La amnistía sale adelante

En la política española, como en el viejo adagio filosófico, todo fluye, nada permanece. Hace una semana, cuando se selló el acuerdo entre los partidos sobre el texto de la ley de amnistía, el Gobierno parecía asegurarse el pasaporte para aprobar los Presupuestos de 2024 y despejar el camino para una legislatura que no acababa de arrancar. Ocho días más tarde, después de que el pleno del Congreso aprobase el jueves en primera instancia la discutida ley para su envío al Senado —donde la mayoría del PP prevé retrasar los trámites dos meses más—, esos cálculos han sido desbaratados.

La convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña ha obligado al Gobierno a renunciar a unos nuevos Presupuestos, con lo que tendrá que prorrogar los actuales. El horizonte de la legislatura queda a merced de la correlación de fuerzas que salga de las urnas catalanas el 12 de mayo, sobre todo en lo que respecta a las dos formaciones independentistas de las que depende la base parlamentaria del Gabinete de Pedro Sánchez.

La recta final de la tramitación parlamentaria de la ley ha estado muy marcada por el informe de la Comisión de Venecia, un organismo consultivo al que el Senado había recurrido como parte de la estrategia del PP de intentar internacionalizar el rechazo a la amnistía. El documento final de la Comisión fue aprobado este viernes y coincide en lo sustancial con el borrador difundido la semana pasada. El informe se ha quedado lejos de la condena al Gobierno que buscaba el PP y tampoco otorga esa incondicional carta blanca absoluta al proyecto que cuenta el Ejecutivo. Su mayor virtud es que, fuera del encanallado clima político español, contribuye a serenar el debate. Deja claro que las amnistías son un instrumento empleado en la práctica totalidad de países democráticos, casi siempre para cerrar heridas tras algún enconado conflicto político. Y a la vez plantea críticas razonables al modo en que se ha tramitado en España, por vía de urgencia, sin consultas a organismos externos y con gran división política y social, al aprobarse sin mayorías cualificadas. La ponderada intervención del organismo europeo se ha hecho notar en el discurso del PP. Aquellas proclamas hiperbólicas sobre la muerte de la Constitución y del propio sistema democrático y aquel discurso esencialista contra la amnistía se han quedado vacíos de sentido —no se viola la separación de poderes, insiste la Comisión, que critica cuestiones procedimentales— y han obligado a moderar ostensiblemente las intervenciones de los populares, como se comprobó en el alegato de su líder, Alberto Núñez Feijóo, durante el debate en el pleno del Congreso.

Después de tres meses de trámite, sin embargo, sigue echándose en falta, en unos y otros, una discusión con mayor profundidad. Nadie espera del Parlamento sofisticaciones propias de una academia de jurisprudencia, aunque sí al menos una cierta sustancia más allá de argumentarios de partido y frases de efecto. La derecha afirma que la amnistía es inconstitucional como si fuese una verdad autoevidente que no necesita justificación. Del mismo modo que los socialistas han pasado de sostener que no cabía en la Constitución a defender que se ajusta plenamente a ella sin molestarse en ofrecer algo parecido a una razón técnica.

Los partidos del Gobierno defienden que la aprobación de la amnistía “cierra un ciclo”. En parte es cierto y en parte queda desmentido cuando los independentistas anunciaron, de inmediato, que su próxima batalla será el referéndum de autodeterminación. Aunque tampoco se debe dramatizar con esto último. No se trata de exigir a los independentistas que dejen de serlo, sino de que no vuelvan a imponer sus demandas vulnerando la ley y rompiendo la convivencia.