Situación terminal en la RFEF

Demasiados años de desgobierno interno y de falta de vigilancia externa han llevado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a una situación terminal. El último capítulo llegó el viernes, cuando la jueza que investiga algunos contratos de la entidad por supuestos delitos de corrupción, administración desleal y pertenencia a organización criminal imputase a Pedro Rocha, máximo dirigente del fútbol español. Rocha se había convertido esa misma mañana en virtual nuevo presidente de la RFEF al ser el único candidato con los avales necesarios. Iba a ser proclamado ayer, pero su nombramiento ha quedado paralizado al admitirse una impugnación del presidente del centro nacional de entrenadores Cenafe, Miguel Galán.

La RFEF —una entidad privada con funciones públicas— es la imagen de España en el mayor espectáculo de masas del mundo. En 2030 tendrá encima los ojos del planeta en el segundo Mundial que organiza en 48 años. Ni España como país, ni todos los profesionales del deporte, ni los millones de aficionados merecen que la actuación de los dirigentes federativos enturbie dicha imagen.

En menos de siete años los tres últimos responsables del fútbol español —Ángel María Villar, Luis Rubiales y el propio Rocha— han sido o están siendo investigados por delitos de corrupción durante sus mandatos. Por ahora la imputación solo pretende asegurar los derechos del investigado, que goza de la presunción de inocencia. Pedro Rocha fue vicepresidente económico de Rubiales desde octubre de 2020 y su sucesor interino cuando aquel dimitió en medio del escándalo internacional motivado por el beso no consentido a Jennifer Hermoso en la final de Sídney. Dados los cargos que ocupaba, despertó serias dudas que declarase a la jueza su completo desconocimiento de los contratos investigados y que se presentase como una figura solo “representativa”. Fueron esas evasivas las que llevaron a la Fiscalía Anticorrupción a pedir que se cambiase su condición de testigo por la de imputado.

En estos meses de interinidad, Rocha ha apartado de sus puestos a varios altos cargos vinculados a esta causa o al caso Jenni Hermoso. Ante su propia imputación, en cambio, recalca que defenderá sus derechos “hasta el final”, respuesta que recuerda al numantinismo con el que su antecesor intentó aferrarse a la presidencia hasta que su situación se volvió insostenible. Para tratar de atajar el esperpento federativo, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) expedientó ayer a Rocha por no convocar las elecciones en su momento y extralimitarse en sus funciones en la gestora que se hizo cargo de la Federación tras la renuncia de Rubiales. Ese expediente —por falta muy grave — puede suponer su inhabilitación, lo que frustraría sus aspiraciones presidenciales.

Pedro Rocha aduce que respaldaron su candidatura 107 de los 138 avales posibles. La cifra muestra más bien que la regeneración de la gestión del fútbol en España no puede venir de unas estructuras internas bajo sospecha. El Consejo Superior de Deportes (CSD) tiene sobre la mesa el expediente del TAD y analiza sus próximos pasos. A la vez, ha reactivado las gestiones con la FIFA, que podrían desembocar en una intervención de la RFEF, tutela que nadie desea pero que puede resultar inevitable. El presidente del CSD —y exministro de Deporte—, José Manuel Rodríguez Uribes, comparece hoy en el Congreso. La ocasión es inmejorable para plantear un compromiso inequívoco de que las irregularidades en la Federación Española de Fútbol tocan a su fin.