Claves de la nueva ley de cooperación: más feminista, global y con el compromiso del 0,7%

Con la aprobación este jueves en el Congreso de la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y Solidaridad Global, culmina un proceso de negociación, cambios y trámites que se ha prolongado más de dos años y da respuesta al clamor del sector para la sustitución de la ley de 1998 que, según su criterio, había quedado obsoleta. El texto definitivo, una vez votadas favorablemente todas las enmiendas del Senado, ha salido adelante con un respaldo mayoritario del arco parlamentario; únicamente la ultraderecha votó en contra en el último trámite en el Senado y ha vuelto a mostrar su rechazo en el debate previo a la votación última en la Cámara Baja. La Ley sí satisface a las organizaciones del ramo. Las principales novedades pasan por el reconocimiento explícito del enfoque feminista de esta política exterior, su alineamiento con las agendas internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU o el Acuerdo de París, y el compromiso por escrito de alcanzar para 2030 una inversión del 0,7% de la renta nacional bruta para ayuda al desarrollo. “Nos sitúa donde nos quieren ver los españoles: ofreciendo soluciones a los problemas globales”, ha valorado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en su intervención.

“Había muchos diagnósticos de la necesidad de un cambio integral del sistema”, anota Iliana Olivié, investigadora principal y coordinadora del área de Cooperación Internacional del Real Instituto Elcano. “Desde hace una década, las debilidades estaban claras”, agrega. “La ley del 98, en su momento, estuvo bien. Pero el mundo cambia y hacía falta una actualización”, coincide Irene Bello, presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo. Tal renovación está ya hecha y, como representante de las organizaciones del sector, Bello se declara “satisfecha”, tanto con el proceso participativo de elaboración de la ley, como con el resultado final.

“La principal fortaleza es que es una ley muy participada. Resulta de mucho diálogo con los actores de la cooperación, desde la ONG hasta las universidades, sindicatos y organizaciones feministas”, enfatiza María Guijarro, portavoz socialista en la Comisión de Cooperación Internacional. También se han “acercado posturas políticas” con el resto de grupos, asegura, para lograr que esta sea una ley de consenso y vocación de perdurar. De hecho, el Partido Popular comenzó con su voto en contra en el primer borrador, se abstuvo en su tramitación en el Congreso, y apoyó el texto final en el Senado, que acaba de ser refrendado en la Cámara baja como paso final.

Se abre un plazo de seis meses para desarrollar los reglamentos que desarrollan la recién aprobada Ley

Si bien, la publicación en el Boletín Oficial del Estado no cierra del todo el proceso de reforma, sino que supone el punto de partida para desarrollar la reglamentación que regulará el nuevo entramado institucional. “Va a ser esencial cómo se haga para ver el resultado real de esta ley”, considera Olivié. Las principales tareas pendientes que apunta la ley son cuatro. La primera es elaborar un nuevo estatuto para la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (Aecid), que dará más protagonismo a este ente como gestor de la ayuda internacional. “Es prioritario porque la Aecid tiene que ser la columna vertebradora de la cooperación española y contar con más presupuesto”, apunta Bello. También se tiene que aprobar el hasta ahora inexistente Estatuto de las Personas Cooperantes y regular el recién creado Fondo Español de Desarrollo Sostenible, que se encargará de la llamada cooperación financiera (préstamos, inversiones y transferencias para el desarrollo de terceros países), y que dependerá de la agencia. Y finalmente, establecer la composición y funcionamiento de los órganos de coordinación entre los distintos actores de la cooperación: administración central, autonomías, ONG o empresas privadas, entre otros.

Para todo ello, el legislador da un plazo de seis meses, lo que significa que, salvo adelanto electoral, el nuevo sistema de cooperación quedará consolidado antes de que finalice la legislatura. Un trabajo que ya está en marcha, asegura Guijarro, para cumplir este objetivo a tiempo. Asimismo, las entidades de la Coordinadora de ONGD están trabajando en sus aportaciones para que se tengan en cuenta sus peticiones en cada uno de estos reglamentos.

A falta de estos pasos, la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y Solidaridad Global contiene cambios sustanciales respecto a la anterior (de 1998). Estas son las principales novedades:

• 0,7% de la renta nacional bruta para ayuda oficial al desarrollo (AOD) en 2030. Es la primera vez que se recoge por escrito en una ley este compromiso que la comunidad internacional adquirió ante Naciones Unidas hace más de medio siglo. También España. En los Presupuestos Generales de 2023 este porcentaje está en el 0,34%, una subida respecto al 0,28% del ejercicio anterior, pero aún alejada del compromiso del Gobierno de alcanzar el 0,5% para el final de la legislatura. El legislador, no obstante, vincula este deber a las “disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio”. Con todo, Irene Bello lo considera “un hito importante” que servirá a las organizaciones de la sociedad para reclamar “que no quede en papel mojado”.

• 10% de la AOD para ayuda humanitaria. Esta acción exterior tiene su propio artículo en la ley, “redactado en colaboración con las ONG, más adecuado y suficiente que en la anterior norma”, especifica Francisco Rey, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). Como en el caso del 0,7%, esta es la primera ocasión en la que se establece por ley el porcentaje del conjunto de la ayuda oficial al desarrollo que se tiene que destinar a la asistencia humanitaria (”proteger y salvar vidas” en desastres, ante los efectos del cambio climático o conflictos). Sí estaba ya escrito en la estrategia sobre esta actividad, “pero no se ha cumplido nunca”, apostilla Rey. Actualmente, apenas supera el 2%. “Esperamos que ahora se alcance”. Para el experto, la letra pequeña de este compromiso estará en qué partidas se contabilicen como ayuda humanitaria, según los criterios del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. “Estamos trabajando en mejorar el cómputo porque siempre encontramos partidas que no se ajustan”, anuncia.
• Feminista. En torno a 2005, la cooperación española comenzó un proceso de adopción de un enfoque feminista en todos sus programas y proyectos. Algo que ahora queda reflejado en la norma. “Esta nueva ley de cooperación se compromete a consolidar la integración del enfoque de género en el desarrollo de todos los instrumentos de gestión, reforzando capacidades, asumiendo un compromiso mayor por la lucha contra todas las formas de violencia de género y de discriminación, promoviendo el empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes en todos los ámbitos”, dice el texto. Y añade: “La cooperación para el desarrollo, como el conjunto de la política exterior, tiene una orientación feminista”.
• Alineada con las agendas internacionales. Esta política exterior queda vinculada, por definición, a las hojas de ruta globales y europeas para el desarrollo y contra el cambio climático. “Estamos un punto de crisis superpuestas, energética, alimentaria y climática, y había dos alternativas ante este panorama complejo: protegerse y construir muros, u otra, por la que ha optado España, de abrirse y actuar globalmente”, declara Antón Leis, director de la Agencia de Cooperación Española (AECID). El primer capítulo de la redacción de la norma dice: “A los efectos de esta ley se entiende por política de cooperación para el desarrollo sostenible aquella que define los principios, objetivos, prioridades, instrumentos y recursos que España despliega, como política pública, a través de su acción exterior para contribuir, de manera coherente y en todas sus dimensiones, a las metas globales de desarrollo sostenible establecidas por las Naciones Unidas, en la actualidad la Agenda 2030, la Agenda de Financiación del Desarrollo Sostenible, la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, el Acuerdo de París en el ámbito climático, la Unión Europea y otras instancias multilaterales, y la estrategia española de desarrollo sostenible en su dimensión exterior”. El legislador se refiere asimismo a los derechos humanos como guía de la cooperación española y menciona específicamente la prioridad de proteger a la infancia, el colectivo LGTBIQ y la población indígena, además de las mujeres.
• Organismo financiador. Se crea el Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES), que se encargará de la cooperación financiera (inversiones y transferencias) y dependerá de la Aecid; su funcionamiento está por determinar en un reglamento que tiene que estar listo en seis meses, según la ley. Además, se establece la Oficina de Evaluación de la cooperación española (OECE) para realizar las labores de seguimiento del cumplimiento de lo planificado en los planes directores. Su estructura está por definir.
• Estatuto del Cooperante. La norma define quién es un cooperante: “Personas físicas, profesionales de la cooperación, que tengan una relación jurídica o de prestación de servicios, laboral o administrativa, por cuenta de organizaciones internacionales o de instituciones u organismos públicos o privados españoles sin ánimo de lucro o de empresas consultoras que trabajen en última instancia para entidades sin ánimo de lucro, para realizar actividades de acción humanitaria o de cooperación para el desarrollo sostenible”. Y el texto especifica que estas pueden trabajar tanto para el sector privado (ONG, fundaciones, asociaciones, empresas) como el público. Su actividad quedará regulada en un estatuto propio, aún pendiente de aprobación. Una de las novedades más aplaudidas por el colectivo es el reconocimiento de su derecho a la carrera profesional para quienes trabajen para la Aecid. Esto significa que la política de recursos humanos de la agencia “estará orientada a la atracción, retención, capacitación, especialización y promoción de personal (...) en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, con oportunidades de movilidad entre territorio español y exterior”. Hasta la fecha, recuerda Bello, había escasas posibilidades de que un empleado en sede se trasladase a otro país y viceversa.
• Planes directores de cuatro años. Se pone fecha de duración a los Planes Directores de la Cooperación, en los que se concretan y planifican las prioridades geográficas y temáticas de la cooperación española durante su vigencia. Aunque previamente se elaboraban para un período de cuatro años, a veces se prorrogaban si no estaba preparado el siguiente, como es el caso del actual. Ahora, ese plazo de renovación queda fijado por ley. “Se irán actualizando para adaptar esta política a la coyuntura en el mundo en cada momento”, aclara Guigarro.
• Más coordinación. La norma regula quiénes son actores de la cooperación, qué organismos participan en la toma decisiones, en los que se incluyen a representantes de la sociedad civil organizada, con participación en el Consejo Superior que sustituye al Consejo Asesor actual. “Es una evolución, pero si tiene más peso lo veremos, por ejemplo, en el proceso de reglamentación que se abre ahora”, matiza Bello, de La Coordinadora de ONGD. La ley también establece los espacios de coordinación tanto con los organismos multilaterales (ONU, fondos globales y la Unión Europea), así como los las comunidades autónomas y entes locales, que en España llevan a cabo la llamada cooperación descentralizada.
• Educación para la ciudadanía global. Se incluye, a partir de ahora, como objetivo de la cooperación española “promover el compromiso” de la sociedad española y europea con el desarrollo sostenible. ¿Cómo? “Fomentando en particular la participación infantil y juvenil y el pensamiento crítico y la implicación activa en los cambios sociales, a partir de una concepción solidaria basada en la asunción de obligaciones con el conjunto de la humanidad, especialmente las personas más desfavorecidas y vulnerables, con el planeta y con las generaciones futuras”. Así, la llamada educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global se concibe como un instrumento más para la transformación de nuestra sociedad y del Sur Global, lo que facilita que las organizaciones canalicen fondos de la ayuda oficial al desarrollo para campañas y formaciones tanto en territorio español como fuera de las fronteras del país. “No significa detraer recursos” que podrían destinarse a programas en países empobrecidos, “sino una inversión para una ciudadanía crítica y conocedora de los retos globales”, zanja Bello.

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