La pobreza de los menores

España sufre un problema de pobreza infantil que —­pese a la eficacia del escudo social con el que se hizo frente a la pandemia— se ha ido cronificando hasta arrojar indicadores impropios para una economía de su tamaño. El 28,9% de los menores de 18 años se encontraba en 2023 en riesgo de pobreza, según los últimos datos del INE. Es la tasa más alta de la UE. Uno de los factores que explica esa situación es la subida de los tipos de interés, clave a la hora de calcular precios y alquileres, que se ha cebado en los últimos tiempos con los más vulnerables.

Cada vez más, de hecho, el coste de la vivienda se está convirtiendo en un factor de aumento de la pobreza infantil y de la desigualdad. Si se tuvieran en cuenta los ingresos que le quedan a una familia después de hacer frente a los gastos de alquiler o hipoteca, 780.000 menores más caerían en ese riesgo, elevando la cifra hasta los tres millones de niños y adolescentes, según un reciente informe de Unicef España. Muchas madres y padres se ven abocados en su día a día a elegir entre pagar la renta de sus casas, encender la calefacción o mejorar la alimentación de sus hijos. Más de 550.000 niños y adolescentes no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, el dato más alto desde 2008.

Los hogares en los que viven menores, y en especial las familias monoparentales, con mujeres como responsables en su gran mayoría, registran además tasas de pobreza notablemente más altas que aquellos compuestos solo por adultos. Vivir en una casa precaria, inadecuada o hacinados afecta a la salud física y mental de los menores y a su educación, además de recortar sus expectativas de futuro, incrementando tanto el riesgo de exclusión social como una transmisión de padres a hijos de las carencias materiales.

España es uno de los países cuyo sistema fiscal menos redistribuye de la Unión y es uno de los que menos invierte en políticas de infancia y familia en relación con su PIB, un ámbito de protección social que la Comisión ha reclamado reiteradamente que debe mejorar. Sobre la mesa está la posibilidad de poner en marcha una prestación universal de crianza, como existe en 20 de los 27 miembros de la UE. Además, el Gobierno aprobó hace dos años un plan con el horizonte de 2030 para aplicar la garantía infantil, un programa europeo de lucha contra la exclusión social de los menores. Su ambicioso objetivo es sacar hasta entonces a más de 700.000 niños del riesgo de exclusión social. Pocas políticas pueden tener mayor relevancia para mejorar nuestro presente y nuestro futuro.