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El desafío de vivir con discapacidad en Nigeria: “Es mi tercer año en la universidad, pero nunca he ido a la biblioteca”

El gigante de África subsahariana cuenta con una ley que, en teoría, protege a sus casi 30 millones de habitantes con necesidades especiales. En la práctica, se encuentran con discriminaciones y faltas de accesibilidad

Mujeres Abuya en Nigeria
Mujeres en sillas de ruedas en Abuya (Nigeria), en mayo de 2023.Anadolu (Anadolu Agency via Getty Images)

Victoria Ajiboye mantuvo una relación abusiva durante dos años. Sufrió un accidente unos meses después de su boda, en agosto de 2020, que la dejó en silla de ruedas. Su marido nunca aceptó su condición. “Me dijo que nunca pensó que su mujer sería discapacitada, y me dejó sola. A veces se iba de casa durante tres días, sin mirar atrás”, cuenta, llorando. “Hubo un día que volvió borracho y mantuvo relaciones sexuales conmigo a la fuerza. Aunque me quedé embarazada en el proceso, perdí el embarazo como consecuencia del estrés y la depresión”. Finalmente, el marido de Ajiboye metió en cajas todas las pertenencias de su mujer y la echó, advirtiéndole de que no volviera. Ella regresó a casa de su familia. Ahora, tiene la esperanza de que, en el futuro, un hombre responsable pida su mano en matrimonio.

Victoria es una de los 29 millones de nigerianos que viven con algún tipo de discapacidad en este país, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 2018, que estima que más de mil millones de personas en todo el mundo tienen algún tipo de discapacidad, y la cifra va en aumento. Más del 80% de estas personas viven en países en desarrollo, donde se enfrentan a retos como la discriminación en sus comunidades, los abusos o la falta de acceso a la educación —el 90% de los niños con discapacidades en los países de nivel socioeconómico bajo no pueden ir a la escuela, según la Unesco—. Nigeria, con más de 200 millones de habitantes, es el más grande de África subsahariana, tiene un 43% de población menor de 14 años, de acuerdo con ONU Hábitat, la agencia de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.

Haleem Adeoti ha conseguido llegar a la universidad, un caso excepcional en un país con aproximadamente un 1% de población universitaria, según cifras de medios locales. Pero la discapacidad le dificulta su camino hacia la educación superior. Lleva en un tortuoso periplo académico en la Universidad de Ibadán desde 2018, cuando perdió una pierna en un accidente de tráfico. Vive en una residencia universitaria en el mismo edificio, pero, con sus muletas, tiene que subir 32 escalones sólo para conseguir agua para bañarse. “Este es mi tercer año en la universidad, pero nunca he visitado la biblioteca”, explica Adeoti. “No hay rampa para las sillas de ruedas. Cada vez que me planteo ir, cuento el número de escaleras que conducen a la sala de lectura y, para alguien como yo, intentarlo es como un castigo”.

Una ley que no se aplica

Nigeria cuenta con una Ley de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, aprobada por expresidente Muhammadu Buhari en 2019, pero, en la práctica, el colectivo se queja de que no se respetan sus derechos.

Quadri Adesola, Director de Caroline Initiative, organización no gubernamental que vela por el bienestar de las personas discapacitadas, lamenta el abandono por parte de las autoridades nigerianas: “No se les da prioridad. Se ven obligados a hacer cola en bancos, mercados y otros espacios públicos para realizar transacciones comerciales. Algunos niños sin escolarizar, que llevan a sus padres ciegos o lisiados a mendigar, también se enfrentan a todo tipo de abusos, incluidas agresiones sexuales. Estamos trabajando con el Gobierno para garantizar que estos niños tengan acceso a escuelas especiales para que puedan competir con sus colegas cuyos padres son sanos”.

La ley sobre el derecho de las personas con discapacidad exige, por ejemplo, que todos los edificios abiertos al público dispongan de ayudas para la accesibilidad, como rampas, pasamanos y ascensores, pero esto apenas ocurre. Este octubre, Stephen Augustine, un funcionario con problemas de movilidad, que usa silla de ruedas, visitó un banco comercial en la zona de Ojodu Berger de Lagos, la capital económica de Nigeria, para obtener una nueva tarjeta de débito. Allí emprendió un tortuoso viaje desde la planta baja del edificio, que carecía de rampa, hasta el tercer piso.

“El agente de seguridad me tuvo que cargar sobre su hombro hasta el servicio de atención al cliente, después de esperar un buen rato”, recuerda. No es raro, coinciden otros nigerianos con discapacidad: a menudo, en edificios poco accesibles, el personal tiene que cargarlos como bebés, o se ven obligados a reptar por el suelo. “Las penurias que pasé aquel día me obligaron a dejar de tener una cuenta bancaria. Fue vergonzoso”, continúa Augustine. Aunque las aplicaciones de banca móvil permiten al cliente realizar diversas transacciones bancarias sin necesidad de acudir en persona a los bancos, suelen surgir otros problemas. “Ninguna de las aplicaciones bancarias tiene una voz en off que nos diga qué hacer, lo que dificulta realizar transacciones de forma independiente”, detalla Mubin Alimi, abogado con discapacidad visual. “Algunas personas sin escrúpulos se pueden aprovechar de nosotros cuando intentamos pedirles ayuda al usar las aplicaciones”, afirma. “Además, no tenemos cajeros automáticos con voz. Esperamos que se cree un mostrador para discapacitados que nos atienda. Hemos hecho varios esfuerzos, en vano”.

El difícil acceso a la justicia

Hay dificultades para vivir con discapacidad en muchas otras áreas, como la justicia. Es el caso de Lanre Adebayo, abogado con discapacidad visual del Ministerio de Justicia del Estado de Lagos. “En 2013, estaba en el Tribunal de Magistrados del Estado de Lagos, en Igbosere, defendiendo a mi cliente en un caso de violación”, recuerda. “Cuando el fiscal presentó un informe médico sobre el incidente, yo no podía leerlo y mucho menos conocer los detalles. Más tarde supliqué al tribunal que permitiera al secretario ayudarme. Cuando lo hizo, descubrimos que el nombre de la presunta víctima de violación que figuraba en el documento era distinto del asunto que estábamos tratando en el tribunal”, señala. “También descubrimos que la fecha que figuraba en el informe médico no se correspondía con el día y la fecha del incidente del que se acusaba a mi cliente. Tuve que utilizar esta información para interrogar al médico que trajo el informe y descubrimos que se trataba de una mera confabulación contra mi cliente. Habría sido un caso de error judicial si no hubiera implorado al secretario que leyera el documento en voz alta”.

Adebayo sabe que no es el único que ha sufrido este tipo de irregularidades en la justicia nigeriana. “Los tribunales no están diseñados de forma que los abogados puedan llevar a su asistente personal al tribunal para que les ayude a leer un documento. De hecho, el espacio en los tribunales no es suficiente para los abogados, y mucho menos para permitir que un tercero ayude a verificar sus documentos”.

Los abogados sordos tampoco disponen de medios para defender sus asuntos ante los tribunales. Daniel Onwe, presidente de la Asociación de Abogados con Discapacidades, subraya: “Tenemos una ley que protege a las personas con discapacidad. Ahora debemos centrarnos en su aplicación. Hay que tener en cuenta a los sordos, los ciegos, las personas que usan silla de ruedas... Es bastante vergonzoso ver a una persona con discapacidad llevada en brazos o arrastrándose por las escaleras de los espacios públicos”.

El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Personas con Discapacidad, James Lalu, ha amenazado con precintar las instalaciones y organizaciones que no cumplan las leyes de accesibilidad de Nigeria, cuatro años después de la aprobación de la ley al respecto. “Ya no es una opción para las organizaciones cumplir las leyes de accesibilidad, porque las haremos cumplir. Verán cómo nuestros funcionarios de cumplimiento y ejecución visitan sus oficinas”, amenaza Lalu.

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