doña Lidia, sin embargo, no tuvo tanta suerte. Su hija Juliva salió de casa el 10 de julio de 2014, camino de la Universidad Pública de El Alto, donde cursaba el segundo año de Psicología. Nunca volvió. “Lo denunciamos en La Paz, pero como mi hija ya tenía 21 años, no nos hicieron ningún caso, me dijeron que se habría ido con algún varón”, cuenta esta chola paceña en un hotel de la capital boliviana mientras sostiene uno de los carteles de búsqueda con el rostro de Juliva que de vez en cuando continúa repartiendo. Durante los primeros 15 días después de su desaparición, doña Lidia recibió varias llamadas a su móvil desde el número de Juliva sin que nadie respondiera. También las recibió una de sus hijas, aunque en ese caso, una voz de hombre le comunicó que la joven estaba en la ciudad de Oruro (oeste de país) y que necesitaba que le llevaran ropa.

“La policía nunca trianguló las llamadas, no las analizó”, se queja doña Lidia, que cuenta que a lo largo de los años le han llegado a asignar “10 investigadores diferentes”. Uno de ellos, dice, le pidió dinero por buscarla: “Le entregué la mitad, pero nunca hizo nada”. La última posible pista sobre su hija la obtuvo en 2015. “Me llamó un varón desde un número que yo no conocía y me dijo que había visto a mi hija en Cochabamba, así que me fui hasta allí, pero no la encontré”, relata. Fue entonces cuando acudió a un medio de comunicación para solicitar ayuda en la búsqueda de Juliva y, al salir, la volvieron a telefonear: “Me dijeron que si seguía buscando a mi hija yo iba a morir”. La policía, según doña Lidia, nunca investigó estas llamadas. “Creo que es porque somos gente pobre, no pasa lo mismo con los ricos”, dice.

Tampoco doña Lorenza, que se expresa en un español mezclado con palabras en aymara, ha logrado encontrar a su hija Juliana. Tenía 12 años cuando desapareció, el 14 de julio de 2016. “Se había ido a jugar a casa de mi hijo mayor, pero nunca llegó”, deplora la mujer, que especula que “la debieron de haber raptado”. Poco después, al igual que doña Lidia, recibió la llamada de un hombre que le aseguró que le devolvería a su hija si le daba dinero. “Esperé en lugar en el que me dijeron, pero no había nadie y me volvieron a llamar para pedirme más dinero”, lamenta. No se lo entregó porque no lo tenía, y nunca más volvió a ser contactada.

La debilidad policial

No conocer el destino de sus hijas atormenta a doña Lidia y doña Lorenza, que acceden a hablar con este periódico con la esperanza de que sus hijas, si siguen vivas, lean la historia y sepan que sus madres las siguen buscando. Pero “mapear los lugares donde se produce la explotación sexual es muy difícil, porque la policía es muy débil en Bolivia”, describe Alé. Queen ratifica este argumento. “Yo he dado avisos a la policía cuando sabíamos que había menores en una casa de citas, y cuando llegaban, allí no había nadie”, relata la trabajadora social, que sospecha de los chivatazos de policías a proxenetas.

“Tenemos una debilidad en el sistema judicial y en la investigación”, admite Arraya. Por eso, asegura, el Gobierno de Luis Arce está “fortaleciendo la especialización y capacitación de los servidores públicos, tanto de los órganos judiciales como de la policía boliviana” porque, asegura, el delito “de trata de personas y sus delitos conexos [pornografía, proxenetismo y violencia sexual comercial]” son “delitos complicados en su entendimiento” para personas sin la experiencia y la formación adecuada.

Según el último informe sobre trata del Departamento de Estado de Estados Unidos, que dedica un capítulo especial a Bolivia, “el Gobierno no cumple plenamente los estándares mínimos para la eliminación de la trata, pero está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo” En cuanto a los esfuerzos policiales, el mismo documento asegura que “las autoridades no informaron haber investigado, enjuiciado o condenado a ningún tratante” en 2022, el último año sobre el que organismo tiene cifras consolidadas. En cambio, en 2021 “los funcionarios informaron sobre 62 investigaciones de trata, 22 enjuiciamientos por trata [12 por trata sexual, cinco por trata laboral y cinco por otras formas de servidumbre], y 12 condenas por trata”. La punta del iceberg, según Alé.

Pero hay en Bolivia emplazamientos en los que es evidente la explotación sexual. “Alrededor de los lugares donde se genera, se crea también un entorno de comercio”, sugiere Alé, como en las zonas de explotación maderera y aurífera. “En concreto, allí donde surge un campamento de hombres”, especifica. Así ocurre en el distrito 12 de Octubre, con centenares de tiendas y colmados de los que salen tipos con comida y bebida. “¿Por qué nadie se cuestiona la presencia de adolescentes en lugares como estos?”, se pregunta la experta de Educo.

Desde el departamento contra la trata de personas, Arraya insiste en las medidas que se están aplicando para fortalecer la investigación judicial con dotación de tecnología y equipamiento para la persecución de la pornografía en internet o sistemas de reconocimiento facial para encontrar a los desaparecidos, la creación de un grado universitario gratuito para la especialización en trata, la formación de agentes en aeropuertos, terminales de autobuses y pasos fronterizos y la intensificación de la investigación en zonas mineras. Asimismo, se están creando programas educativos de prevención en las escuelas, el Gobierno de Bolivia ha firmado acuerdos con Brasil y Argentina para vigilar los delitos que se cometen en las zonas fronterizas y planea una modificación de la ley 2/63 sobre Trata y Tráfico de Personas para tipificar los delitos con mas precisión e incluir otros nuevos como el grooming (cuando un adulto se hace pasar por un menor en internet para establecer con otro menor una relación de confianza) o la divulgación de “material sexual infantil” en redes sociales.

La vulnerabilidad de las víctimas

“De las 3.409 personas desaparecidas en 2023, en 2.193 casos la persona tenía problemas de conducta o familiares lo que las convierte en potenciales víctimas de trata”, explica la directora general del departamento que investiga este delito. Los captadores de menores se aprovechan a menudo de las situaciones de vulnerabilidad de las víctimas, según constatan las organizaciones que trabajan con las víctimas. Las técnicas más recurrentes son las ofertas falsas de trabajo, o lo que Alé llama “técnica del enamoramiento” y que consiste en que el captor corteja previamente a una adolescente hasta que anula su voluntad y abusa sexualmente de ella o la prostituye.

Cada vez está más presente, según confirma Arraya, la llamada captación online, a través de aplicaciones telefónicas o redes sociales. “E incluso videojuegos en línea”, ratifica Lindsay, una adolescente miembro del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de La Paz y El Alto, formado para luchar contra la captación online. “He visto cómo algunos de mis amigos compiten por ver quién recibe más contactos de personas desconocidas [en sus redes sociales]” como si fuera una prueba del éxito de sus publicaciones”, añade Milenka, miembro del mismo grupo.

Mónica (nombre ficticio, 26 años) es una superviviente del abuso sexual a través de la técnica del enamoramiento. Tras sufrir durante años el maltrato de su padre, que la sometía a palizas y violaciones, terminó acogida en la casa de su padrino y la esposa de este cuando todavía era una adolescente. “Él me empezó a hablar de que estaba enamorado de mí, que me iba a llevar a otra casa para que estuviéramos solos… Con esa edad nos lavan la cabeza y nos pueden dominar”, recuerda todavía con culpa. “Cuando una persona mayor domina a un menor y le ofrece una casa o dinero a cambio de sexo, a eso se le llama proxenetismo”, replica Queen. Y subraya uno de los principales problemas para identificar esta violencia sexual: “Las niñas, en un proceso de supervivencia, validan lo que están viviendo, como si lo hicieran voluntariamente”, recalca. Parte de la sociedad también lo valida, añade.

Ahora Mónica, que fue acogida en una casa amparada por el programa Protejeres, cuando todavía no había cumplido los 18 años, ha rehecho su vida, tiene dos hijos y acaba de terminar la carrera de Trabajo Social. “Aunque he tenido caídas durante el proceso”, se arrepiente.

“Los proxenetas son expertos en detectar las vulnerabilidades”, afirma Queen, mientras señala a dos hombres parados sobre una barandilla en el centro de una de las plazas principales del distrito 12 de Octubre. No sabe sus nombres, pero su experiencia de años trabajando en la zona le revela sus intenciones: “Fíjese, desde que hemos llegado no se han movido. ¿Sabe por qué? Porque están buscando a una jovencita a la que captar”.

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